Los campesinos le pusieron el pecho a la crisis para mantener la seguridad alimentaria

Trabajar y vivir en el campo colombiano es un desafío al que se enfrentan miles de personas. Desde hace varias décadas, los campesinos han emprendido una batalla por la dignificación de su gremio y por hacer valer sus derechos que, a su juicio, han sido vulnerados por factores como la desigualdad y la violencia.

La crisis por la llegada de la covid-19 sumó para ellos una nueva lucha y dejó en evidencia, aún más, las precariedades con las que día tras día siembran y cosechan para garantizar la seguridad alimentaria de millones de colombianos. La movilidad y la baja comercialización de sus productos han sido dos de los flagelos que más los ha golpeado durante la pandemia, así lo explica Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

“Contra todo pronóstico, afrontando mayores limitaciones de movilidad y de mercados; el campesinado no paró y siguió produciendo los alimentos. Por eso no hubo desabastecimiento. Lo que sí se incrementaron fueron las pérdidas del sector porque, en principio, hubo muchas restricciones de movilidad para llegar a los mercados, debido a la descoordinación entre las decisiones nacionales, las de cada uno de los departamentos y municipios y las de las ciudades, donde están las principales centrales de abastos o plazas de mercado”, indicó.

A esto, dice Jiménez, se le agregó la pérdida de algunos nichos de mercado, como los puntos de venta sobre las vías y los consumos en hoteles y restaurantes, que prácticamente desaparecieron en varias regiones porque el sector turismo detuvo sus actividades.

“Como si lo anterior fuese poco, hubo productos, como papa, plátano, yuca, ñame, mora, verduras, peras, duraznos y otros, cuyo precio se derrumbó. En unos casos por sobreoferta; en otros, por excesiva importación de productos autorizada por el Gobierno, y en algunos por la combinación de los dos fenómenos”, señaló el representante del gremio campesino.

Ahora bien, en términos de rentabilidad, la situación se vio agravada por la especulación en los precios de los insumos, que registraron alzas superiores a 35 por ciento y que, según Jiménez, el Gobierno no controló, “pues se limitó al sistema de libertad vigilada de precios, que es completamente ineficiente, ya que, en últimas, son los fabricantes, importadores y distribuidores quienes fijan los precios, sin que el Gobierno ejerza alguna regulación”.

Los desafíos

Jiménez asegura que durante 2020 y lo que va de 2021 ha calado el abandono del Estado hacia los derechos de su gremio. “Las ayudas gubernamentales anunciadas en pandemia no llegaron todas ni a todos los campesinos. Es evidente que programas como el pago de la prima de servicios a mitad del año 2020 se anunció para los campesinos, pero en realidad su diseño no era para ellos, porque el campesino no es empleado, sino trabajador por cuenta propia. En consecuencia, los beneficiarios reales fueron empresas o grandes productores que manejan algunos trabajadores formales con derecho a la prima”, denunció.

De acuerdo con el agricultor, para lograr crecimiento y sostenibilidad en el conjunto de la economía campesina se requiere su fomento y apoyo estatal en aspectos como: la extensión agropecuaria; el acceso a créditos; el desarrollo del programa de compras públicas de alimentos de manera directa entre los entes del Estado y los campesinos o sus asociaciones, no mediante operadores o intermediarios, que debe comenzar con la elaboración ágil del registro de pequeños productores por parte de las secretarías de Agricultura de los departamentos.

Precisamente, desde el Ministerio de Agricultura, el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, explicó que la gran estrategia por la que apuesta su cartera es el programa Agricultura por Contrato, con el que se busca eliminar los intermediarios, uniendo la cadena de productores primarios hasta el consumidor final. A la fecha, 130.000 campesinos han sido beneficiados, y esperan que durante 2021 se supere esta cifra.

Así mismo, señaló el desarrollo del Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas, en el que se contempla la aprobación de, por lo menos, 440 proyectos que fortalecerán los esquemas asociativos, fundamentalmente de mujeres y jóvenes rurales, uniéndolos a la comercialización de precios justos.

El funcionario resaltó, además, el crecimiento de la exportación de algunos productos tradicionales, como el café, las flores y el banano, durante 2020. “Tuvimos una cifra histórica. Superamos los 7.800 millones de dólares (…), destacamos el crecimiento que ha tenido el aguacate Hass, por encima del 2,8 por ciento. La última noticia es la admisibilidad de este producto en Corea del Sur, gracias a la visita del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea”.

La ganadería avanza

En la misma línea, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) destacó importantes logros en el sector de la ganadería, que empezarán a ejecutarse en marzo de 2021. “Colombia comenzará a exportar carne al estilo de los países de primer nivel en estas transacciones en el mundo: con el debido sello de calidad que lo califica como producto de selecta calidad y de confianza al exigente consumidor global”.

Chile será el primer destino que recibirá el producto con sello Colombian Beef–Grass Fed– CO, distintivo que, a partir de la fecha, portarán sus subproductos cárnicos en los mercados internacionales como identificación propia de un proceso de producción totalmente inocuo, que refleja el manejo de buenas prácticas ganaderas basadas en el estricto respeto del bienestar animal, pero también de la sanidad, del medioambiente y de su respectiva cadena del frío.

La agenda de internacionalización de la carne colombiana está proyectada para 2021 en China, Argelia, Hong Kong, Singapur, Indonesia y Argentina. En el periodo 2022-2023: Kuwait, Bahréin, Malasia, Canadá, Unión Europea, Filipinas y Estados Unidos. Y después de 2023: Corea del Sur y Japón, aseguró Fedegán.

De otro lado, el viceministro Restrepo reconoció algunas dificultades que se mantienen en el ramo agro, como la necesidad de que la siembra concuerde con el consumo y la demanda. –tal es el caso del arroz–, y la dificultad de comercializar algunos productos por la inhabilidad del canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), que aún no está abierto al ciento por ciento.

No obstante, festejó que aún siguen funcionando las líneas de créditos y se acaban de aprobar 1,5 billones de pesos para pequeños y medianos agroproductores. “También celebramos tener una política para las compras públicas, en la que los pequeños productores tendrán preferencia en todas las obras públicas que hagan el Estado y los entes territoriales”. Para lo que resta de año, indicó que trabajarán de manera mancomunada con entidades como el ICA, la Polfa –para prevenir el contrabando– y otros entes de control.