Mejor que nos bajen la calificación a que crezca insatisfacción popular, dice experto en tributarias

La reforma tributaria sigue generando polémica en el país. Aunque se trata de un proyecto bien intencionado, que busca enfrentar el agudo problema fiscal que ha provocado la prolongada pandemia y ayudar a las familias más pobres del país a superar el desplome de sus ingresos, lo cierto es que las voces en contra crecen en medio de la polarización y la puja política que está dejando a un lado los argumentos técnicos para dar paso a los discursos populistas.

Una de las voces más autorizadas en el tema tributario es la de Javier Hoyos Arboleda, experto en temas legislativos y quien ha sido uno de los expertos más juiciosos en revisar con detalle el proyecto radicado por el gobierno bajo el nombre de ley de Solidaridad sostenible.

Después de analizar los temas económico, político y social que incorpora la ambiciosa reforma propuesta por el ministro Alberto Carrasquilla y su equipo, el diagnóstico de Hoyos es bastante ácido: cree que es preferible enfrentar un recorte en la nota de las calificadoras de riesgo, que provocar un mayor empobrecimiento de la población colombiana y generar nuevas condiciones para que crezca el descontento popular.

Aunque Hoyos Arboleda reconoce que en lo económico “no cabe duda de que se requieren nuevos recursos pues el déficit y el endeudamiento están fuera de lo normal; en lo social son muchas las necesidades y es necesario disminuir la pobreza y la desigualdad”.

Además, considera que en lo político “hay muchas medidas que generan resistencia, que pueden ser usados de manera populista en medio de un debate electoral”.

Por esa razón se pregunta hasta dónde puede resultar mejor para el país “aceptar una reducción de las firmas calificadoras de riesgo frente, a la insatisfacción popular por un mayor empobrecimiento de la gente y que puede conducir a un mayor descontento con el sistema de gobierno”.

Como se sabe, una de las mayores preocupaciones de empresarios y gobierno es que ocurra una baja en la calificación soberana de las calificadoras internacionales, pues esto traería graves consecuencias: generaría desconfianza en la capacidad de endeudamiento y de pago y elevaría las tasas de interés. Esto es particularmente grave para el gobierno, que debe acudir al endeudamiento para financiar sus principales necesidades. Y ni qué decir del impacto que tendría entre las empresas del país, que enfrentarían aumentos importantes en las tasas de interés. Por eso el gobierno ha insistido en desarrollar un proyecto que permita atender las necesidades sociales pero al mismo tiempo, que les garantice a las calificadoras que el país está dispuesto a honrar sus deudas.

Hoyos reconoce esta situación, pero insiste en que actual momento “es difícil y complejo por el deterioro de los ingresos de la población colombiana”. Por eso insiste en que las calificadoras de riesgo internacionales “no pueden evaluar los países con los mismos parámetros de una situación normal y otra con pandemia”.

Y si bien reconoce que para los ciudadanos nunca es un buen momento para hacer reformas de impuestos, cree que en este caso esa sentencia aplica más que nunca, pues con una pandemia que todavía no se ha podido controlar y una recuperación todavía en ciernes, el momento es poco propicio.

Pero, ¿cuáles son los principales cambios que observa este experto en el proyecto radicado por el gobierno? Aquí les contamos.

1. Para fomentar el empleo

a. Por los próximos 5 años y con salarios hasta 3 salarios mínimos mensuales, el Gobierno asumirá la seguridad social en salud, pensiones, parafiscales y no será obligatorio afiliarlos a las Cajas de Compensación siempre y cuando se contraten jóvenes, mujeres menores de 40 años, discapacitados, practicantes del Sena y próximos a jubilarse.

b. Se extiende el programa del PAEF hasta junio del 2021, pero demostrando que no se incrementaron los ingresos más del 10 %.

2. Educación y cultura

a. Matrícula gratis y subsidio de sostenimiento para personas clasificadas en pobreza o pobreza extrema.

b. A partir del 2024 la contribución parafiscal “Cuota de Desarrollo Cinematográfico” no podrá ser inferior a la suma recaudada en el 2019

3. Racionalización de gastos

a. En términos generales, los gastos no deben aumentar más allá del crecimiento de la inflación. Es decir, no habría aumento en términos reales.

b. El Presidente tendría facultades extraordinarias para suprimir o fusionar entidades

4. En materia de IVA

a. Se elimina la categoría de bienes exentos, solo permanecerán hasta diciembre los relacionados con equipo de transporte público o de carga, y a partir del 2022 sólo existirán como exentos los productos exportados.

b. Se trasladan varios productos de exentos a excluidos, por lo tanto, el producto final tendrá una tarifa de $ 0, pero no podrá recuperar el IVA en el proceso de producción, distribución o venta, tales como:

i. Bienes: carnes, pescado, productos lácteos, huevos, arroz; también, municiones, armas, y artículos para fuerzas armadas, libros y revistas, medicamentos, etc.

ii. Servicios: planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros de cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud, almacenamiento de productos agrícolas y transporte aéreo de pasajeros a sitios donde no exista transporte terrestre organizado.

c. Algunos productos gravados con el 5 % se elevan a tarifa del 19 %, por ejemplo: gasolina y ACPM, caucho, neumáticos, motores, computadores personales, dispositivos móviles, equipos para la construcción, ladrillos, maquinaria y equipos para sector agropecuario.

d. Algunos servicios excluidos quedarían gravados, tales como: servicios funerarios, comisiones de sociedades fiduciarias y corredores de bolsa; comisiones por tarjetas de crédito y débito, publicidad en medios de comunicación, servicios postales y de mensajería.

e. Quedarían gravados los servicios públicos de energía, gas y acueducto y alcantarillado para estratos 4, 5 y 6, comerciales e industriales, ya que solo se excluyen para estratos 1, 2 y 3.

f. La devolución del IVA de los bienes de capital sería descontable del IVA y no del impuesto de Renta.

g. Se establecen tres días sin IVA por año de manera permanente.

h. Se mantiene la tarifa general del 19 %, y la tarifa del 5 %, adicionando paneles solares, maquinaria y equipo para reducir emisiones de gases efecto invernadero, y algunas bicicletas

5. En materia de Renta

a. Para personas naturales

i. Un mayor número de personas tendrán que declarar y tributar.

ii. Se eliminan los beneficios a los aportes voluntarios de pensión y ahorro al fomento para la construcción AFC.

iii. Se establece como tope máximo de deducción para personas naturales el 25 % de los ingresos y sin que exceda de 3800 UVT ($ 138 millones anuales) como tope máximo.

iv. Las pensiones superiores a $ 4,8 millones serán gravadas. Anotamos que, en su presentación, el Ministro de Hacienda habló de pensiones superiores a $ 7 millones.

v. Se eleva la tarifa de renta máxima del 39 % al 41 %.

vi. Se amplía la parte exenta de dividendos hasta $ 29.000.000, tendría una tarifa del 0 %, y para dividendos superiores, la tarifa se eleva del 10 % al 15 %.

vii. Crean un estímulo para las personas naturales que demuestren pagos en factura electrónica para combatir evasión.

viii. Se crea el impuesto al patrimonio por dos años. Los primeros $ 5.000 millones tendrán tarifa 0 %, de $ 5000 a $ 15.000 millones pagarán el 1 %, y a partir de $ 15.000 millones en adelante, el excedente pagará el 2%.

ix. Se crea solamente por el 2022 el impuesto de normalización tributaria con tarifa del 17 %.

x. Se establece un impuesto solidario para trabajadores del sector público y privado que devenguen más de $ 10.000.000 (salarios, honorarios o pensiones). Sin embargo, no es claro si son individuales o acumulativos por cuanto señala que también se sumarán los ingresos por dividendos, por arrendamientos, por rendimientos financieros, etc. Lo pagado en ese impuesto sería descontable de la Renta para los años siguientes.

b. Personas Jurídicas

i. Se establece una tarifa del 24 % para renta líquida gravable anual hasta $ 500 millones, y tarifa marginal a partir de $ 500 millones del 30 %

ii. Para los años 2022 y 2023 habría una sobretasa de 3%; la tarifa sería en unos casos, del 27 % y en otros del 33 %.

iii. El presidente tendría facultades para modificar o establecer tarifas de retención en la fuente.

6. Impuestos verdes

a. Se elevan los impuestos al carbono y serían deducibles de la renta

b. Se reemplaza el actual impuesto local a los vehículos por uno que involucre, no sólo, el valor comercial sino también su contaminación.

c. Creación de Impuesto a los plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.

d. Creación de impuesto a los plaguicidas del 8 %.