Ministro de Hacienda de Gustavo Petro confirma que habrá impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados

Sigue el debate en Colombia por cuenta de los impuestos que llegarán con el nuevo gobierno, que desde ya alista una reforma tributaria que promete ser ambiciosa y recaudar cerca de 50 billones de pesos, tal y como lo anunció el presidente electo Gustavo Petro durante su campaña.

Si bien la reforma tributaria se encuentra en estructuración, con el paso de los días han venido sonando temas como el aumento de la base gravable, el endurecimiento de sanciones a los evasores de impuestos y la eliminación de los días sin IVA en el país. Todo esto mantiene a Colombia a la expectativa.

Uno de los temas más polémicos en medio de este debate será el futuro de los impuestos durante los próximos cuatro años, los cuales –según Gustavo Petro– se usarán para financiar los programas sociales.

Así las cosas, el de las bebidas azucaradas sería el primero, puesto que mientras unos sectores dicen que es importante para cuidar la salud, otros advierten que podría subir aún más la ya disparada inflación.

No obstante, este jueves (21 de julio) el ministro de Hacienda entrante, José Antonio Ocampo, confirmó que estos productos sí serán gravados con la próxima reforma, al igual que los alimentos ultraprocesados. Estas declaraciones las dio previo a la reunión de empalme con los delegados del gobierno saliente.

“El de bebidas azucaradas sí y también a los alimentos ultraprocesados”, dijo Ocampo al ser consultado sobre si se incluirán estos dos tributos. Así mismo, cuando se le preguntó por detalles sobre los mismos, indicó que “este tema apenas lo estamos revisando”.

Este mismo debate estuvo en el centro de la agenda la semana pasada, luego de que Carolina Corcho, próxima ministra de Salud, planteó en el retiro programático del Pacto Histórico colocarles un nuevo tributo a las bebidas azucaradas, las cuales han sido consideradas perjudiciales para el bienestar de las personas.

“Los impuestos a las bebidas azucaradas, además de tener impactos favorables en la salud pública porque desincentivan el consumo de gaseosas y reducen las enfermedades crónicas no transmisibles, podrían ser una opción de recaudo para el sistema de salud colombiano”, precisó Corcho en aquel momento.

Sin embargo, el nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, manifestó el lunes pasado que este impuesto no iría en la administración del nuevo jefe de Estado. Asimismo, explicó que no se implementará debido a que tocan el bolsillo de miles de colombianos.

“Esto podría impactar en el usuario más pobre, y va dificultar a que millones de colombianos que hoy están desconectados accedan a tecnologías, por eso no van”, señaló inicialmente.

Luego, añadió: “Vamos a discutir las posibilidades que están sobre la mesa, siempre teniendo en cuenta que a la persona de la clase trabajadora no deba cobrársele un peso más en impuestos”.

Pese a que parece que no todo está claro aún en lo que respecta a los impuestos que vendrán con la próxima reforma tributaria, lo cierto es que la misma promete meterle la mano al bolsillo a muchos colombianos, especialmente aquellos con ingresos altos.

No obstante, según Reyes, la intención del nuevo Gobierno es afectar lo menos posible a las clases media y baja del país, razón por la cual se descartó recientemente el impuesto a planes de telefonía celular superiores a los 38 mil pesos.

Cabe recordar que Reyes detalló recientemente la población a la que se le apuntará con los nuevos impuestos. Asimismo, aseguró en conversación con SEMANA que los colombianos que tengan un ingreso menor a los diez millones de pesos no deberán pagar de más.

“Aquellos que tienen ingresos de más de diez millones de pesos tendrán que pagar más impuestos. Las responsabilidades son proporcionales al nivel de ingreso y patrimonio de cada uno de ellos”, precisó el economista.

El funcionario también aseguró en este medio que la carga más pesada recaería sobre la fracción más favorecida, quienes “a causa de la evasión” no tributan lo que deberían. En este sentido, los evasores tendrán castigos más fuertes, que en casos de gran escala podría repercutir en penas de cárcel.