Misión de Empleo raja la protección social que se aplica en Colombia

Un crudo diagnóstico hizo el economista mexicano Santiago Levy, quien lideró, desde el ámbito internacional, la Misión del Empleo que entregó este miércoles su informe.

La sensación que queda, luego de la intervención del experto, es que todo lo que hay hoy funciona mal, lo que no quiere decir que en el país no se hayan realizado esfuerzos para cambiar el panorama nefasto del mercado laboral, caracterizado por la informalidad, el alto desempleo, la dificultad que tienen los colombianos para acceder a una protección en la vejez, para mencionar solo unas cuantas debilidades.

El salario mínimo indexado solo a la inflación es uno de los caminos planteados por Levy para salir del atolladero de la informalidad, pues entre más se incremente, más desincentivo genera en las cotizaciones a pensiones y salud.

Las cesantías deben retomar su objetivo original: proteger al trabajador cuando queda cesante, pues, en la actualidad, el 66 % de ellas se utiliza para otros temas que nada tienen que ver con el fin para el cual fueron creadas.

Pero un tema bien álgido que pusieron sobre el tapete los expertos, principalmente Levy, quien fue el encargado de presentar las conclusiones del informe, es la dificultad de los colombianos para lograr un aseguramiento en la vejez. Según expuso Levy, con la forma en la que está previsto el modelo pensional, las personas necesitarían 54 años para lograr una pensión, teniendo en cuenta que el 46 % del tiempo, los trabajadores permanecen en la informalidad laboral.

Mucha norma que hace bulla, pero nada funcional

En Colombia, los intentos por reformar el mercado laboral, del cual dependen temas cruciales como el ingreso, el bienestar del trabajador, el aseguramiento para la vejez, no ha faltado. Por el contrario. Entre 1991 y 2019 se han realizado 93 reformas al marco jurídico laboral, contando con leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional (intervención de los tres poderes). Sin embargo, el país tiene una clara deficiencia en la protección social de los trabajadores. Por ejemplo, se separan los derechos de los empleados dependientes con los que laboran por prestación de servicio o por cuenta propia.

Se desperdicia la mano de obra femenina

De acuerdo con lo señalado por Santiago Levy, en Colombia, las mujeres tienen más años de preparación, por lo que es inaudito que sean las más afectadas por el desempleo: “solo el 53 % participa en el mercado laboral, en comparación con el 74 % de los hombres”, dice el informe.

Levy catalogó el hecho como un desperdicio de la mano de obra calificada, teniendo en cuenta que el desempleo femenino supera el 13 %, versus 8 % para los hombres.

Ojo con los incentivos creados en pandemia

Dentro de las observaciones presentadas por la Misión del Empleo al Gobierno nacional, está la de no mantener de forma permanente los incentivos creados como respuesta a la crisis sanitaria por pandemia para defender el empleo. Aún si fueran posibles de financiar, deben salir del escenario “cuando esta sea plenamente superada”. Principalmente, porque “la atención se debe centrar en reformar lo que no funciona. Antes de la pandemia, la necesidad de hacerlo era clara; la pandemia solo le agrega urgencia a esa necesidad”.

Subsidios no deben sustituir la generación de empleo

Algo que en reiteradas ocasiones se ha mencionado en el país vuelve a ser tocado por los expertos de la Misión y llega justamente en un momento en el que el populismo pulula, de cara a un debate por la presidencia de la República. “Las transferencias de ingresos para diferentes grupos de población, sin duda, son parte de un sistema de protección social eficaz, pero no deben ni pueden ser sustitutos de un mercado laboral funcional”.

La funcionalidad del mercado laboral, es decir, que el ciudadano tenga un empleo digno, es lo que le da independencia, tanto en lo material como en el pensamiento. En muchas ocasiones, los subsidios son un mecanismo de dominación que no deja libre a la persona, por ejemplo, para elegir en las urnas.