Morosidad en el pago de las pensiones escolares llega al 25%, ¿crisis en la educación privada?

La situación financiera de los colegios privados en Colombia es cada vez más compleja. El incumplimiento en el pago de pensiones escolares, que se ha mantenido en niveles altos desde la pandemia, refleja las dificultades que enfrentan las familias para cubrir este gasto en medio de una economía afectada por la inflación, el desempleo y la inestabilidad general. Para estas instituciones educativas, la falta de pago no es solo un desafío administrativo, sino que compromete la estabilidad operativa y la calidad de los programas académicos que ofrecen a sus estudiantes.

En el contexto de la crisis sanitaria de 2020, el índice de morosidad llegó a un máximo de 30%. Aunque el país ha mostrado señales de recuperación entre 2022 y 2024, el porcentaje de incumplimiento sigue siendo alarmante, afectando la capacidad de los colegios para sostener su operación. Según Patricia Badillo, de UPAGO, plataforma facilitadora de pagos, el impacto de la crisis se percibe de forma desigual en distintas regiones y sectores de la educación privada, donde aún hay familias que, pese a sus esfuerzos, no logran ponerse al día.

Luz Danis Reyes, rectora del colegio Boston y presidenta de la Asociación de Colegios Cristianos de Colombia, explica que, antes de la pandemia, el incumplimiento era manejable y los casos específicos de morosidad se atendían con flexibilidad en los pagos. Sin embargo, la pandemia marcó un punto de inflexión. La caída en los ingresos de muchas familias, sumada a las constantes alzas en el costo de vida, transformaron la morosidad en un obstáculo mayor. “La crisis nos llevó a redoblar esfuerzos para mantener la calidad educativa y la estabilidad operativa, mientras los padres hacían lo posible por reorganizar sus prioridades para no tener que comprometer la educación de sus hijos”, cuenta Reyes.

Pero a pesar de estos esfuerzos, la morosidad ha puesto en riesgo la continuidad de muchos colegios. “En nuestro caso, hemos podido sortear la situación, pero otros colegios no han corrido con la misma suerte; algunos se han visto obligados a cerrar sus puertas”, advierte Reyes. Este contexto afecta no solo a las familias, sino también a las comunidades educativas, que ven cómo sus proyectos de expansión y mejora se postergan indefinidamente.

Luis Fernando Reina, economista de la Universidad Manuela Beltrán, asegura que la inflación y el desempleo siguen siendo los principales factores que impulsan la morosidad en el pago de pensiones. En un contexto donde los ingresos familiares apenas alcanzan para cubrir arriendo, alimentación y servicios básicos, las familias se ven forzadas a posponer el pago de las pensiones escolares, lo que debilita la estabilidad financiera de los colegios. “Cada incumplimiento en el pago obliga a los colegios a hacer recortes en personal, en mantenimiento de instalaciones e incluso en la oferta académica, lo que impacta directamente en la calidad de la educación que reciben los estudiantes”, comenta Reina.

René Aponte, también economista de la Universidad Manuela Beltrán, añade que en muchos casos los padres recurren a endeudarse con créditos de consumo o tarjetas para intentar cumplir con el pago de pensiones. No obstante, las tasas de interés en estas alternativas son tan elevadas que terminan empeorando la situación financiera de las familias y aumentando el riesgo de morosidad. “Esto no solo es un problema económico para las familias, sino que afecta el bienestar de toda la comunidad escolar. Cuando el colegio no recibe los pagos necesarios, debe reducir su inversión en docentes y en infraestructura, lo que compromete la calidad del entorno educativo”, explica Aponte.

El panorama de los colegios privados en Colombia es incierto, y los desafíos que enfrentan las familias y las instituciones educativas son cada vez mayores.

La morosidad en el pago de pensiones no es solo una dificultad financiera; representa una crisis estructural que afecta a todas las partes involucradas. Sin soluciones de apoyo, y mientras la situación económica siga presionando a los hogares colombianos, el futuro de la educación privada en el país corre el riesgo de volverse un privilegio, en lugar de una opción accesible para las familias que buscan una mejor educación para sus hijos.