Nóminas paralelas, la pesadilla sin fin de la que quiere salir el nuevo gobierno, ¿lo logrará?

Por décadas, en Colombia se ha hablado de un combate a las nóminas paralelas, figura de contratación laboral que ahora está en boga porque el presidente Gustavo Petro dio la orden de desmantelarla. Esto llevó al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, a realizar pesquisas. Halló un abultado gasto en contratos de prestación de servicio –con casos de personas que tienen varios– y cargos en los que hay dos trabajadores para una sola función.

El Estado, en teoría, crece poco en burocracia. La cifra actual, suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es de 1.318.729 servidores públicos y en 2010 era de 1.013.713. Más de la mitad de la planta de personal estatal (55 por ciento) son maestros y miembros de la fuerza pública. Pero la realidad es que el sector público contrata mucho por fuera de la nómina oficial.

Un reciente proyecto de ley radicado por el senador David Luna cita la relación desproporcionada entre el incremento de los empleados de planta frente a los contratistas. “En 2020 se vincularon 112.428 contratistas y solo 7.665 empleados de planta. Es decir, una relación de 1 a 15”, dice el parlamentario en la exposición de motivos de la propuesta. Pero si oficialmente la planta de personal estatal no crece, el gasto sí sube como espuma. Para 2022 se destinaron 40,1 billones para pagar la burocracia, y en el proyecto de presupuesto de 2023 que está en trámite se asignó una partida de 44,1 billones, lo que implica un incremento anual de 9,9 por ciento.

Y eso que, en el presupuesto de la Nación, la destinación de recursos para el pago de la nómina no solo proviene del rubro de funcionamiento, sino también de la asignación a la inversión, que es el pedazo más pequeño en la torta de las finanzas públicas: 62,7 billones de pesos en 2023, frente a 250,6 billones para funcionamiento.

Esta semana, el director del Dapre entregó evidencia a la Fiscalía General de un presunto gasto en nóminas paralelas, por 4,5 billones de pesos, realizado entre 2021 y 2022, pero la entidad le respondió que ese asunto debe ser revisado primero por la Contraloría, que en caso de encontrar irregularidades, compulsará copias al ente acusador.

Tiene todos los males

En Colombia ha sido reiterativo el abuso de la figura de contratación por prestación de servicios, que sirve para hacer selección a dedo y sin meritocracia, como lo muestran estadísticas de la rama ejecutiva del orden nacional. Hay 910.717 servidores en dicha rama, la mayoría de los cuales son docentes y fuerzas militares, y en las oficinas hay 171.644, de los cuales solo 97.802 son de carrera administrativa (que se supone que entraron por concurso de méritos), según el proyecto de ley de Luna. Las vinculaciones laborales por prestación de servicios son legales y el Estado las requiere, pero incluyen varios males. Por un lado, se prestan para el clientelismo, como contraprestación del apoyo brindado a las maquinarias políticas en elecciones.

Por otro, en muchos casos, puede llevar a una precarización laboral, pues se trata de relaciones temporales que se renuevan cada seis meses o un año y continúan perpetuándose por largos periodos, lo que evidencia que no son labores pasajeras, sino misionales. También se prestan para que una sola persona acapare hasta diez contratos, según lo ha revelado Lizcano, sin contar con la corrupción, pues han surgido denuncias según las cuales el trabajador aporta su fuerza laboral y quien lo contrata se queda con parte de su remuneración.

Cambiar esa realidad ha sido la intención de muchos mandatarios. En 2009, por ejemplo, la Corte Constitucional puso el dedo en la llaga de esas disfuncionalidades en la vinculación laboral con el Estado. Calificó como una burla a los derechos de los trabajadores cuando son contratados por órdenes de prestación de servicios para realizar labores permanentes. El alto tribunal profirió así la sentencia C-614, en la que conminó a la Contraloría y a la Procuraduría a adelantar estudios completos sobre contratación pública por prestación de servicios, en busca de “impedir la aplicación abusiva de figuras constitucionalmente válidas”. Un camino similar parece ser el que ahora pretende seguir el Gobierno de Petro.

Como si fuera ayer

En 2012, el entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo, presentó un informe en el que mostró que, en el nivel central, por cada 100 trabajadores de planta había 132 por prestación de servicios.

Diez años después, al ser consultado sobre la dificultad para domar el potro de la nómina paralela en el sector público, Pardo dijo que el tema requiere mucha plata. “Es muy costoso cambiarlo”, y puso como ejemplo que una contraprestación económica de un millón de pesos en un contrato de prestación de servicios sube a por lo menos 1,5 millones cuando el empleador asume toda la seguridad social.

Según los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, entre enero y mayo de 2022 había 1,04 millones de trabajadores por contrato de prestación de servicios (incluidos sector público y privado, con la salvedad de que la mayor parte se concentra en las entidades oficiales). El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, en una investigación reciente, halló que las actividades de administración pública y de defensa son las que más usan este tipo de vinculación laboral, con 20,9 por ciento del total. Les siguen las actividades de atención de la salud humana, con 12,29 por ciento, algo que se evidenció en la crisis sanitaria, en la que muchos médicos y enfermeras le estaban poniendo el pecho a la pandemia con contratos precarios. En el top 5 de los que más contratan por prestación de servicios sigue la educación, con 7,95 por ciento; las actividades jurídicas y de contabilidad, con 6,94 por ciento, y el comercio al por menor, con 4,64 por ciento.

De acuerdo con declaraciones entregadas por Lizcano, la lupa en las nóminas paralelas está encaminada en hacer un real ajuste en el gasto público, eliminando ‘corbatas’, como se le llama a un puesto por pago de favores políticos, sin que la persona realice labor alguna que aporte a la misión de la entidad. Suprimirán duplicidades de cargos para hacer una sola labor y reducirán asesores de asesores con asistentes y subasistentes.

La tarea no suena fácil. La revisión tendrá que pasar por analizar los costos de nóminas de planta, dentro de las cuales las que son pagadas con recursos del presupuesto incluyen “498.082 cargos del sector de defensa y policía, que demandan 21,6 billones. En la rama judicial, 33.465 cargos de planta permanente cuestan 5,2 billones de pesos. En el sector Fiscalía existen 26.365 cargos de planta que requieren 4,3 billones. En el sector Justicia se registra un total de 21.743 cargos por 1,6 billones de pesos, en donde sobresale el Inpec, con 18.595 cargos y una asignación de 1,3 billones”, según datos del Ministerio de Hacienda.

Queda así el interrogante de si esta vez se podrá ajustar el gasto público en personal, desmantelar la burocracia innecesaria y ordenar el mercado laboral.