OCDE

Ocde destapó su evaluación de la economía colombiana y propone nueva reforma tributaria

El informe específico de nuestro país se presenta este jueves en París, con la asistencia del presidente Iván Duque. Economía crecería 5,5 % en 2022 para bajar a 3,1 % en 2023.

10 de febrero de 2022
Lo bueno y lo malo de la reforma tributaria se discutirá este martes 2 de noviembre a las 10 a.m.
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En un extenso informe de 145 páginas, que se está presentando en París, frente al presidente Iván Duque, la Ocde hizo una evaluación profunda de la economía colombiana, de la corrupción, del manejo de la pandemia y, además, hace un paquete de sugerencias de lo que estima debe ser la senda que siga el país para poder lograr que se enderece el barco. En esas está una reforma tributaria y, ojalá, una fuerte modificación al sistema pensional.

El documento, titulado Panorama económico de Colombia, es la foto que le toma al país el organismo al que entró esta nación en 2020 y que se caracteriza por ser un club de países con buenas prácticas.

Lo primero que establece la Ocde sobre Colombia es que, luego de superar los impactos de la crisis, en el tercer trimestre de 2021 el país empezó a acelerar, ritmo que llevará a que, en 2022, alcance un crecimiento económico de 5,5 % para luego llegar a 3,1 % en 2023.

“El consumo privado es el principal motor de la recuperación, a medida que va mejorando el empleo, aunque más lentamente que la actividad económica”, resaltó la Ocde.

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De igual manera, señaló que se ha avanzado considerablemente en la distribución de vacunas, pero la cobertura es inferior a la de otros países de la región.

Agregó que la fortaleza de los precios de las materias primas (como el petróleo) y la mejora de las perspectivas de los principales socios comerciales seguirán apuntalando la demanda externa para las exportaciones colombianas.

Varias aristas hay en el horizonte de la economía y la sociedad colombiana que deben mejorar, pero lograrlo, dependerá de decisiones que no serán tan populares.

Es el caso de una reforma tributaria, sin contar con la sugerencia de una revisión del sistema pensional, del cual, según la Ocde, está fragmentado sin que esté sirviendo para proteger a la población en la vejez. Este último es el tema al que no muchos se le miden. De hecho, van al menos tres periodos de gobierno que se han hecho los de la vista gorda con las pensiones.

De la tributaria

La necesidad de una nueva reforma tributaria para Colombia la sustenta la Ocde en el hecho de que “los ingresos fiscales, que se sitúan tan solo en el 20 % del PIB, no son suficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales y preservar la necesaria inversión pública en infraestructuras, educación y salud”.

De nuevo, el organismo insiste en la inequidad que caracteriza el sistema tributario colombiano, puesto que tan solo el 5 % de los colombianos paga el impuesto a la renta de las personas, lo cual constituye la principal explicación de esta baja recaudación tributaria.

Esos números lánguidos se tienen en un contexto de un alto gasto tributario en gabelas innecesarias, a lo que se le suma la alta evasión en el pago de impuestos, hecho que reduce significativamente los ingresos en todos los ámbitos fiscales.

Una vez más, la Ocde insiste en que los elevados impuestos a las sociedades reducen los incentivos a la inversión, sobre todo porque el sector empresarial financiará una parte de los programas sociales que están apoyando a la población vulnerable.

Mathias Cormann, secretario general de la Ocde
Mathias Cormann, secretario general de la Ocde (Photo by Sam Mooy/Getty Images) | Foto: Getty Images

Ojo a propuesta con la corrupción

La corrupción, desde la perspectiva de la Ocde, reduce la eficiencia del gasto público, genera un terreno de juego desigual y potencia las desigualdades. Colombia no cuenta con una ley específica de protección de denunciantes, a diferencia de la mayoría de los países de la organización.

Una de las propuestas concretas cae como anillo al dedo en esta época electoral, “continuar la lucha contra la corrupción por medio de una ley específica de protección de denunciantes y límites más estrictos a las contribuciones privadas a las campañas electorales”.