Ocho exdirectivos de Reficar, vinculados a proceso de responsabilidad fiscal por Contraloría

Dentro de los ocho exdirectivos que serán sujetos de juicio de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General, en el caso de Reficar (Refinería de Cartagena), como presuntos responsables, están tres expresidentes: Reyes Reynoso Yánez, Amaury De la Espriella y Adolfo Tomás Hernández (en calidad de encargado).

Así lo anunció este jueves el organismo de control, tras anunciar que abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal, esta vez en cuantía de $942.795 millones de pesos (Casi un billón de pesos).

Estos son los cargos

Los cargos que se analizan son daño al patrimonio público, debido a los gastos efectuados por la Refinería de Cartagena, los cuales estuvieron por fuera del periodo de inversión, tras haber sido llevados como asociados al proyecto de modernización de la planta, en el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2015, y de los años 2016, 2017 y 2018.

Reynoso Yánez fue presidente de Reficar entre 2012 y 2016; mientras que Tomás Hernández estuvo encargado en el puesto durante medio año, en 2016. Entre tanto, De la Espriella presidió la refinería entre diciembre de 2016 y septiembre de 2019.

Los vice financieros

También figuran en la lista de la Contraloría General, Carolina González Carrillo, quien fuera vicepresidenta financiera entre enero de 2014 y julio de 2016; Mauricio Ramírez, quien tuvo el mismo cargo de González Carrillo, pero bajo encargo; Jaime Eduardo Caballero, vicepresidente financiero e entre 2016 y 2017; Fernando Cordón López, ocupó el cargo entre noviembre de 2017 y septiembre de 2019.

Hay que recordar que las alarmas alrededor de Reficar se encendieron cuando se supo que la inversión en el proyecto, prevista inicialmente en 3.777 millones de dólares, terminó casi triplicada, en 8.016 millones de dólares.

Hacia el 2016 la investigación contra la empresa entró en todo su furor. La Contraloría, en ese momento, habló de sobrecostos por más de $5 billones, en los que se incluían facturas pagadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, demoras en el diseño y construcción de obras principales y secundarias, sobrecostos en materiales de construcción de la obra, entre otras.

A lo largo del proceso, varios de los implicados por la Contraloría, han salido a argumentar que US$3.777 millones, punto de partida sobre el proyecto, “no puede ser referencia para determinar lo que en realidad costaría construir la Refinería, pues el tiempo probó que el estimado de costo y tiempos eran errados y subestimados”.