¿Pagarían renta quienes no alcanzan a pensionarse y piden la devolución de los ahorros?

El artículo 63 de la reforma tributaria que se presentó en el Congreso de la República ya está dando de qué hablar, pero se prevé que su discusión sea aún mayor en el curso de los días. Sobre todo, por un parágrafo que les tocaría el bolsillo a miles de colombianos que tienen un ahorro pensional, pero que no les alcanza para obtener ese derecho de manera vitalicia y, por tanto, deciden retirar sus aportes.

Por un lado, este artículo de la iniciativa contiene la propuesta polémica según la cual pondrían a tributar a todos aquellos pensionados con ingresos de $7 millones o más. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, esto implicaría tocar a unos 28.000 jubilados, de un total de unos 2,5 millones que hay en el país.

En todo caso, las tarifas a pagar por impuesto de renta serían progresivas, lo que implica que si una persona gana más, pagará más.

De acuerdo con los cálculos de la cartera de Hacienda, esto pagarían quienes tienen mesadas de $92 millones o más al año:

• $92 millones pagarían $9.200 al año.
• $120 millones pagarían $4 millones al año.
• $150 millones pagarían $10 millones al año.
• $180 millones pagarían $17,4 millones al año.

• $200 millones pagarían $22,9 millones al año.
• $300 millones pagaría $53,4 millones al año.

La idea, eso sí, no ha estado ajena a las controversias. Más se demoró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en presentar los datos y plantear este cambio, que el Centro Democrático en pedir una modificación de la misma.

En un comunicado divulgado el pasado viernes, el partido que acompaña al Gobierno fue contundente: “En impuestos a las pensiones insistiremos en que solo se cobre a las subsidiadas de más de $14 millones mensuales”.

Esto cambia las cosas completamente. Por un lado, porque duplicaría el umbral que plantea el Gobierno y su equipo económico. Y, por el otro, porque señala que solo se aplicaría para mesadas subsidiadas, es decir, aquellas que aplican para el régimen público. Esto, si se aprobara en el Congreso, seguramente no pasaría el filtro de la Corte Constitucional, pues se estaría ante un caso similar al del impuesto solidario: salarios públicos gravados y los iguales en el sector privado no.

Una vez se conoció esta comunicación, el Gobierno comenzó a trabajar en otra propuesta en el caso de que, eventualmente, se le caiga su idea de gravar las jubilaciones de más de $7 millones.

¿Y la devolución de saldos?

La cuestión es que hay otro punto que promete levantar una polvareda. En el mismo artículo 63 se incluye que “el mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de pensiones o devoluciones de saldos de ahorro pensional”.

En plata blanca, esto implica que todo aquel colombiano que no alcance los requisitos para pensionarse, sea por edad o por el monto ahorrado, deberá declarar y pagar impuesto de renta de los recursos que Colpensiones o el fondo privado le devuelva por concepto de ahorro al final de su vida laboral.

El impacto no sería menor. De acuerdo con cálculos de Asofondos, gremio de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), 8 de cada 10 trabajadores no alcanzan a cumplir con los requisitos y, por ende, se les devuelven los recursos. Y en Colpensiones, agregan, las cifras son 9 de cada 10.

Así han evolucionado el número de devoluciones de saldos, tanto en el régimen de ahorro individual (RAIS) como en el de prima media (RPM):

• 2017
• 2018
• 2019

Se trata, pues, de más de 430.000 personas que han recibido los saldos ahorrados durante toda su vida laboral en los últimos tres años que se tienen consolidados. Año tras año las cifras aumentan, pero, en promedio, unos 145.000 ciudadanos son receptores de estos recursos de parte del Sistema General de Pensiones.

Pero no a todos les aplicaría el pago de impuesto de renta. Al igual que aquellos que sí se jubilaron, los que no lo lograron deberían tributar si los saldos devueltos superan las 1.600 UVT ($58 millones), descontando las rentas exentas.

En la práctica, esto llevaría a que quienes reciban $92 millones o más sean responsables de pagar el impuesto. Según técnicos del MinHacienda, las indemnizaciones sustitutivas de menos de $92 millones no tendrían impuesto alguno.

No obstante, expertos del sector aseguran que es poco claro si a esta cifra también se le aplicarían exenciones u otras depuraciones, lo que, en últimas, aplicaría para menos trabajadores.