Pese a fallo de Consejo de Estado, en el Ejecutivo dicen que entidades pueden seguir contratando con juntas de acción comunal

La decisión del Consejo de Estado, de suspender provisionalmente el marco normativo que habilita los convenios solidarios en la contratación pública y que fue duramente criticada por el presidente Gustavo Petro y por el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, no implica que las entidades no puedan seguir con este tipo de contratos.

Esa es la interpretación que le dieron al auto del alto tribunal, publicado el pasado 28 de mayo, en Planeación Nacional y en Colombia Compra eficiente, entidad que lleva las cuentas en esta materia. Los departamentos jurídicos de ambas entidades argumentan que la suspensión se basa en una demanda de 2022, derivada de un problema que se presentó en la redacción del proyecto de ley que habilitaba los convenios solidarios, el cual fue subsanado antes de que este se convirtiera en la Ley 2166 de 2021.

“Si bien el Gobierno Nacional es respetuoso de la decisión tomada por el Consejo de Estado, aunque no la comparte, considera importante realizar las siguientes precisiones a la opinión pública y entidades estatales: Los efectos de la citada decisión cobijan únicamente el contenido del artículo 2.2.15.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Conforme a lo anterior, no se extienden a las disposiciones legales en que se fundamentó la norma señalada, las cuales habilitan jurídicamente la celebración de Convenios Solidarios a nivel nacional y cuya aplicación no requiere de ningún tipo de reglamentación, en la medida en que el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 contiene la totalidad de los requisitos para su aplicación directa”, sostiene un comunicado del DNP y de Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, consideran que los entes del orden nacional, departamental, distrital y municipal siguen autorizados legalmente para celebrar convenios solidarios con organismos de acción comunal para la ejecución de obras de menor cuantía. No obstante, el viernes 7 de junio Planeación y Colombia Compra Eficiente presentaron un recurso de súplica ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, para exponer su punto sobre la validez del marco normativo que habilita los convenios solidarios en la contratación pública.

Tomaron esa decisión para aclararles a las entidades públicas que pueden seguir con esta modalidad de contratos, que justamente han sido una de las apuestas del actual gobierno.

El poder de las JAC

Las Juntas de Acción Comunal (JAC), son una de las apuestas del presidente Petro para temas como el Programa de Alimentación Escolar, PAE; el despliegue de la fibra óptica para el acceso a internet, la generación de energía y la vigilancia de los sistemas de salud, además de su tradicional participación en la construcción de vías rurales y veredales, mediante placas huellas.

La idea es que las JAC sean gestoras claves de la economía popular. Se estima que en el país hay unas 70.000 JAC, integradas por más de seis millones de personas.

Las cifras de Colombia Compra Eficiente, que es la agencia nacional de contratación pública, indican que entre el 1 de julio de 2023 y el 14 de abril de 2024 se firmaron 2.227 contratos mediante convenios solidarios. De ese total, 374 contratos (por valor de 12.074 millones de pesos) están registrados en SECOP I, mientras que los restantes 1.853 (por 245.462 millones de pesos), están en SECOP II. El valor total de estos contratos es de 257.537 millones de pesos.

El Top 3 de las entidades que firmaron más convenios solidarios entre julio de 2023 y abril de 2024 son Invías, Ministerio del Deporte y la Agencia para la Infraestructura del Meta, con 483, 112 y 78 contratos, respectivamente.