Petróleo y minería solo representan el 5% de la producción de la economía nacional, pero dominan las exportaciones: Banco Mundial

En Colombia, la transición energética viene andando desde tiempo atrás, pero ahora se escuchan críticas a la intención de acelerar el proceso. Estas se basan en argumentos que señalan que, si somos bajos aportantes de emisiones que agravan el cambio climático, no tenemos por qué ser los ‘sacrificados’.

Por eso es clave revelar los resultados del informe ‘Clima y desarrollo’ presentado este 26 de septiembre por el Banco Mundial.

Un punto en el que vale la pena detenerse es en la ecuación que representa el petróleo y la minería para el país, pues es el eje de grandes controversias, de cara a una transición energética.

Así, el informe del Banco Mundial pone en la discusión el alto riesgo económico derivado de la descarbonización global. En el caso de Colombia, aunque el petróleo y la minería solo representan el 5 % del PIB del país, el petróleo y el carbón dominan las exportaciones.

Un alto costo

El dilema no sea menor. Para 2050, “la disminución de la demanda mundial de petróleo y carbón podría costarle al país alrededor del 10 % de los ingresos por exportaciones, hasta el 6 % de sus ingresos gubernamentales y hasta el 8,2 % de su PIB, además de las pérdidas del PIB ocasionadas por los daños al capital físico y la menor productividad provocada por el cambio climático”.

La idea de poner esas estadísticas en el visor no es satanizar la descarbonización, sino buscar el camino para que una eventual transición energética sea menos traumática.

Ojo. Según los análisis del Banco Mundial, “las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) en Colombia se han desvinculado del crecimiento económico en términos relativos, pero han ido aumentando en términos absolutos”.

En un escalafón para ubicar a los países, si bien es cierto que Colombia ocupa el trigésimo segundo puesto, entre los mayores emisores de GEI entre 193 países, no quiere decir que no tenga que actuar tan pronto como los países más contaminantes.

“Las emisiones de Colombia representan el 0,57 % de las emisiones globales. Sus emisiones anuales per cápita, que ascienden a 5,4 toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo sitúan en el puesto 92 a nivel mundial. Entre 1990 y 2018, las emisiones totales crecieron un 34,7 %, impulsadas principalmente por los sectores de transporte, agricultura, residuos y energía”, dice el estudio.

Posteriormente, entre 2015 y 2018, esta dinámica se aceleró, impulsada fundamentalmente por el aumento de las emisiones en el sector del uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura. Y en 2018, este último sector representó el 40 % de las emisiones de GEI; la energía, el 31 %, y la agricultura, el 19 %“.

Con ese panorama, el país se comprometió a reducir en 2023 los gases de efecto invernadero en un 51 %, y a 2050, a llegar a carbono neutral. Y no es para menos. Según información del Banco Mundial, de no avanzar en la tarea, si la temperatura continuara aumentando, Colombia sería muy vulnerable: “El número de personas afectadas por inundaciones se triplicaría”. Y eso no es todo, el país pasaría de tener 13 días muy calurosos en la actualidad, a 77 días en 2050.

Por ahora, ya la afectación en la población es alta. De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Banco Mundial, 230.000 personas al año pierden acceso a servicios básicos, por daños causados a la infraestructura provenientes de efectos del clima. “La cifra podría aumentar en un 60 % para 2050″, dice el informe.

Banco Mundial sugiere una meta más ambiciosa

Con esas prerrogativas, el Banco Mundial señala que “si en teoría Colombia pudiera alcanzar su meta de cero emisiones netas para 2050, se requeriría una mejora fundamental a corto plazo en la tendencia de las emisiones. Con el fin de alcanzar la neutralidad en carbono a más tardar en 2050, se requerirá, para 2030, una meta de emisiones más ambiciosa que la establecida como contribución determinada a nivel nacional para ese mismo año. Esto implicaría adoptar drásticas medidas de mitigación: en 2024, deberá limitarse la deforestación a 37.500 hectáreas al año; se deberán establecer sistemas ganaderos sostenibles a un ritmo de 2 millones de hectáreas al año, y, para 2030, se deberán restaurar unos 5,6 millones de hectáreas de tierra. Asimismo, el 67 % de los autobuses públicos y el 55 % de los automóviles deberán ser eléctricos (en 2021 ninguno lo era); el 20 % del transporte de carga deberá ser ferroviario (cifra muy superior al 7 % registrado en 2021), y la generación de electricidad renovable deberá incrementarse un 8 % al año”.

Pero y la plata...

Mucho se ha hablado del alto costo que implica aplicar las medidas de control del cambio climático y consolidar la transición energética, pero “los beneficios económicos netos serían el equivalente a 7000 millones entre 2023 y 2050, y un mayor crecimiento e ingresos de los hogares para 2050, con una inversión adicional estimada en 92.000 millones de dólares”, dice el informe.