Plataformas de vehículos privados y taxis amarillos, ¿quién es quién en la prestación del servicio de transporte?

El transporte se ha vuelto en Colombia el caballito de batalla para ejercer presión. Ante cualquier inconformidad, se anuncian protestas en las vías o se amenaza con bloquear los aeropuertos, como lo anunció el gremio de taxistas Asoportax. Ellos mantienen vigente su posición debido a que, pese a estar en una mesa de trabajo conjunta con el Gobierno, este decidió suspender el proyecto de ley que se cocinaba en la Superintendencia de Transporte y que prohibía la existencia de aplicaciones que prestan el servicio de movilidad en vehículos privados.

Las protestas tienen al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, corriendo de un lado a otro de la geografía nacional para aplacar el inconformismo entre diferentes comunidades: porque no aceptan el aumento en el cobro del peaje, porque subió la gasolina, por el pico y placa o por el Soat.

No obstante, el paro de taxistas es –sin duda– uno de los asuntos mayores. La oferta de carros y motos para la movilidad de los colombianos es inferior a la demanda, aunque el vocero de los taxis amarillos, Hugo Ospina, sostiene que están en aprietos para conseguir sus ingresos debido a la competencia desigual de vehículos que no tienen las mismas reglas que les exigen a ellos: chatarrización de carros viejos y renovación de la flota, pago de cupos que –en promedio– valen 70 millones de pesos.

Además, los usuarios les pagan con tarifas planas marcadas con taxímetro, lo que los afecta en horas pico cuando se atascan en los monumentales trancones. También están obligados a renovar la licencia de conducción cada tres años, lo que en el servicio particular asciende a diez años.

Hay cama para todos

Las cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) dan cuenta de que, en el parque automotor colombiano, hay 1.200.369 vehículos que prestan servicios públicos, contando los que llevan pasajeros y los carros oficiales.

La flota de taxis amarillos que tiene en el visor el gremio es de 499.280 y la de Bogotá es la más grande. Por el lado de los carros vinculados a plataformas para movilizar a los ciudadanos, José Daniel López, cabeza de Alianza In, gremio que agrupa a estas aplicaciones, sostuvo que son 100.000 vehículos particulares. Bajo su agremiación figuran las cuatro aplicaciones más grandes, las que constituyen el florero de Llorente, pues los taxistas las ven como invasoras y el foco de violación de normas locales. Si bien las plataformas ya son legales, por leyes como la 1753 de 2015 “en el país se prohíbe que vehículos particulares presten el servicio de movilidad”, manifestó Ospina.

El vocero de los taxistas se mostró sorprendido porque en la negociación con las aplicaciones se hubieran sentado cuatro ministros del despacho: “Con la ilegalidad sí lo hicieron, con nosotros nunca lo han hecho”.En nombre de plataformas tipo Uber, Didi, InDriver y Cabify, López también sacó a relucir leyes para argumentar su legalidad. Según sus estadísticas, le prestan servicio a 8 millones de usuarios registrados en las aplicaciones. “Las leyes 1341 y 1450, sobre el principio de neutralidad de red, dicen que nadie sin orden legal o judicial puede declarar la ilegalidad o restringir el uso de aplicaciones ni ordenar bloqueos a los proveedores de internet”.

Es más, López argumentó que, aunque unos taxistas se oponen a que funcionen las plataformas, cada vez son más los que se suman a ellas con el objetivo de mejorar sus ingresos y viajar más seguros. “Tenemos 230.000 usuarios tipo taxi que están registrados en las aplicaciones. Puede ser el mismo carro que se registra en Uber o en otra”, explicó.

Con esos argumentos de parte y parte, el servicio de movilidad que prestan taxis y particulares está en un atolladero, que se intenta resolver ya no con una ley prohibitiva, sino regulatoria, algo que lleva diez años en Colombia y no se ha podido lograr. El excongresista Mauricio Toro, uno de los que abanderó el tema regulatorio, dijo que en su radar tiene 14 aplicaciones de movilidad, la mayoría nacionales, pues solo hay cinco foráneas. “Estas plataformas no solo son desarrollos locales, sino que tres de cada cinco conductores son mujeres”.

En materia de impuestos, agregó que pagan IVA, y la Dian confirmó que, entre 2019 y 2022, cuatro empresas han aportado 93.000 millones de pesos en impuestos: retenciones en la fuente para el caso de Beat y el IVA para las demás. “Hay plataformas que residen localmente, por eso pagan impuesto de renta. Las del exterior tendrán que pagar un impuesto del 3 por ciento de sus ingresos desde 2024 por la reforma tributaria de 2022”, recordó López.

No obstante, es profundo el pantano en el que está metido el tema de los servicios de transporte prestados tanto por los taxis amarillos como por los particulares. Se mantiene la intención del paro de taxistas el 22 de febrero, con argumentos como la falta de control de plataformas digitales de vehículos particulares, las tarifas y hasta el presunto abuso policial, sin contar con que Ospina manifestó que están anclados en la idea de bloquear aeropuertos si no se prohíben las aplicaciones de carros privados.

Por el lado de las plataformas, López mantiene la expectativa de que la reglamentación que se va a construir es “para que los conductores de vehículo particular puedan prestar el servicio y los deje de multar la autoridad de tránsito. También para buscar alternativas que permitan traer más vehículos eléctricos”. Esto Ospina lo ve inviable: “No voy a ser tan tonto para comprar un carro eléctrico de 140 millones de pesos, con un competidor que rueda en un auto de 5 millones de pesos, sin regulaciones, con una tarifa dinámica (sube según la demanda) y yo con una tarifa plana”.

En la mitad está el usuario, que debe afrontar situaciones que le endilgan a los taxis amarillos: malos tratos, taxímetros adulterados, paseos por rutas largas para aumentar cobros del servicio y traslados condicionados a la ruta que le sirve al conductor. Por esas razones, muchos colombianos salieron en defensa de las plataformas, lo que muestra que en ambos casos hay necesidad de regulaciones. Para el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, será uno de los huesos más duros de roer que tendrá al frente de su cartera.

Entrevista a MinTransporte: “Bloqueos de vías no son el camino”

Semana: ¿Podrían aplicarse medidas más drásticas ante las amenazas de bloqueo de aeropuertos, pese al anuncio de negociación?

Guillermo Reyes: Es una situación compleja. Los taxistas, por ejemplo, dicen que harán un paro nacional el 22 de febrero y que se tomarán los aeropuertos, pero lo que ellos están pidiendo lo estamos dialogando. Todos los días atendemos bloqueos, manifestaciones. En Norte de Santander hay un bloqueo por peaje que dicen que no lo levantan si no voy personalmente. Escuchamos a todos. Se justificarían esas posiciones si no hubiera espacios de concertación. Entonces, preocupan amenazas como la de Hugo Ospina, vocero de los taxistas, que ponen en riesgo la movilidad y el interés general, como el de la movilización por los aeropuertos.

Semana: ¿Cree que la protesta se ha convertido en un chantaje?

G.R.: El transporte debe preservarse en torno a la legalidad. Alguien generó un mal ambiente al decir que estábamos proponiendo prohibir el uso de las plataformas. Lo que hemos dicho es que todos los sistemas de transporte informales que hay en Colombia, los mototaxis, los carros y las aplicaciones, tenemos que llevarlos a la formalidad. Sin embargo, si uno se sienta con los Uber y los Cabify, los otros salen a amenazar con paro si no se prohíben las aplicaciones. Se vuelve algo tan difícil.

Semana: Suena como si estuviera a punto de tirar la toalla.

G.R.: No. Son retos interesantes, pero hay que hacer una gran invitación a los colombianos alrededor de los bloqueos de manera que no sean el camino.

Semana: ¿Cree que hay fuerzas de la oposición que incitan a los ciudadanos a protestas y bloqueos?

G.R.: Hay muchas cosas. Hay intereses políticos electorales, porque ahora los que quieren ser candidatos están saliendo a hacer campañas en las que prometen acabar con los peajes, bajar las tarifas o reducir los costos de los fletes. Hay mucho componente político electoral en las manifestaciones. También siento que hay mucha represión del pasado, que ahora está saliendo a flote, porque a los colombianos no se les escuchaba, no habían abierto el diálogo. Entendemos eso, pero, cuando presionan con un bloqueo para que llegue un ministro y uno acude de inmediato, el resto del país quiere seguir los mismos pasos. Eso es lo que no podemos permitir.

Semana: Los que hoy son oposición también dicen que el Gobierno que hoy está en el poder llevaba a la gente a la calle.

G.R.: Yo no creo que sea la oposición la que esté sacando la gente a la calle. Lo están haciendo comunidades y sectores que presionan con el bloqueo para ser escuchados por el Gobierno nacional. Encuentran que se abrió un espacio de oportunidades. Los Gobiernos anteriores hacían lo más fácil: quedarse callados y dejar las cosas como están.

Semana: ¿Qué harán, entonces, con las plataformas?

G.R.: La ministra de las TIC presentó casos exitosos de América Latina. En Argentina, México y Ecuador ha funcionado. Estamos evaluando.

Semana: ¿Propondrán tarifas dinámicas como las plataformas o aplicarán el taxímetro?

G.R.: Aún no. Esperamos a ver qué van a proponer las plataformas, las asociaciones de usuarios y todos los que tienen asiento en la mesa convocada para llegar a una solución.