“Polítiquería barata y oportunismo irresponsable”, así calificó la Cámara de la Infraestructura el saboteo en el peaje Turbaco

Ya ha pasado un año y medio desde que se suspendió el cobro del peaje en la obra de infraestructura que se adelanta en la región Caribe, donde se construye un proyecto vial concesionado, conocido como Ruta Caribe II, en el que se incluyó el anclaje de un peaje en el municipio de Turbaco (Bolívar), pues esa es la manera de financiar la construcción que, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), ya ha entregado, “en óptimo estado”, un total de 253 kilómetros de vías en los departamentos del Atlántico y Bolívar.

Dicha suspensión ha generado un déficit de 84.000 millones de pesos para la Nación, alrededor de una obra que cuesta más de 6 billones de pesos. Los tropiezos han estado a la orden del día y también los intentos de negociación con la comunidad. Pero este miércoles 11 de julio, el gremio de concesionarios se fue lanza en ristre contra los oponentes al proyecto, que han realizado protestas durante semanas y están ranchados en la idea de la no instalación de la caseta en ninguna parte, por lo cual, el saboteo, fue tildado por la CCI como “politiquería barata y oportunismo irresponsable”.

La Cámara de la Infraestructura se refiere a la actuación del denominado Comité no más peajes, que, al decir del gremio, ha adoptado una postura radical e intransigente que podría llevar a frustrar el desarrollo vial en la región de la Costa Norte de Colombia.

Tres propuestas fueron puestas en la mesa de negociación con la comunidad: retomar cobro categorías III en adelante; eliminar el cobro para las categorías I y II por un año, y el traslado fuera de Turbaco de la estación de peaje para lo cual, primero, se realizaría un estudio socioeconómico. Ninguna tuvo acogida.

Para el gremio de los concesionarios, se trata de un grupo aislado que presenta “argumentos tan rebatibles como deleznables”, con los cuales, pretende exigir el desmonte inmediato de la caseta del peaje de Turbaco. Ese punto es clave para la conexión en doble calzada, entre Cartagena y Barranquilla.

De acuerdo con la información de la CCI, la Ruta Caribe II, además de los kilómetros de vías que ya ha construido, contempla la ejecución de 79 kilómetros de segundas calzadas, 16 kilómetros de variantes en las cabeceras municipales y casi una decena de nuevas intersecciones.

Desde este 16 de julio estaba previsto el inicio del cobro del peaje, según las normas existentes relacionadas con el modelo de financiamiento a través de concesiones, el cual consiste en que un privado es el que hace la obra pública y el Estado, a través de las instituciones encargadas, pacta con él un contrato para que el constructor cobre un peaje por cierto monto y cierto tiempo, de manera que recupere de esa forma la inversión puesta en el proyecto.

Pero la discordia ha sido el común denominador alrededor de la obra, lo que la tiene en la total incertidumbre. Protestas que se extendieron por semanas, finalmente llevaron a que en abril, el hoy exministro de transporte, Guillermo Reyes, junto con autoridades locales y representantes comunitarios, llegaran a un acuerdo para suspender el cobro y buscar la manera de reubicar la caseta.

¿Podría liquidarse el contrato?

Pasados los días, aun la situación da señales de estancamiento, mientras los consesionarios se muestran preocupados. El riesgo de que se tenga que parar el contrato está latente. “Si ello ocurre, la iniciativa vial se vería enfrentada a serios inconvenientes para garantizar su cierre financiero. A tal punto que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, podría optar por liquidar de manera anticipada el contrato, decisión que solo traería consigo una andanada de consecuencias tremendamente nocivas para la conectividad, la competitividad y el desarrollo de la Costa Caribe”.

Efectos graves

El freno a una obra como la que se adelanta en la región Caribe implicaría una afectación integral. Por ejemplo, la CCI advierte que, entre las secuelas que acarrearía la terminación del contrato, entrarían en riesgo 4.800 empleos directos y 2.700 indirectos que son, “justamente, los que contempla generar el proyecto”.

Pero no es todo. Según el gremio de concesionarios, “aumentaría la inseguridad de la vía, se ralentizaría la dinámica económica de los municipios que atraviesa y, no menos preocupante, habría un incremento cercano al 40 % en los tiempos de desplazamiento entre las capitales del Atlántico y Bolívar”.

Lo que dijo la ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura, autoridad en el tema de las concesiones, se refirió al caso del peaje Turbalo, luego de concluir las negociaciones de los últimos días. La entidad mencinó los distintos intentos y propuestas adelantados por la CCI, los cuales, no tuvieron aceptación por parte del Comité No a Peajes, por lo que señaló que, “el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, deberán tomar una determinación en relación con el futuro del proyecto”.