Por altos precios, petroleras aportarían $ 24 billones adicionales, lo de la tributaria de Petro

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, aseguró que gracias a los altos precios del petróleo que se han registrado durante 2022, las empresas del sector aportarán 24 billones de pesos adicionales a las finanzas de la nación.

En lo que va de 2022 el precio promedio del petróleo ha sido de 104 dólares por barril (en 2021 fue de 70,8 dólares por barril), lo que permitirá que esta industria realice un aporte total de 58 billones de pesos este año. El año pasado las empresas de petróleo y gas entregaron 34 billones de pesos a la nación.

Estos ingresos vendrán del pago del impuesto de renta, las regalías que paga el sector de hidrocarburos, los derechos económicos contractuales que se le pagan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los dividendos que Ecopetrol le entrega a la nación por ser su accionista mayoritario.

Estos recursos adicionales del sector petrolero son prácticamente los 25 billones de pesos que busca recaudar solo en 2023 el gobierno del presidente Gustavo Petro a través de la reforma tributaria que está actualmente en discusión en el Congreso de la República.

“Si la meta de recaudo de esta reforma tributaria son 25 billones de pesos, la industria estaría aportando 24 billones de pesos, es decir, la industria está pagando la tributaria, salvo que en las cuentas del Gobierno, además de estos 24 billones de pesos, se quieran 25 billones de pesos más para acercarse a los 50 billones de pesos”, afirmó Francisco José Lloreda.

El golpe de la tributaria al sector

El presidente de la ACP también advirtió que las propuestas de la reforma tributaria ponen en riesgo la inversión requerida para producir los recursos descubiertos no desarrollados en contratos existentes y probabilidad de nuevos descubrimientos en contratos adjudicados recientemente.

Además, se comprometerían de 50.000 a 70.000 barriles día de nueva producción para 2023-2032, lo que significa que Colombia dejaría de recibir 33 billones de pesos por aportes fiscales en este periodo, lo que afectaría la financiación de proyectos requeridas para cerras las brechas de pobreza en las regiones.

Además, el precio del dólar aumentaría de manera permanente entre 300 y 500 pesos, afectando a todos los colombianos, sus créditos y los insumos de otros sectores. Igualmente, se perderían 20.000 vacantes de empleos directos por las campañas de perforación que se invisibilizarían, que serían adicionales a los 95.000 empleos que hoy genera la industria en el país.

“Yo no he escuchado a nadie decir: acá hay una propuesta de reconversión laboral para los 95.000 trabajadores de la industria del petróleo y gas. Si uno habla de transición justa, tiene que, necesariamente, ver cómo se va a evitar una crisis económica, social y laboral en las regiones productoras”, dijo Francisco José Lloreda.

Los contratistas de bienes y servicios también perderían oportunidades de contratación cercanas a 4.500 millones de dólares y se impactaría a más de 97 municipios, cuya actividad económica se apalanca en este sector y a corto plazo no cuentan con alternativas de sustitución.

Se perdería la autosuficiencia energética

La ACP también advirtió que las propuestas de la reforma tributaria, relacionadas con el sector, podrían acelerar en tres años la pérdida de la autosuficiencia energética de Colombia y la necesidad de importar de importar gas y petróleo. Este panorama comprometería el volumen de producción de petróleo que sustenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado en el mes de junio por el gobierno del expresidente Iván Duque.

Así mismo, esto implicaría que se aumentaría el costo de la gasolina, el diésel, el combustible de aviación, el gas natural que actualmente consumen cerca de 11 millones de hogares y las tarifas de energía eléctrica. Bajo la coyuntura internacional, el gas importado podría costar tres o cinco veces más que el gas nacional.

“Debemos garantizarle al país autosuficiencia energética y de hidrocarburos (petróleo y gas), no solo a corto plazo sino también a mediano y largo plazo. La transición energética, macroeconómica, fiscal y de productiva, no se logra en cuatro años ni en 12, mínimo toma 20 o 30 años”, aseguró Francisco José Lloreda.

El presidente de la ACP también resaltó que perder el régimen fiscal de zonas francas offshore inviabilizaría gas natural para el mercado doméstico y los proyectos de petróleo de largo plazo.