Por alza desmesurada en el servicio de luz, piden investigar a los generadores de energía

El encarecimiento del servicio de energía eléctrica, que es uno de los que más sube entre los componentes de la canasta familiar y que golpea con fuerza a la población de la Costa Caribe, no solo tiene alarmados a los consumidores, también a las empresas distribuidoras.

Al punto, que los apoderados de una de ellas formularon una denuncia administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debido a prácticas restrictivas de la competencia por parte de las sociedades generadoras de energía eléctrica.

Se trata de los abogados Mauricio Velandia y Jaime Lombana, quienes en representación de la empresa Air-e, la cual distribuye el servicio de energía en algunos departamentos de la Costa Caribe, aseguran que es necesario investigar y confirmar posibles acciones y omisiones dolosas por parte de los generadores de energía.

Las compañías objeto de la denuncia son Empresas públicas de Medellín (EPM), Emgesa, Isagen, Empresa de Energía del Pacífico (Celsia) y AES Chivor. Según los abogados, las mismas “estarían incurriendo en posibles acuerdos de precios para subir o bajar el precio de la energía en bolsa, trasladando ese costo a los usuarios y obteniendo utilidades exorbitantes que se ven reflejados en sus estados financieros”.

Prueba de esta situación es que el precio de la energía en bolsa en octubre de 2023 tuvo un incremento aproximado del 400 % comparado con el precio medio de la energía bolsa del año 2022, al pasar en ese periodo de 216 pesos por kilovatio hora a 1.017 pesos.

El argumento para esa alza es que en octubre del año pasado se proyectaba escasez de aguas en los embalses del país, lo que afectaría la capacidad de generación hidroeléctrica. Sin embargo, eso no se dio en ese momento y, por el contrario, en noviembre de 2023 había agua en exceso en los embalses.

“Eso obligó a los generadores a verter agua que hubiese generado la misma energía que aquella consumida por los departamentos de La Guajira y Magdalena durante un mes”, sostiene un comunicado de la oficina de abogados.

Para Velandia y Lombana, tras el aumento del costo de la energía por la expectativa de una escasez que no ocurrió, las generadoras se quedaron con el dinero extra, obteniendo un enriquecimiento injustificado a costa de los consumidores.

Así mismo, aseguran que los “generadores han decidido no vender energía a los mercados de población vulnerable, para llevarla a la bolsa de energía donde pueden especular y cobrar precios más elevados, los cuales terminan siendo asumidos por los consumidores en su factura”.

Para demostrar ese punto pusieron de presente a la SIC el caso de los departamentos de Magdalena, Atlántico y Guajira, a los que solo se les ha vendido el 3 % de la energía que han requerido entre los años 2022 y 2023.

“Nosotros estamos pidiendo que se investiguen esos incrementos injustificados, porque no solo evidencian una cartelización, también un trato injusto para los consumidores”, le explicó Lombana a SEMANA y agregó que, pese a que la escasez nunca se presentó, tampoco les devolvieron la plata a los consumidores que tuvieron que pagar de más.

“Las pruebas que hemos venido recolectando demuestran que esas generadoras están actuando en bloque, que es lo que se conoce como un paralelismo ilegal entre competidores, en el que se presenta un escenario de tarifas elevadas, precisamente para no competir” y agrega que esa situación se traduce en una violación a las normas que regulan la libre competencia, que es justamente lo que vigila la SIC.

Los abogados denunciantes también consideran paradójico que los consumidores colombianos paguen cada mes un cargo por confiabilidad en sus facturas de energía, el cual, en teoría, debería impedir la fluctuación abrupta de los precios de energía.

“No obstante, el país estuvo en riesgo de un apagón en febrero de 2024 y, a pesar de esta circunstancia, el bloque de generadores, a través de tácticas tácitas, impidió la activación del mecanismo, produciendo un aumento de precios en detrimento de los usuarios”, reiteran.

Lombana aspira a que la SIC los llame pronto para ampliar la queja, momento en el que ellos aportarán sus elementos de prueba. “Y aquí hay un punto muy importante y es que la Creg tiene que tomar decisiones para ver por qué razón a esos generadores no se les obliga a que participen en las convocatorias que hacen los distribuidores para venderles energía en sana y libre competencia”, puntualiza.

Frente a estas denuncias Isagen emitió un comunicado en el que asegura que su estrategia comercial consiste en vender los despachos de energía a través de contratos a largo plazo, buscando la sostenibilidad financiera de la compañía y la estabilidad en los precios de energía para sus clientes. “Por tanto, la venta en la Bolsa de energía no es la actividad principal de la compañía. De hecho, en los momentos de baja hidrología y altos precios de Bolsa, Isagen ha sido comprador neto de energía, dada la baja regulación del portafolio de embalses que manejamos. Así ha sucedido en varias ocasiones en los últimos meses, cuando nuestras compras en bolsa han sido superiores a nuestras ventas y hemos asumido el costo de los altos precios para cumplir nuestras obligaciones con los distribuidores”, asegura el documento.

Agrega que en 2023 en preparación para el fenómeno del Niño, tomó la decisión de incrementar el nivel agregado de sus embalses hasta el 92% de su capacidad. Decisión que le permitió cumplir sus compromisos comerciales y de esta manera garantizar el normal abastecimiento eléctrico en el país durante la temporada de sequía extrema ocurrida a principios de año. “Isagen ha entendido las particularidades de los mercados más vulnerables del país y en virtud de lo anterior y en el marco de la iniciativa del Gobierno Nacional de Justicia Tarifaria otorgó descuentos unilaterales y voluntarios en los contratos de largo plazo. Solo los descuentos a la empresa Air-e suman 21 mil millones de pesos durante los años 2022-2023″, reitera y agrega que “cumple rigurosamente con todas las regulaciones que rigen el sector eléctrico y las normas generales de competencia”.