Por traslados exprés en pensiones habrá más impuestos y desigualdad: Anif

Las 19.000 personas que se beneficiarían de los llamados traslados exprés, que de aprobarse en el Congreso les permitirían pasar de los fondos privados de pensiones a Colpensiones pese a haber pasado la edad permitida para hacerlo, aumentarán el hueco fiscal en el futuro, lo que se traducirá en mayores impuestos para todos y acrecentará de manera directa la desigualdad tanto en las pensiones como en el ingreso de los hogares.

Este pronóstico es de Anif, entidad que además calcula que el costo de financiar esas 19.000 pensiones ascendería a 9,3 billones de pesos, indica también que como estas personas llegarían con ahorros y el Gobierno ya no tendría que emitirles un bono pensional, a esa suma se le restarían 4,1 billones. Esto implicaría un impacto fiscal neto (un costo real) de 5,2 billones de pesos.

De convertirse en ley (esta propuesta está incluida en el proyecto de presupuesto general de la Nación de 2022), los traslados exprés tendrían un impacto directo en la desigualdad porque aquellos que tienen un mayor incentivo para trasladarse y que no lo habían podido hacer porque se pasaron de la edad permitida (47 para mujeres y 52 para hombres) son las personas de ingresos altos.

En particular, los individuos con un ingreso base de cotización (IBC) mayor que 1,6 salarios mínimos legales (hoy 1,43 millones de pesos) serán los más beneficiados porque tendrían un mayor subsidio y, por lo tanto, una pensión más alta en Colpensiones.

En Anif recuerdan que actualmente el gasto en pensiones, comparado con cualquier otro sector, es el más alto dentro del Presupuesto General de la Nación. A esas mesadas se destinan más de 64 billones de pesos, lo que equivale a 6,4 puntos del PIB, para financiar a 2,4 millones de pensionados del Régimen de Prima Media -RPM- (de los cuales 1,5 millones hacen parte de Colpensiones y 900.000 hacen parte de regímenes especiales como el Magisterio, el sector Defensa, Policía, Cajanal y Telecom, entre otros).

Esta es una prueba de los graves problemas que tiene el sistema pensional en Colombia en términos de cobertura, inequidad y sostenibilidad financiera, principalmente por la mala focalización de los subsidios. Tan solo los subsidios implícitos representan 3 puntos del PIB cada año.

“De acuerdo con cálculos propios, realizados con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del año 2019, el 74 por ciento de los subsidios que existen en el RPM beneficia al 20 por ciento más rico de la población, mientras que tan solo el 0,5 por ciento de los subsidios se dirige al 20 por ciento más pobre”, enfatizan en el centro de estudios y agregan que, teniendo en cuenta que la situación fiscal del país es apremiante, no resultaría lógico y responsable aumentar las vulnerabilidades fiscales a través de una medida que va en contravía de las preocupaciones del Gobierno nacional.

“Nos sorprende que no exista oposición a la misma. Tampoco se señaló que el artículo puede permanecer en las leyes de presupuesto que vienen y hacer de los traslados una fuente de financiación de corto plazo para el presupuesto nacional, mientras se siguen comprometiendo recursos a futuro. Medidas de este estilo, a la larga, condenarán a todos los colombianos al pago de más impuestos para financiar el pasivo pensional del sistema público”, enfatizan.

Uno de los argumentos para establecer un límite de edad (máximo 10 años antes de la edad de jubilación) para el cambio de régimen pensional es porque se asume que las personas tienen tiempo suficiente para decidir si le convienen más los fondos de pensiones privados o Colpensiones. De hecho, ese límite fue respaldado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024/04.

En Anif también advierten que existe un riesgo de que esta medida de traslados exprés, que de aprobarse aplicaría para 2022, se vuelva permanente, dado que ayuda a conseguir liquidez en el corto plazo, pero se convierta en un pasivo definitivo.

Recuerda el caso de Telecom, en el que —pese a que la empresa se liquidó y y sus activos pasaron a una compañía privada— el Gobierno es el que ha asumido la mayor parte del gran pasivo pensional. Entre 2019 y 2021 se destinaron cerca de 2,3 billones de pesos para el pago de dichas mesadas, cifra para nada despreciable.