Preocupación del contralor por la prohibición de la exportación de carbón a Israel, “a pesar de las observaciones realizadas”

En un foro en Cartagena, en la entrega de un estudio sectorial, Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, manifestó su preocupación por la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar la prohibición de la exportación de carbón a Israel, concretada en un decreto expedido el pasado 14 de agosto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“Es importante la estabilidad jurídica y es por eso que preocupa a la Contraloría General de la República el Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se está prohibiendo la exportación de carbón térmico a Israel, a pesar de las observaciones realizadas por este ente de control el 17 de junio de 2024, en donde se resaltó principalmente la afectación al recaudo de regalías, la desincentivación de la inversión extranjera y la inseguridad jurídica”, señaló Rodríguez.

Afirmó que, del respeto por los acuerdos suscritos, por la normatividad vigente, depende también que exista confianza en la inversión y lograr obtener recursos para la economía que se requieren para inversión social.

La Contraloría General considera que la política energética en cuanto a seguridad se refiere, está llevando al país a niveles de preocupación que se pueden agravar si no se toman medidas correctivas con suficiente antelación.

Frente a la transición energética, Rodríguez señala que por sí misma no garantiza la confiabilidad del suministro energético para los distintos sectores de la economía, “por lo que debe ir a la par de una política encaminada a la seguridad energética, la cual existe, pero no cuenta con su propia normatividad; lo que implica que se puede supeditar a otras consideraciones, especialmente de tipo ambiental o social, lo que le resta eficacia y eficiencia”.

Destacó que en hidrocarburos los niveles de inversión y trabajos para lograr descubrimientos de nuevos yacimientos han caído desde el 2015 y afirma que los menores niveles de reservas acercan al país a escenarios de importación del total que se requiere para la demanda, que para gas se calcula en 2029 y para petróleo hacia 2030.

“Es importante resaltar que ya se importa gas, pero es casi exclusivamente para la generación eléctrica en tiempos de baja hidrología, esquema que se puede volver permanente y extenderse a otros sectores en la medida que se vayan agotando las reservas y estas no sean repuestas. Lo anterior va incluso en contra de la transición energética al ser el gas el llamado a sostener la matriz energética mientras entran las fuentes renovables no convencionales”, asegura el contralor.

Explicó que desde 2012, el volumen de reservas de gas en Colombia ha venido disminuyendo, llegando en el último año a 2.373 Gigapies cúbicos de gas natural, bajando el índice de reservas vs producción R/P a 6,1 años. Adicionalmente las reservas de petróleo actualmente son de 2.108 millones de barriles y el índice R/P ha bajado a 7,1 años para el ritmo de producción actual. “Lo anterior hace necesario adoptar medidas regulatorias que incentiven la exploración y el desarrollo de los proyectos sobre los cuales se ha anunciado hallazgos importantes, pues se evidencia el desgaste y futura pérdida de la soberanía energética en gas y crudo”, añade.

En su intervención dijo que en materia del servicio de electricidad, el país aún no cuenta con un sistema totalmente seguro y sostenible. Las inversiones en fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica son fundamentales, no solo para reducir la dependencia de importaciones, sino también para alinear el país con las metas globales de sostenibilidad, pero señaló que la capacidad actual de generación a partir de estas fuentes es de tan sólo 1.200 MW.

“La demanda de electricidad hoy es aproximadamente en promedio de 221 GW-h día y si solamente entran 19 GW-h día adicionales derivados de la última subasta del cargo por confiabilidad, es probable que, dentro de 4 años, con un crecimiento de al menos 5% de la demanda de energía, se necesite un 21 % adicional; es decir, se pueden necesitar más de 48 GW-h día adicionales y sóolo se adjudicaron 19 GW-h día. Con miras a garantizar seguridad en el abastecimiento de electricidad futuro, se debe prever la realización de nuevas subastas en los próximos años”, insistió.

Para él, es necesario que Colombia desarrolle un enfoque más integral y estratégico en su política energética, que incluye la mejora de las prácticas de gestión y planificación, el fortalecimiento de las regulaciones, y la inversión continua en la infraestructura energética.

Advierte que ya hay casos de inseguridad energética como en el municipio de Acandí (Chocó) donde el no pago de sumas adeudadas a la distribuidora de combustible hace que esta se niegue a suministrarlo. La situación está llevando a un posible apagón en dicho municipio. Una situación similar se presenta en Puerto Carreño.

Rodríguez destacó que todas las iniciativas de transición energética que buscan la descarbonización de la matriz energética son de “importancia estratégica” para abordar el problema del cambio climático, pero dijo que se deben supeditar a las necesidades en suministro y confiabilidad de la energía en el país.

“La transformación hacia una matriz energética sostenible en Colombia no sólo exige la expansión de la infraestructura, sino también una atención minuciosa a la calidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio eléctrico. Integrar plenamente las energías renovables y mejorar las prácticas de eficiencia energética son imperativos para una estrategia nacional robusta, donde aún persiste la necesidad de fortalecer el enfoque en este último aspecto”, afirmó.