Primer traspié de planes del gobierno Petro para acelerar transición energética

Para enviar a los hogares la energía que producirán los grandes parques eólicos que se están construyendo en La Guajira es clave que entre en operación una línea de transmisión llamada Colectora, a cargo del Grupo Energía Bogotá (GEB) y que, básicamente, es un cable por el cual se transporta la energía que se consume en el país.

Este proyecto atravesará los departamentos de La Guajira y Cesar, ya que contempla la construcción de una nueva subestación (Colectora), la ampliación de dos más (Cuestecitas y La Loma) y dos líneas nuevas de transmisión: la primera es Colectora–Cuestecitas de aproximadamente 110 kilómetros, y la otra es Cuestecitas-La Loma, con cerca de 250 kilómetros.

Por su gran magnitud, el GEB debe realizar consultas previas con 224 comunidades para avanzar hacia la solicitud de licencia ambiental ante la Anla y, posteriormente, iniciar la fase de construcción. Sin embargo, después de más de 4 años de ser adjudicada, la línea tiene grandes retrasos y no comenzará a operar el 30 de noviembre de 2022 como se acordó inicialmente.

Por las dificultades que atraviesa este proyecto, Diego Mesa, quien fue el ministro de Minas y Energía del gobierno del expresidente Iván Duque, decidió avalar un retraso en la entrada en operación de Colectora tras una solicitud del GEB, lo que también demora la puesta en operación de los grandes parques eólicos que se construyen en La Guajira, pues no tiene sentido que se construyan si no hay cómo inyectar esa energía a la red nacional.

Juan Jacobo Rodríguez, gerente general (e) de Transmisión, empresa del GEB, aseguró que las demoras en el proyecto están asociadas a que, solo hasta 2019, el Gobierno nacional autorizó empezar a hacer las consultas con las comunidades que están a lo largo de la zona de influencia del trazado de la línea entre La Guajira y el Cesar (14 municipios).

“A esto se sumó, en marzo de 2020, el comienzo de la pandemia de la covid-19 y todas las medidas gubernamentales tomadas para detenerla, los protocolos de bioseguridad y acciones, que, por supuesto, ralentizaron todos los procesos, incluidas las consultas previas, y a serias disputas internas entre comunidades de La Guajira y Cesar”, agregó.

A la fecha, la compañía ya ha logrado 207 protocolizaciones de acuerdos con comunidades étnicas, es decir, aproximadamente el 92,4 % de las 224 certificadas por el Ministerio del Interior.

Aunque el GEB solicitó una prórroga de más de tres años y medio para la entrada en operación de Colectora, el Ministerio de Minas y Energía solo le aprobaron 16 meses, es decir que el proyecto debía entrar el primero de abril de 2024. Sin embargo, la compañía presentó un recurso de reposición y le dieron 477 días más de plazo (cerca de 16 meses).

Este nueva prórroga que se le otorgó al GEB significa que el 22 de julio de 2025 es el plazo máximo que tiene la empresa para poner en funcionamiento la línea de transmisión Colectora y así permitir que los parques eólicos se conecten y se pueda transportar la energía que van generar.

En La Guajira ya existen tres parques eólicos, pero todos suman apenas un poco más de 50 MW de capacidad, por eso el gran salto hacia la generación de energía eólica en Colombia se dará con 15 proyectos adicionales que se están desarrollando en el departamento y que suman más de 2.700 MW. Varios de estos mega parques eólicos se deben conectar a Colectora.

Es el caso de Chemesky (100 MW) y Tumawind (200 MW) de Enel Green Power que avanza en los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental para iniciar construcción. Ante la inminente retraso de Colectora, la compañía decidió ralentizar las actividades de los proyectos y la idea es que se puedan conectar, a más tardar, 3 meses después de que la línea de trasmisión comience a operar.

“Lo cierto es que la realidad social y ambiental de La Guajira ha significado grandes retos para el desarrollo de la infraestructura eléctrica, tanto para la transmisión como para la generación de energía, lo que puede representar retrasos en la puesta en marcha de los proyectos que se impulsan en este territorio”, aseguró Enel Green Power a SEMANA.

En cuanto a Casa Eléctrica (334,8 MW), que cambiará su nombre a Paa’inwashi Waya (“Estamos Unidos” en wayuunaiki), es un proyecto de AES Colombia que ya cuenta con licencia ambiental. Esta compañía también es dueña de Apotolorru, que ahora se llamará Sa’anasia Woumain (“Belleza de nuestro territorio” en wayuunaiki).

Este segundo parque está en la etapa de consulta previa y se estima que reciba su licencia ambiental a mediados del próximo año. Tendrá una capacidad instalada de 138 MW. Estos dos proyectos también dependen de Colectora, por lo que su entrada en operación deberá coincidir con su operación.

Chemesky, Tumawind (Enel Green Power) y Casa Eléctrica (AES Colombia) son proyectos eólicos que adquirieron compromisos en la subasta de Cargo por Confiabilidad de 2019, por lo que debían estar entregando energía el primero de diciembre de 2022.

Mientras que Apotolorru (AES Colombia) salió ganadora en la subasta de energías renovables de 2019 y debía comenzar a generar energía en enero de 2022. Sin embargo, los contratos firmados a través de estas subastas les permite a las compañías tener prórrogas en sus entradas en operación, sin asumir ninguna sanción.

“Si bien el atraso de la puesta en marcha de Colectora afecta la entrada de los proyectos eólicos, la afectación es en general para la matriz eléctrica en Colombia. (...) A pesar de este atraso, nosotros como AES Colombia hemos cumplido a cabalidad con los compromisos que adquirimos en la subasta de octubre de 2019, respaldando estos compromisos con otros activos de nuestro portafolio”, manifestó la compañía.

Por su parte, Enel Green Power considera que sí es necesario mejoras en la regulación “en donde el impacto económico de mantener vigentes las garantías de estos proyectos se vea mitigado”, ya que la realidad social y ambiental de La Guajira representa grandes retos y afecta gravemente la entrada en operación de proyectos estratégicos.

Más allá de afectar los planes que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro de acelerar la transición energética de Colombia, estas demoras también impiden que los colombianos puedan contar con una energía eléctrica más barata, ya que esta energía eólica es más económica, de acuerdo con los precios pactados en las subastas.