Primicia: así es la nueva reforma tributaria que se cocina en el Gobierno

La reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla dejó de existir en el momento en que se retiró del Congreso y el funcionario salió de su cargo. No obstante, Colombia tendrá que tramitar sí o sí una ley de este tipo, si quiere que su futuro económico esté despejado.

Para muchos, esta idea estaba clara desde el momento en que llegó la pandemia y trastocó todas las cuentas.

No obstante, la propuesta de Carrasquilla generó polémica y mandó a las calles a miles de personas en rechazo a ideas como subir el IVA de alimentos y otros productos. Pero también porque se buscaba que más personas pagaran impuesto de renta.

La iniciativa no caló entre los colombianos y obligó al Gobierno a dejar la tributaria en el congelador. Pero ahora volverá el momento en que se discuta este importante proyecto, que deberá recaudar al menos unos 10 a 12 billones de pesos, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) conocido en primicia por SEMANA.

En este documento, que es la hoja de ruta económica del Ejecutivo de aquí a 10 años, se deja claro que los múltiples picos de contagio de la pandemia obligaron al país a implementar nuevamente medidas de confinamiento en el 2021, lo cual impactó los ingresos de los menos favorecidos y del tejido empresarial.

“Lo anterior ha hecho más necesario extender los diferentes programas sociales y de reactivación productiva para proveer soluciones en estos dos frentes”, dice el documento. Y explica que para atender estas solicitudes temporales se requieren recursos económicos cuyas fuentes son principalmente ingresos transitorios y endeudamiento por parte del Gobierno.

En plata blanca, lo que señala es que la situación económica de los ciudadanos sigue siendo crítica y no se puede dejar de lado. Para resolverlo, se plantea un aumento de impuestos temporales y una mayor toma de deuda por parte del país. Decirlo es fácil, pero para lograrlo se requerirá un fuerte mensaje de que la economía nacional es estable y confiable.

El Minhacienda es claro en este punto y dice que es necesaria una reforma fiscal de dos etapas, que permita que el país siga teniendo acceso a endeudamiento público externo y se mantenga la confianza inversionista.

Tributaria en dos etapas

Según el documento conocido por SEMANA, la reforma deberá garantizar una senda de endeudamiento estable para evitar el aumento en los costos de endeudamiento y mantener el acceso a los mercados financieros.

Palabras más, palabras menos, esto implica que los ingresos del país aumenten permanentemente en al menos 1 o 1,2 por ciento del PIB (entre 10 y 12 billones de pesos), incluyendo un ambicioso y real plan de austeridad. Pero además que no afecte a los pobres, vulnerables ni a la clase media colombiana.

Si bien no se detallan los puntos a tocar, ya que el proyecto se está construyendo, se afirma que la primera etapa implicará efectos de corto plazo, como un mayor gasto social y la puesta en marcha de iniciativas para impulsar la reactivación económica. Esto sucederá entre 2021 y 202.

En estos años habrá una “ampliación del gasto público y del déficit fiscal, con el fin de financiar mayores transferencias destinadas a mejorar el bienestar de la población vulnerable, aumentar la inversión pública e implementar programas de apoyo al empleo y al sector empresarial”, anticipa el Gobierno. Esto incluiría programas como el subsidio a la nómina y el Ingreso Solidario.

En cuanto a la segunda etapa, que se daría desde el 2023, se plantean los cambios duros. Para ese momento comenzaría a aplicarse un paquete de medidas que incluyen aumentos de ingresos permanentes (mayor cobro de impuestos), que permitan llevar la deuda pública a niveles prudenciales.

En el MFMP no se especifica de dónde saldrán los recursos. Pero según ha dicho el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la carga para personas naturales será exclusivamente para las más adineradas. A la par, las empresas tendrían menos exenciones y gabelas tributarias. Y la Dian deberá implementar mayores controles para hacerle frente a la evasión.

Así quedarían las cuentas

Entre las dos posturas mencionadas anteriormente, debe existir una transición gradual, de tal forma que no se ponga en riesgo la reactivación económica, a la vez que se toman medidas para estabilizar la deuda del país.

Si esto se logra con éxito, los ingresos fiscales del país se incrementen el próximo año y a partir de 2023 se mantendrían relativamente estables, alrededor de 17,1 por ciento del PIB. Gran parte de este incremento podría explicarse por la reforma tributaria, es decir, dependen de su aprobación en el Congreso.

Por otra parte, se proyecta que el gasto del Gobierno tenga una senda decreciente en el mediano plazo, reduciéndose desde 23,2 por ciento del PIB en 2022 a 19,6 en 2032.

“Esta disminución en el gasto total se obtiene como consecuencia principalmente de una reducción de 2,5 puntos porcentuales (pp) del PIB en el gasto de funcionamiento, complementada por ajustes en la inversión pública (0,7 pp del PIB), los gastos que estarían asociados al proyecto de ley de Inversión Social (0,4 pp del PIB) y el gasto en intereses (0,1 pp del PIB)”, señala el documento.

Finalmente, será clave que el país fortalezca la Regla Fiscal vigente. Este mecanismo existe en el país, con el fin de que los gobiernos no se desborden en endeudamiento y mantengan sanas las cuentas nacionales.

El ministro Restrepo asegura que los ajustes que se plantearán pretenden que se tenga un ancla fiscal fuerte, que conduzca a la deuda pública a niveles prudenciales en el mediano plazo.

Eso sí, el Gobierno anticipa que podrá garantizar el cumplimiento de esta regla en dos terceras partes. Por ende, la próxima administración tendría la responsabilidad de seguir contribuyendo con esa tarea. La tributaria per ser no será suficiente y con el siguiente gobierno el país podría tener que revivir los debates de impuestos y gastos.