¿Qué pasará con el fracking en Colombia?

La segunda semana de marzo, el Consejo de Estado comenzó a analizar la ponencia que decidirá de fondo la viabilidad técnica de la exploración y explotación en yacimientos no convencionales en el país. Es decir, el polémico fracking. Y aunque se esperaba que a estas alturas del año ya se conociera una decisión, todo parece indicar que esa discusión aún tiene mucho camino por recorrer y, al parecer, todavía no hay consenso en ese alto tribunal.

Para entender mejor esta decisión que será determinante para el futuro energético del país, hay que remontarse al Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando entre 2013 y 2014 se expidió el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 9341 de 2014, con los que se le dio vida a la normatividad técnica para empezar a desarrollar el fracking en el país.

De hecho, el Gobierno alcanzó a incluir esta técnica en los Planes de Desarrollo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en ese momento ofertó, asignó áreas y se firmaron contratos que aún siguen vigentes.Hasta ese momento, todo apuntaba a que el fracking no tenía reversa y que sería el as bajo la manga para garantizar la autosuficiencia en materia de gas y petróleo. Sin embargo, varias organizaciones iniciaron una cruzada legal que se convirtió en un palo en la rueda para el desarrollo de los no convencionales en el país.

En 2018, el Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte y posteriormente tomó la decisión de suspender de manera provisional el decreto y la resolución que le daba sustento jurídico a la normatividad técnica del fracking, e

sto bajo el principio de precaución. Desde entonces, todo el país estaba expectante por la decisión de fondo que se esperaba para antes de Semana Santa. Pero esta no ha sido nada fácil, pues, al parecer, la ponencia que se presentó en el Consejo de Estado era negativa. Es decir, buscaba desestimar los argumentos de los demandantes que quieren tumbar la reglamentación y dejar en firme la normatividad.

Extraoficialmente, fuentes cercanas al proceso aseguraron que dicha ponencia fue derrotada en la Sala Plena, lo que obligaría al alto tribunal a desarrollar una nueva ponencia. Bajo esta perspectiva, aún no es claro cuál será el sentido del nuevo documento, pues este puede ser positivo o negativo, con otros elementos o condicionamientos. De ser cierto, esto quiere decir que el tan esperado fallo de fondo que tiene en vilo tanto a la industria, como al movimiento antifracking del país podría tardar varias semanas más.

Los escenarios

Si el Consejo de Estado les diera la razón a los demandantes y llegara a declarar la nulidad total de la normatividad, esto no significa que el país le cierre la puerta al fracking, como lo piensan muchos sectores. De hecho, el Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Minas y Energía, tiene la posibilidad de expedir una nueva regulación en torno a la técnica de fracturamiento hidráulico.

Además, vale la pena destacar que en este escenario los Proyectos Piloto de Investigación Integral, que cuentan con la luz verde de este alto tribunal, entran a desempeñar un papel fundamental, pues serían un insumo importante para que se evalúe la viabilidad de la técnica.

Es importante aclarar que, independientemente de la decisión del Consejo de Estado, lo que está en juego no es la prohibición del fracking en el país, ya que esta potestad solo la tendría el Congreso de la República, donde, de hecho, ya hay varios proyectos que sí buscan su prohibición. No obstante, si los magistrados tumban el decreto y la resolución sí generarían un retraso en los planes del Gobierno, pues se tendrían que esperar los resultados de los pilotos.

¿Y los pilotos qué?

Lo que parece no tener reversa son los pilotos de fracking. A pesar de la fuerte oposición que han hecho movimientos ambientalistas como Colombia Libre de Fracking, que insisten en que carecen de sustento científico, pues su naturaleza es comercial, los pilotos avanzan.

Juan Pablo Sarmiento, uno de los demandantes que lideran el Grupo de Litigio e Interés Público de la Uninorte, agrega que aún desarrollando los pilotos no es posible tener información sobre los reales impactos del fracking, pues, en su concepto, no hay cómo medir el impacto con la perforación de unos cuantos pozos. Además, asegura que la evidencia científica demuestra que los efectos no son inmediatos, por lo que la evaluación de los pilotos, que según los planes de la industria podría darse en 2022, no permitiría llegar a una conclusión acerca de los efectos de la actividad.

Al margen de estos reparos, lo cierto es que el Consejo de Estado ya desestimó una medida cautelar que buscaba echar para atrás la normatividad técnica y así frenar los pilotos. Hoy el proceso de los pilotos va rodando. Durante todo 2020 el Gobierno expidió la reglamentación respectiva y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya firmó los dos primeros contratos.

El primero quedó en manos de Ecopetrol. Se llamará Kalé y se ubica en la cuenca del Magdalena Medio en inmediaciones del municipio de Puerto Wilches, Santander. La petrolera se encuentra preparando el estudio de impacto ambiental que presentará ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el proceso de licenciamiento y, adicionalmente, trabaja en diálogos de socialización con las comunidades, sindicatos y demás grupos de interés.

Sin embargo, las tensiones en la comunidad de Puerto Wilches no han sido menores, no solo por la manera en que se ha politizado el tema, sino también porque líderes ambientales han venido denunciando amenazas.Adicionalmente, hace pocos días se conoció que otro jugador importante que entrará a desarrollar pilotos será ExxonMobil, esto gracias a que la ANH aprobó la propuesta de otro piloto que también se llevaría a cabo en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en la misma jurisdicción que el de Ecopetrol. Este segundo proyecto demandaría inversiones de más de 50 millones de dólares.

Según las cuentas del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, se espera que este año termine con dos contratos más durante el inicio de 2021 y que estos cuatro pilotos traigan inversiones cercanas a 400 millones de dólares. Estos tres se llevarían a cabo en el Magdalena Medio y el otro en la cuenca Cesar- Ranchería.Hasta el momento, las empresas que se les medirían a los pilotos son Ecopetrol, ExxonMobil, Drummond Energy y Tecpetrol Colombia.

Por su parte, ConocoPhillips, empresa que también había mostrado interés, se bajó del bus por decisión de su casa matriz. Para la industria es fundamental que se lleven a cabo los pilotos para demostrar que se puede hacer fracking de manera responsable.

Pero al margen del debate político, lo que está en juego no es menor. Según cifras de la industria, el país tiene reservas de petróleo para menos de siete años, panorama que podría cambiar con el fracking, pues algunas estimaciones apuntan a que este tiempo se podría aumentar hasta 20 años y en materia de gas las reservas podrían pasar de ocho a más de 30 años.

Además, el fracking también puede ser un bálsamo para la situación fiscal del país, teniendo en cuenta lo difícil que será el debate por la reforma tributaria. Para la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) es urgente que se incorporen reservas adicionales, sobre todo si se quiere cumplir con la meta de producción establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que se planteó bajo un supuesto de 840.000 barriles diarios. Hoy la producción nacional está en unos 745.000 barriles.

Por otro lado, el palo no está para cucharas: en términos de petróleo, se está raspando la olla y en el eventual caso en que el país se viera en la obligación de importar crudo, se calcula que los colombianos tendríamos que meternos la mano al bolsillo para pagar unos 30 billones de pesos al año. El debate está abierto y se debe tomar una decisión al margen de los apasionamientos políticos. Pero tal vez eso no vaya a ser posible, pues el país entró prácticamente en el debate electoral. El fracking quedó en el ojo del huracán.