Radican tutela contra piloto de fracking que adelanta Ecopetrol en Puerto Wilches

Luego de la audiencia pública ambiental que se realizó en Puerto Wilches, donde participaron representantes de la comunidad (además de la Anla, que finalmente será la encargada de dar el licenciamiento respectivo al piloto de fracking que adelanta Ecopetrol en el Magdalena Medio), anunciaron que radicaron una tutela contra la implementación de los proyectos piloto de fracking con el argumento de que se ha presentado violación de los derechos fundamentales a la participación ambiental, acceso a la información, debido proceso y vida e integridad.

La Alianza Colombia Libre de Fracking fue la encargada de anunciar la radicación de la tutela que, según los voceros de la organización ambientalista, representa el sentir de jóvenes, mujeres, campesinas, pescadores, trabajadores de la palma, pensionados, estudiantes y ambientalistas de Puerto Wilches y el Magdalena Medio.

Según expresaron, con la acción muestran el inconformismo por el avance con los pilotos, “a pesar de que existe una moratoria judicial en Colombia para hacer fracking comercial desde el 2018 y de que se ha comprometido internacionalmente a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a implementar estrategias para la mitigación de la crisis climática a nivel interno”.

Además, señalan que con la acción constitucional intentan “exigir justicia ante la arbitrariedad del fracking”.

En el documento se evidencia que la acción fue interpuesta contra los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Es así como argumentaron que “los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía nos han tendido una trampa, han montado un teatro, en el que supuestamente la comunidad está participando, y en Puerto Wilches la gente ni siquiera está enterada de lo que está pasando”.

Harán recorrido

Hay que recordar que el proyecto piloto de fraccionamiento hidráulico, mejor conocido como fracking, está ubicado en cercanías del casco urbano de Puerto Wilches, en Santander. El área de exploración, para llegar a establecer definitivamente los impactos ambientales de esa técnica para obtener combustibles está cercano a la ciénaga Yarirí, y, por supuesto, al río Magdalena.

Ecopetrol realizó un estudio de impacto ambiental, justo el que buscaba socializar en la audiencia realizada, en la cual fue necesario trasladar la sesión a otro sitio y continuarla de manera virtual, debido a desordenes que se presentaron.

Entre tanto, la comunidad que interpuso la tutela argumenta que el piloto se hará en un municipio cuyas actividades productivas como la agricultura y la pesca giran alrededor del río Magdalena y las ciénagas, los cuerpos de agua que están involucrados en el área definida para dicho piloto.

Según el argumento expresado en la acción tutelar, “la contaminación causada por la explotación de hidrocarburos convencionales ya ha ocasionado a la fecha una disminución de la pesca en un 50 %”. Por lo tanto, la expectativa que tienen es que la explotación de yacimientos no convencionales causará un daño peor.

Lo cierto es que los ambientalistas de Alianza están en gira, con el objetivo de llegar a diversas entidades del Estado y organizaciones internacionales, al igual que a organismos de derechos humanos. A cada uno de ellos intentan exponer que se ha presentado una “vulneración de su derecho a la participación, lo que se ha intentado satisfacer con formalismos”.

Destacan que “las acciones de movilización pacífica contra el fracking han tenido como respuesta múltiples amenazas y hostigamientos que han obligado a desplazarse a varias mujeres defensoras ambientales, una de las cuales, la joven Yuvelis Morales, tuvo que salir del país en días recientes”.

Por todas esas circunstancias, señalan que “la naturaleza principal de la acción de tutela es proteger y restablecer los derechos fundamentales que han sido vulnerados; evitar un perjuicio irremediable cuando exista una amenaza real e inminente a un derecho fundamental”.