Economía
Reactivación concertada, no forzada; esto dice el informe de Anif
En una analogía presentada por el Centro de Estudios Económicos (ANIF), una inversión forzosa al sistema financiero es equivalente a que algún extraño obligue a un asalariado a gastarse parte de sus ingresos en un activo con baja rentabilidad, bajo el pretexto de que dicha inversión será conveniente para toda la economía.
Las cifras presentadas en abril mostraron signos de una leve aceleración en el crecimiento económico, así mismo, los indicadores adelantados de mayo y junio han sugerido que la economía podría crecen un 1,2 % durante el primer trimestre del actual año, frente al 2023. Este ritmo de crecimiento es insuficiente frente a una lucha efectiva contra la pobreza, exacerba los problemas fiscales y está lejos del crecimiento potencial del país.
En este contexto, es bienvenida la agenda de reactivación anunciada por el gobierno, siendo positivo el tono del ministro de Hacienda frente a la posibilidad de convocar mesas de concentración para así buscar soluciones con el sector privado, que logren permitir destrabar proyectos y adelantar nuevas inversiones. Es así como Anif comenta que, “entendemos la necesidad de pensar en algunos beneficios tributarios para actividades y regiones específicas, como lo es del caso del turismo en San Andrés, y la generación de energía con fuentes renovables. También nos parece muy pertinente revisar la posibilidad de generar hacia adelante una senda de reducción de la tasa de impuesto de renta corporativa que estimule la formalidad empresarial”.
Así también, es sabido que la tasa de renta empresarial en el país es alta y sería preferible una menor tasa con un sistema más simple y plano, según lo que se propone. El obstáculo para avanzar en esta dirección es el reducido espacio fiscal en la actual coyuntura.
Para Anif la preocupación está frente al avance de la propuesta que soporta el aumentar las inversiones forzosas al sistema financiero, dado que son muchas las razones y experiencias, tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos, que muestran con amplia evidencia que las inversiones forzosas terminan haciendo más mal que bien.
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Este tipo de inversiones obligan a las entidades financieras a invertir un porcentaje de sus depósitos en determinados títulos con bajos rendimientos, usualmente, emitidos por una entidad pública, como también a otorgar créditos a bajo costo a sectores específicos considerados por el gobierno como prioritarios.
En el historial de este tipo de inversiones en Colombia fueron frecuentes hasta la década de los 90, sobre todo en el periodo de alta represión financiera tras la reforma financiera de 1951. En el desarrollo de la Ley quinta de 1973, con base en la regulación anterior de 1957 y 1959. Las inversiones forzosas fueron ganando participación hasta alcanzar casi un cuarto de los depósitos del sistema, siendo a comienzos de los 90 que representaban un 14 % de los pasivos sujetos a canje. Anif agrega que, “La evidencia es clara en mostrar que las inversiones forzosas no solo no lograron su cometido en términos de profundización crediticia, sino que contribuyeron al encarecimiento de los préstamos y a una ampliación del margen de intermediación”.
El impuesto sobre inversiones forzosas afecta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que buscan crédito. Al reducir los recursos disponibles para los establecimientos financieros, se plantea un dilema. Aunque en la década de los 90 se eliminaron gradualmente las inversiones forzosas, aún persisten en el sector agropecuario a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) emitidos por Finagro.
Sin embargo, retroceder en esta materia sería desfavorable. Los empresarios tendrían menos recursos para solicitar créditos, lo que podría resultar en tasas de interés más altas. Los ahorradores también se verían afectados, ya que los bancos podrían reducir las tasas de depósitos debido a la baja rentabilidad asociada a las inversiones forzosas. Además, los bancos mismos sufrirían una disminución en su rentabilidad, especialmente en un contexto donde los activos financieros ya están en mínimos históricos.
La expansión de crédito, si recae en el sector público, podría generar pérdidas importantes si la asignación no es adecuada. Recordemos que el colapso de la banca pública en el pasado se debió a una mala asignación crediticia.
A pesar de esto, las inversiones forzosas podrían beneficiar a sectores menos atendidos. No obstante, el sistema financiero ha ampliado su cobertura crediticia en los últimos años. Por ejemplo, el segmento de microcrédito muestra dinamismo, y el crédito agropecuario ha aumentado proporcionalmente a la actividad desde principios de siglo.
En lugar de las inversiones forzosas, el gobierno tiene opciones más efectivas para la reactivación económica mediante el crédito:
- Metas Concretas: El gobierno podría establecer metas específicas de colocación en sectores como el turismo y el agro, en coordinación con el sistema financiero. Esto ampliaría la base crediticia sin afectar la gestión de riesgo ni la rentabilidad.
- TDA Amplios: Los TDA emitidos por Finagro podrían abarcar actividades agroindustriales, brindando más flexibilidad.
- Grupo Bicentenario: El Grupo Bicentenario, con su patrimonio de 14 billones de pesos, puede direccionar crédito y estimular desembolsos en regiones o actividades desatendidas. Las garantías son útiles en esta coyuntura, ya que no requieren recursos públicos inmediatos y pueden impulsar proyectos rentables.
La evidencia en contra de las inversiones forzosas sugiere que el Gobierno debería considerar alternativas más efectivas para su política de reactivación económica.
