Reducción de semanas para que las mujeres se pensionen más rápido, ¿abrirá otro boquete pensional?

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Este refrán resumiría las preocupaciones frente a uno de los más recientes fallos de la Corte Constitucional en respuesta a la demanda de un afiliado a Colpensiones: pedía, con razón, que se igualara la cancha pensional para hombres y mujeres. Aunque ellas se jubilan cinco años antes que ellos (57 años contra 62), se les exigen la misma cantidad de semanas cotizadas para acceder a ese derecho (1.300).

En otras palabras, las colombianas tienen menos años para completar un tiempo mínimo de cotización en un mercado laboral que las castiga con menos estabilidad y salarios más bajos que a sus colegas hombres. Mientras que la tasa de desempleo de ellos para abril pasado estaba en 8,4 por ciento, la de ellas era de 13,9 por ciento, lo que revela la dificultad de las mujeres para pensionarse.

En consecuencia, las que están empleadas y no han completado las semanas, si pueden, siguen trabajando hasta que lo logran, y las que no, simplemente, deben ir a Colpensiones o al fondo de pensiones privado para pedir que les devuelvan lo que alcanzaron a ahorrar, suma que en muchos casos se vuelve plata de bolsillo. Difícilmente, esa devolución (que en Colpensiones incluye un ajuste por inflación, y en los fondos, inflación más una tasa de interés) alcanza para sostenerse varios años y ahí viene el segundo karma femenino: en promedio, viven más años que los hombres, lo que implica que requieren más recursos para financiar su vejez.

Por estas razones, el fallo de la Corte fue aplaudido por muchos, empezando por el mismo presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter aseguró que esta decisión “hace aún más necesaria la reforma pensional para poder financiar este gran logro de la mujer trabajadora”.

Y ahí, justamente, empiezan las dudas. La sentencia establece que se deben implementar medidas para disminuir la brecha de género pensional, y, si el Gobierno y el Congreso no lo hacen, a partir de 2026 se empezarán a reducir las semanas de cotización, 25 cada año hasta llegar a las 1.000.

La pregunta obvia es cómo se compagina esto con el proyecto de reforma pensional radicado en el Congreso. El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, afirma que el fallo es una oportunidad para mejorar la reforma, reduciendo la exigencia para las mujeres. Admite que acortar las semanas aumenta el impacto fiscal, pues las colombianas ahorrarían menos y habría que subsidiar su pensión en un mayor grado. Dice que este ajuste se puede hacer vía proposiciones a la ponencia y el cambio sería en el artículo 32, que es el que establece la forma de liquidar la pensión de vejez en el pilar contributivo.

Igualar edades

Misael Triana, gerente de Abogados Triana y miembro del Colegio de Abogados del Derecho del Trabajo de Colombia, coincide en que el fallo impactará la sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues implica cinco años menos de cotizaciones para un grupo grande de trabajadores. “Sin duda, es un esfuerzo económico, pero también recompensa a las mujeres, y hay que hacerlo. Igualmente, es cierto que ya llegó el momento de equiparar edades, todos deberían pensionarse a los 62 años. Así se eliminaría el incentivo de personas para declararse transgénero o no binarios con el fin de pensionarse antes”, dice.

Sin embargo, el aumento de la edad de pensión está descartado por el Gobierno y por muchos congresistas, que no estarían dispuestos a darse ese lapo en un año electoral.

Así que, con o sin reforma, reducir cinco años la exigencia de cotizaciones para las mujeres, que, además, se jubilan cinco años antes que los hombres, es un incentivo perverso para cambiar de género, en especial, porque esto en términos legales solo implica una modificación en la cédula que se protocoliza en una notaría. “Imagínese un hombre de 57 años, que no consigue trabajo, no ha completado las semanas y debe responder por su familia, en un momento de desesperación, es factible que tome esa decisión”, asegura un analista.

Lo mismo piensa Mario Cruz, experto en temas de seguridad social, quien explica que, con la jurisprudencia vigente sobre cambio de sexo, la reducción de semanas requeridas para que las mujeres accedan a pensión aplicará para cualquier género que no sea masculino.

Igualmente, comparte la preocupación sobre el costo fiscal de esta medida. Explica que las tablas de mortalidad oficiales indican que las colombianas que se pensionan viven, en promedio, hasta 90 años. Eso implica que disfrutan 33 años de su mesada pensional tras aportar por unos 25 años y ahora lo tendrán que hacer con el ahorro de 20 años, lo que no es sostenible financieramente.

Ello supondría que el Gobierno destine más recursos a las pensiones (para este año están presupuestados 56 billones de pesos) y las mujeres recibirían mesadas más bajas. “Esta decisión amplía el déficit fiscal y la deuda implícita, al tiempo que profundiza la inequidad por ingreso y régimen. Drena recursos que podrían ir hacia sectores desprotegidos. Buenas intenciones, pero con efectos indeseados”, reitera Cruz.

Inequidad

Y surgen otras dudas. Uno de los objetivos de la reforma pensional es reducir el gasto en pensiones, acotando el subsidio máximo que daría el Gobierno a cotizaciones de hasta tres salarios mínimos (hoy cubre hasta 25). Con ello se busca, además, aminorar la inequidad del régimen de prima media (Colpensiones), que hoy subsidia más a quienes más ingresos tienen.

La reducción de semanas cotizadas para las mujeres, como se plantea hasta ahora, no distingue entre aquellas que trabajan en la informalidad o no han podido tener estabilidad laboral de las afortunadas que durante su vida siempre han tenido empleo o ingresos altos. Se estima que hasta el año pasado una pensión de diez salarios mínimos para una mujer implicaba un subsidio de 1.450 millones de pesos a cargo del Estado, monto que tendría un aumento considerable si el ahorro es inferior.

Otro impacto, que también tiene costo fiscal, está en la llamada tasa de reemplazo, el ingreso que un trabajador puede recibir como pensión en relación con su salario previo a la jubilación. Actualmente, esa tasa es del 65 por ciento para quienes cotizan 1.300 semanas, pero puede subir hasta el 80 por ciento si se cotizan más semanas. De esta manera, las mujeres con estabilidad laboral, que, por ejemplo, empezaron a trabajar a los 25 años, a los 45 ya habrían completado las 1.000 semanas y de ahí adelante, hasta llegar a los 57 años, acumularían más semanas aumentando su tasa de reemplazo.

En un hilo de Twitter, Kevin Hartmann, experto en temas pensionales y estudiante de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, advierte sobre otras inquietudes originadas por el fallo de la Corte Constitucional. La primera de ellas se refiere a por qué se definió que se debía bajar la exigencia a las mujeres de 1.300 a 1.000 semanas. “¿Por qué no 900 o 750? ¿Por qué no 1.150? Nadie lo sabe. Parece una tarifa legal, no un estudio actuarial. Una decisión de un legislador, no de un juez”, asegura.

Tanto Hartmann como Cruz se preguntan si es un fallo que solo aplica para el régimen de prima media o también para los fondos privados. Si es solo el primero, se crearía un enorme incentivo para que las colombianas se trasladen a Colpensiones, y, si son los dos, también habría consecuencias, pues en los fondos privados “más mujeres se pensionarían por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que ya tiene problemas de déficit actuarial. Eso lo agravaría y adelantaría la fecha en que se van a agotar esas reservas”, dice Hartmann en Twitter.

Agrega que, si el problema de las mujeres está en el mercado laboral, ¿por qué se busca compensar en el sistema de pensiones? “La Corte está enviando un mensaje: no creemos que las condiciones de acceso al mercado laboral de las mujeres vayan a mejorar en el mediano plazo, pero dicho acceso se ha incrementado a través del tiempo. Si la idea es compensar las labores de cuidado y la falta de acceso al mercado de trabajo, pues a quienes debería compensarse es a las mujeres próximas a pensionarse hoy y no tanto a las que se pensionarán en 13 años y más”, puntualiza Hartmann.

En pensiones no basta con buenas intenciones, se requieren acciones acertadas y más si lo que se busca es proteger al grupo de trabajadores que siempre ha estado en desventaja.