Reforma a la salud: ¿quién tramita y responde por las incapacidades médicas?

Casi una semana se cumple desde que fue radicado el proyecto de ley que busca reformar la salud en Colombia y hace parte de las grandes apuestas del presidente Gustavo Petro para cambiar el modelo de atención de pacientes y la figura de las EPS en el país. Desde entonces, el país ha entrado en un fuerte debate sobre la conveniencia de esta normativa y la falta de claridad que hay frente a varios puntos, que tienen que ver principalmente con las obligaciones que dejarán de cumplir las Entidades Promotoras de Salud.

No hay que pasar por alto que según lo manifestado por la senadora del Partido de La U, Norma hurtado, quien además es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, es decir, por donde ingresará el proyecto para estudio, “la reforma a la salud aún no cuenta con el concepto de viabilidad en el marco fiscal del Ministerio de Hacienda”. Esto en palabras castizas quiere decir que no se sabe a ciencia cierta de dónde saldrá la plata para que se convierta en realidad.

“La respuesta que el ministro José Antonio Ocampo me dio es que él estaba con su equipo técnico aun haciendo el análisis del costo de la reforma a la salud, teniendo en cuenta que la propuesta, la estrategia planteada en el articulado, tendrá gasto en presupuesto y él tenía que evaluar y valorar cuánto era ese gasto. En el momento en que él termine, informará cuánto cuesta la reforma”, precisó Hurtado.

El problema para la ministra de Salud, Carolina Corcho, es que el concepto de viabilidad fiscal y financiera expedido por el ministro José Antonio Ocampo ―uno de los funcionarios de la Casa de Nariño que le ha hecho reparos internamente a la iniciativa― es necesario para que los representantes y senadores de las comisiones séptimas avancen en la respectiva ponencia.

¿Dudas con las incapacidades?

Ahora bien, más allá de sí se tiene o no el dinero para ejecutar la reforma en caso de que sea aprobada por el legislativo, hay incertidumbre entre la gente de a pie en temas como las incapacidades médicas, ya que una vez desaparezcan las EPS, tal y como busca el Gobierno Nacional, no se sabe quién quedará a cargo de estos trámites, tanto para la expedición, como para el pago de las mismas.

“La desconcentración de la ADRES para asumir la función de pagador único se basa en la conformación de siete regionales que contratarían la red y tendrían la asignación presupuestal para ordenar el pago de servicios de mediana y alta complejidad, y 33 oficinas departamentales, que recibirían y auditarían en primera instancia tanto cuentas médicas como incapacidades y licencias, además del SOAT, que actualmente se audita centralizadamente”, dice la reforma.

En todo esto hay que tener presente que este proyecto de ley habla de un nuevo sistema de auditorías descentralizadas para asuntos como las órdenes de pago de servicios y las incapacidades, aunque no ahonda en la forma en la que operarán estos servicios, lo que abre muchas dudas entre las personas, que por ahora esperan tener mayores asesorías y pedagogía por parte del Ministerio de Salud.

“Para el periodo comprendido entre 2018 y 2023, los usos más representativos son los destinados para el reconocimiento de la UPC a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado con un promedio del 85,4 % del total, y un crecimiento anual promedio de 12,9 % en dicho período. En 2023, la UPC representó el 88,2 %. En segundo orden, los presupuestos máximos y los recobros representaron en promedio el 6,0% en este periodo, seguido por incapacidades, licencias y programas de promoción y prevención con una participación promedio del 3,9 %”, destaca el proyecto de reforma a la salud.

Vale destacar que esta reforma también sostiene que, frente a los aportes, todos los trabajadores, empleadores, pensionados y rentistas de capital, con sus respectivas excepciones, frente a las contribuciones y pagos, el Estado se encargará de cobrar, pero esto nunca constituirá una barrera para acceder a servicios de salud en territorio nacional.

Otro detalle importante es que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) siguen existiendo dentro de la propuesta de Corcho. Según las definiciones, son “las entidades públicas, privadas o mixtas que ejercen actividades de acuerdo a lo que disponga la presente ley y su reglamento”.

De aprobarse la iniciativa, el Estado incidirá sobre los determinantes de salud, que son aquellas enfermedades y condiciones que surgen según el contexto social, económico y territorial. Tal como lo prometió el Gobierno, con esto se busca reducir la prevalencia de enfermedades con el fin de mejorar la calidad de vida.

Estas acciones correctivas, que son prioridad del Estado, se financiarán “de manera transversal en los presupuestos de las entidades y se deberán tener en cuenta al momento de realizar la planeación de estas”. Sin especificar qué entidades.