Economía
Reforma de los servicios públicos: ¿qué busca la nueva propuesta del Gobierno Petro?
La nueva reforma a los servicios públicos aclara que no traería modificaciones a la Ley 142 de 1994.
En el XXV Congreso de Andesco, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, ha presentado una serie de detalles clave sobre la propuesta de reforma de servicios públicos que el Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, está considerando. Estos ajustes tienen como objetivo principal garantizar el acceso a servicios esenciales para todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica.
Uno de los pilares fundamentales de esta reforma es la implementación del concepto de “mínimo vital” en los servicios públicos esenciales en Colombia, como el agua, el internet y el gas. El superintendente Quiroga explicó que esta medida tiene como finalidad asegurar que las personas que, debido a sus limitaciones económicas, no pueden pagar por estos servicios, tengan acceso a ellos de manera garantizada, “el mínimo vital está concebido para personas que realmente no pueden pagar un servicio público, pero que tienen derecho a él”, expresó.
En el caso del agua, se estima que el mínimo vital sería de seis litros por persona al día. El Estado se comprometería a proporcionar este servicio a aquellos que no pueden costearlo, en consonancia con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que defiende la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
Clasificación de usuarios y diferencias con el consumo de subsistencia
Determinar quiénes serían beneficiarios del mínimo vital y cómo diferenciarlo del consumo de subsistencia que actualmente se aplica a los estratos uno, dos y tres plantea un desafío significativo. Según Quiroga, se deben considerar varios criterios más allá del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
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El superintendente argumentó que se debe evaluar integralmente la situación económica y social de cada individuo para determinar quiénes son los más necesitados de esta asistencia estatal. Esta evaluación más amplia permitiría identificar a aquellos que realmente necesitan que el Estado asuma un mínimo vital en los servicios públicos.
¿Reforma sin cambios en la ley 142 de 1994?
El superintendente Quiroga aclaró que la reforma no tiene la intención de cambiar toda la Ley 142 de 1994, que rige los servicios públicos en Colombia. En lugar de eso, se trata de ajustes al programa de gobierno que buscan modificar los mandatos constitucionales en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional ha emitido órdenes para que el Estado regule aspectos relacionados con el aprovechamiento de recursos públicos, como el caso de los recicladores y los derechos de los usuarios en situaciones de corte de servicios sin el debido proceso. Quiroga destacó que se están buscando ajustes adicionales para adaptar la ley a las cambiantes realidades tecnológicas y energéticas del país.
Tarifas en los servicios públicos
En cuanto a las tarifas de los servicios públicos, el objetivo de la reforma es que el Estado regule de manera más efectiva para evitar abusos. Según Quiroga, en algunos componentes de la tarifa, como la generación, transmisión y comercialización de energía, se han detectado prácticas corruptas que han inflado los costos para los consumidores.
El superintendente enfatizó que el objetivo es garantizar una justicia tarifaria y poner fin a las malas prácticas que afectan a los usuarios. Se buscará hacer cumplir las regulaciones de manera más efectiva para asegurar que las tarifas sean justas y reflejen los costos reales de los servicios públicos.
A pesar de la ambición de la reforma, aún no se ha establecido un cronograma preciso para su implementación. Se está llevando a cabo un proceso de consulta con diferentes actores de la industria, lo que ha llevado a una socialización gradual del articulado de la ley.
Quiroga señaló que no se espera un gran impacto económico y fiscal para el Estado, ya que el mínimo vital no será para la mayoría de la población ni para todos los pobres. El Gobierno está comprometido en atender las quejas y necesidades de los ciudadanos para avanzar con celeridad en esta reforma.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, advirtió sobre los límites que la reforma debe respetar, como la protección de la institucionalidad. Destacó la importancia de nombrar funcionarios técnicos independientes en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para garantizar la independencia y la capacidad técnica en la toma de decisiones.
Sánchez también subrayó la necesidad de establecer fuentes de financiamiento para la reforma y mantener un enfoque realista en los objetivos a largo plazo, como la transición energética. Enfatizó que es fundamental no obstaculizar la posibilidad de lograr mejoras en los servicios públicos y abogó por un enfoque más tecnológico en la industria para mejorar la prestación de servicios.
