Reforma pensional: empantanada entre el umbral de cotización de 1 salario mínimo que piden fondos privados y 3 que defiende el gobierno

Aunque fueron muchos los participantes en la audiencia pública que convocó la Comisión Séptima del Senado en el Congreso de la República, sobre el contenido de la reforma pensional, el debate parece está en el mismo punto en el que quedó cuando fue aprobado el texto en primer debate.

El gremio de fondos privados, Asofondos, volvió a sentar su posición, acerca del fuerte impacto que traería para el mercado de capitales y para el ahorro de los colombianos, la propuesta de pasar a los cotizantes que hoy están en las AFP, con ingresos hasta de 3 salarios mínimos, para Colpensiones. Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también sigue anclada en su posición de no ceder ni un milímetro en lo que tiene que ver con ese punto.

“En el proyecto de reforma aprobado en primer debate se propone un modelo de ahorro mínimo en un fondo público, lo que facilitará la desacumulación anticipada de los recursos de pensiones para fines distintos, como ha ocurrido con todos los fondos públicos en Colombia y en América Latina. Este modelo de ahorro, al no tener un régimen de inversiones claro y carecer de un adecuado gobierno corporativo, no ofrece ni siquiera las mismas condiciones de ahorro e inversión que han generado que los afiliados al Rais (Régimen de Ahorro Individual) cuenten en la actualidad con más de 381 billones de ahorros de su propiedad”, dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, en la audiencia pública.

Desde la academia y los centros de pensamientos, los participantes desde una trinchera que se entiende como neutral, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, insistió en que el modelo de ahorro debe migrar hacia un sistema de ahorro individual (que cada quien ponga lo suyo).

En ese contexto, y teniendo en cuenta que ya la ministra de Trabajo ha dicho que el umbral es una de las columnas de la reforma, el líder del centro de pensamiento económico argumentó que “es absolutamente crítico” que se ajuste la propuesta actual, de manera que el umbral, desde el cual se pasará a los aportantes a pensiones, desde las AFP a Colpensiones, sea de 1 o máximo, de 1,5 salarios mínimos. “Es necesario que, para los próximos gobiernos, que van a tener disponible un fondo de ahorro de la plata de las cotizaciones, se trate de evitar la tentación de utilizar estos recursos en otros gastos del Estado”, dijo.

A Mejía le habían antecedido varios voceros de gremios, como María Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, quien se refirió también al tema del umbral. “La reforma propone un sistema de reparto y beneficio definido, hasta 3 salarios mínimos, que garantice una tasa de reemplazo para dicho segmento. Esto nos genera tres problemas: uno es que continuamos subsidiando una parte de la pensión de las personas de más altos ingresos; además, creamos un sistema que será financiado por las futuras generaciones con sus aportes y ellos, ni siquiera están ahora en esta discusión, participando”.

Finalmente, los faltantes que se requieran para garantizar ese tramo de la pensión que estará en el régimen público, seguirán siendo financiados con recursos que pueden ir al gasto social, dijo la economista.

A la voz de Maiguashca se sumó la de Andrés Velasco, integrante del comité de regla fiscal, que vela por la sanidad de las finanzas pública. Se refirió a lo oneroso de la reforma y, de hecho, Mejía había puesto sobre el tapete que se requieren unos 900 billones de pesos para financiarla.

En esas condiciones avanza el tiempo para que el proyecto de ley entre oficialmente en la agenda del debate legislativo, donde tendrá que ser estudiada, votada y aprobada en esta legislatura, so pena de hundirse, por tiempos.

El Congreso tiene la palabra.