Reforma pensional: esto pasará con las personas que están afiliadas a Colpensiones

En menos de dos semanas, el Gobierno colombiano logró constituir mayorías ajustadas para aprobar la reforma pensional en su segundo debate en el Senado. El próximo paso es su tramitación en la Cámara de Representantes, donde debe ser aprobada para convertirse en ley.

Desde la Casa de Nariño, se ha desplegado una estrategia dirigida especialmente a dos partidos políticos: el Partido de La U y el Partido Liberal. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, junto con el presidente Gustavo Petro, han mantenido reuniones privadas con miembros de estas bancadas para asegurar su apoyo.

Uno de los acuerdos alcanzados, que se ha hecho público, fue la reducción del umbral para las contribuciones de los colombianos al pilar solidario, es decir, a Colpensiones, de 2,3 salarios mínimos a 3. Esta reforma fue aprobada en el Senado.

En ese sentido, y a falta de ser aprobado el proyecto de ley por la Cámara de Representantes, existen muchas dudas por parte de los afiliados, tanto a Colpensiones, como a los fondos privados, sobre qué sucederá con sus ahorros.

En ese sentido, la misma entidad explicó que la reforma unirá los dos regímenes existentes: el público, administrado por Colpensiones, y el privado, administrado por los fondos privados de pensión, de manera que se creará un nuevo sistema pensional que provea seguridad, sostenibilidad financiera y amplíe la cobertura.

Se pasará de un sistema de reparto, donde cada trabajador activo contribuye a la financiación de las pensiones existente en el momento, una especie de relevo generacional, a un sistema de pilares, con una solidaridad intergeneracional.

El pilar solidario busca beneficiar a la población que no accede a una pensión o renta, con el principio de igualdad a través de la entrega de auxilios a hombres mayores de 65 años y a mujeres mayores de 60, que se encuentren en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Este pilar impactará a más de 2 millones de personas.

El pilar semicontributivo consiste en el apoyo a las personas afiliadas al Sistema que no hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión, las cuales tendrán un beneficio económico financiado con sus propios aportes y una contribución del Estado.

El Gobierno tiene como objetivo reducir las altas pensiones financiadas por el Estado y destinar parte de esos fondos para subsidiar a adultos mayores en situación de pobreza. Aunque esta idea es loable, ha generado fuertes críticas sobre la forma en que se llevará a cabo y el uso de los recursos de ahorro de los trabajadores para subsidiar al Estado a través de estos beneficios.

Otro aspecto controvertido es la reducción progresiva de las semanas de cotización a 1.000 para las mujeres, en línea con una decisión de la Corte Constitucional. Aunque esto podría parecer un beneficio para las mujeres, ha generado preocupación sobre la posible disminución del tiempo de cotización y, por ende, del ahorro para la jubilación.

Además, se ha propuesto reconocer un año adicional de cotización por cada hijo, lo que equivale a 50 semanas por hasta tres hijos, es decir, hasta 150 semanas. Sin embargo, algunos advierten que esto también podría resultar en un menor ahorro a largo plazo.

Uno de los artículos más debatidos establece que la reforma tendrá una vigencia de al menos 40 años, a partir del 1 de julio de 2025. Esta disposición es crucial, ya que determina si la reforma entrará en vigor durante el mandato de Gustavo Petro o una vez finalice su periodo presidencial.