Reforma pensional: estos son los puntos positivos y negativos que destaca el Observatorio Fiscal de la Javeriana del proyecto de ley

El Congreso de la República ya tiene en sus manos el articulado de la Reforma Pensional, que a diferencia de las dos iniciativas radicadas previo a esta (reforma a la salud y reforma laboral), parece que llega al Legislativo con un mayor de nivel de aceptación entre los empresarios, trabajadores y demás actores que participaron y/o aportaron insumos para la construcción del proyecto de Ley.

El nuevo texto, radicado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente Gustavo Petro, se le aplicaron algunos ajustes en redacción frente al documento que se dio a conocer, tras finalizar las sesiones de trabajo de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.

“El proyecto pensional tiene un objetivo social que paulatinamente toda persona adulta mayor, hombre o mujer, que cumpla sus tiempos de trabajo y su edad, tenga una pensión. Adicionalmente, reconociendo que buena parte -seis de cada diez adultos mayores, hoy no tienen ningún acceso a pensión ni a bono pensional-, puedan tener acceso a un ingreso mínimo que les dé dignidad a su vida”, manifestó el jefe de Estado.

La iniciativa gira en torno a cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario; donde cada uno atiende necesidades específicas relacionadas con el sistema pensional y que le apuntan a que los cotizantes puedan alcanzar una pensión, así sea esta de un salario mínimo.

En diálogo con SEMANA, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, manifestó que el articulado de la reforma pensional, en su conjunto, tiene elementos importantes que responden no solo a lo que busca el Gobierno incorporar dentro del sistema; sino que también atienden necesidades puntuales que generarán un impacto sobre la población más vulnerable del país. “La reforma tiene tres elementos positivos, a destacar: el primero, la creación del pilar solidario (renta básica para adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse y que será de $223.000); segundo, la eliminación de competencia entre el régimen público de reparto y privado; y tercero, la reducción de los subsidios a las pensiones más altas”, destacó.

Sin embargo, el académico llama la atención en torno a otros aspectos que en su criterio no son positivos. “El umbral a partir del cual las cotizaciones van al componente de ahorro individual sigue siendo alto, no debería ser de tres salarios mínimos. Además, no hay suficientes lineamientos a las inversiones que va a hacer el fondo de ahorro del pilar contributivo, que va a administrar buena parte del ahorro que estaban a cargo de las AFPs; y los beneficios del pilar semicontributivo siguen siendo muy bajos y eso hace que las personas que no alcancen a completar las semanas suficientes para pensionarse, siguen subsidiando a las personas que si logran cumplir con ese requisito de semanas”, explicó.

Y precisamente, en torno a los últimos aspectos mencionados, Pardo destacó algunas recomendaciones con el objetivo que puedan ser atendidas dentro del estudio que realizará el Congreso de la República, en torno a dicha iniciativa. En primer lugar, considera que se debe revisar el umbral de cotización para el componente de ahorro individual (que sea de dos salarios mínimos). Adicional, señala que dicho umbral no esté medido en salarios mínimos, sino en peso constante “porque si el salario mínimo aumenta muy rápido, cada vez va a tener más peso en el componente de prima media y menos peso en el componente de ahorro individual”, acotó.

“Es importante tener unas pautas, restricciones y orientaciones respecto al Fondo de Ahorro del pilar Contributivo. Es decir, cómo se va a invertir la plata, en qué activos se va a invertir la plata, quién lo va a gestionar”, recalcó.

Manifestó además que se debe mejorar “la interacción entre el pilar solidario y el semicontributivo” para que las personas que tengan acceso al primero “se les reconozca algún retorno sobre las contribuciones que hicieron”, ya sea a través del Régimen de Prima Media o por los fondos privados. Y finalmente, aconseja que “haya un comité que tenga la capacidad de ir ajustando estos parámetros, dependiendo de las condiciones demográficas y económicas que haya en el futuro, que sea un comité más técnico y autónomo frente a lo que se propone en el proyecto de Ley”.