Si hay algo que poco le gusta a los gobernantes es tenerse que enfrentar a una reforma tributaria.

Las decisiones que toman los técnicos basados -según ellos- en argumentos de equidad para que los impuestos los paguen los que más pueden no son fáciles de digerir en la opinión pública. Menos aún, cuando el contenido de la propuesta no se destapa en su totalidad, para tener la certeza de por qué se quita de un lado y se pone en el otro.

El costo político termina siendo alto y las reformas entran al Congreso en un estado de tal distorsión, que al final sale de allí cualquier cosa.

Sucede siempre en las que se han tramitado en Colombia, país en el que hay cambios constantes en las reglas de juego para el pago de impuestos y otros temas fiscales, lo que termina generando incertidumbre.

En esta ocasión, la situación no será distinta. Al igual que al expresidente Juan Manuel Santos, Iván Duque completará este año el récord de haber pasado tres reformas tributarias. Aunque las circunstancias son totalmente diferentes.

En el primer caso, Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tramitaron los ajustes al Estatuto Tributario en 2012, 2014 y 2016. Quizás la más recordada fue la tercera y última, pues incluyó un duro aumento de la tarifa del IVA, al pasarla del 16 al 19 por ciento, como respuesta al desplome de los ingresos petroleros.

No obstante, las otras también incluyeron cambios que hoy se mantienen vigentes. La del 2012, por ejemplo, les redujo aportes no salariales a las empresas (los llamados parafiscales que, en parte, ahora los paga el Estado vía Presupuesto). Mientras tanto, la del 2014 incluyó un impuesto al patrimonio, una sobretasa de renta y algunos ajustes en el Imporrenta de las personas.

Ahora bien, estas tres leyes se aprobaron en ocho años, con lo cual, su aplicación tuvo una especie de compás de espera. El presidente Duque fue un crítico acérrimo de las políticas económicas de Santos y Cárdenas, a tal punto que, desde el Centro Democrático intentaron retirar al entonces Minhacienda por medio de una moción de censura que no prosperó.

Con la llegada de Duque a la Casa de Nariño, los bandazos no se hicieron esperar. Lo que no se esperaba el mandatario era que su destino sería el mismo que su predecesor: pasar tres reformas tributarias, con la diferencia que solo estaría cuatro y no ocho años al frente del país.

Duque y sus reformas

Desde el día cero, Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, llegaron con la idea de que era necesario darle un nuevo vuelco a los impuestos y gastos del país. De hecho, desde su campaña, el jefe de Estado proclamaba el lema ‘Más salarios, menos impuestos’.

El plan, por un lado, era subir los ingresos de los trabajadores. Y, por el otro, reducir la carga tributaria de las empresas. Según el equipo económico del Gobierno, la fórmula era algo que han repetido muchos técnicos, pero que los críticos del gobierno de turno siempre tachan: si las compañías pagan menos impuestos, podrían generar más empleo y subir los sueldos.

En la práctica, les han reducido costos y el empleo y los sueldos siguen en terreno preocupante para las metas de reducir la desigualdad.

El ingrediente político siempre está presente en todo, pero más en las reformas tributarias. El Congreso es crítico, pero al final, es el que aprueba los proyectos. En este caso, aprobó bajar el impuesto de renta de personas jurídicas, tener más rentas exentas para algunos sectores como la economía naranja y darles mayores gabelas a las compañías, tales como descuentos en IVA, impuesto de industria y comercio (ICA) y gravamen a movimientos financieros (4 x 1.000).

En el 2018, a pocos meses de iniciada la Administración Duque, esta reforma -llamada Ley de Financiamiento- vio la luz al final del túnel y comenzó a regir al año siguiente. Lo que no se esperaba nadie era que su supervivencia duraría tan poco.

En la Corte Constitucional se comenzó a cocinar un fallo en contra de este articulado, al considerar que su trámite había violado los procesos que deben surtirse en el Legislativo. El alto tribunal tumbó la ley y obligó al Gobierno a sacar adelante una nueva, que, para que pasara rápidamente en el Congreso, pretendió ser calcada a imagen y semejanza de la ya aprobada (la otra ya había sido debatida).

La inédita situación llevó al Gobierno a sacar adelante una vez más esta iniciativa, pero con muchas propuestas nuevas. En ese entonces, se aprobaron los tres días sin IVA y se incluyeron algunos bienes a la larga lista de exclusiones.

Pero quizás los puntos más importantes fueron la devolución del IVA y la creación de una comisión de expertos, cuya misión debía ser revisar los beneficios tributarios que existen en Colombia, los cuales suman cerca de 90 billones de pesos. Es decir, son una buena fuente de potenciales ingresos.

2021: IVA, renta y pensiones

Cuando estos puntos se aprobaron en el Congreso, nadie sabía que unos meses después, al país y al mundo llegaría el coronavirus y todas sus implicaciones económicas y sociales. La pandemia destruyó cualquier posibilidad de que la economía creciera en 2020, destruyó millones de empleos y quebró a miles de empresas.

Como la situación lo ameritaba, el Ejecutivo tuvo que usar buena parte de su arsenal para hacerle frente a la covid-19. Así, la deuda pública subió a nivel que los expertos ven como alto para un país de ingresos medios como los de Colombia. El endeudamiento está alrededor del 60 por ciento del PIB. Y aunque la parte más dura de la emergencia sanitaria ya pasó, sus secuelas siguen vivas. Es decir, es probable que la deuda tenga que seguir subiendo.

En este punto, al equipo económico de Duque no le quedó otra salida que empezar a construir una reforma fiscal, lo que no sonó bien en un año en que los ciudadanos y las empresas se declaran aporreados por la pandemia.

Aún así, la reforma, llámesele fiscal o tributaria, es el único camino que tiene el Gobierno para obtener recursos que le permitan enfrentar la deuda y las necesidades de inversión. Según ha trascendido en el país, la iniciativa se presentará entre marzo y abril de este año, de tal modo que quede avalada antes de que termine el primer semestre del 2021.

Los detalles han venido aflorando a cuentagotas y lo que más suena, es que las personas naturales serán impactadas con las medidas. En cuanto al IVA, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo en Blu Radio que no subirá, ni cubrirá a toda la canasta familiar. Eso sí, algunos bienes y servicios “podrían pagar más”.

Según las propuestas preliminares que han salido a la luz pública, buscarían aumentar la base gravable del IVA, lo que quiere decir que, sin subir las tasas, a un mayor número de productos se les aplicaría el impuesto. De la mano de este ajuste, habrá mayores devoluciones del impuesto a los hogares más vulnerables, de tal modo que se les pueda compensar por dichas subidas.

Así, productos que hoy no pagan impuesto a las ventas o que tienen una tarifa de 5 por ciento, pasarán a tener el recargo del 19 por ciento.

A la par, el Gobierno también tiene en el radar incrementar el volumen de colombianos que pagan impuesto de renta. Actualmente, esta responsabilidad solo recae en los ciudadanos que ganan 4,9 millones de pesos al mes, cifra que podría bajar a entre 3,5 y 4 millones.

De esta forma, habría un millón de personas más que se harían cargo de este gravamen. Cabe destacar que este intento se ha hecho en otras propuestas de reforma, pero en los estrados legislativos no lo dejan pasar.

Otro nuevo intento por gravar las pensiones altas estaría por darse, si se incluye la gravación a las mesadas de más de 10 millones de pesos. Si bien no hay mayores detalles, podría asemejarse al Impuesto Solidario que se creó por la pandemia y ponía a tributar a los pensionados y asalariados del sector público de mayores ingresos.

Vale recordar que la Corte Constitucional tumbó este gravamen, pero la idea quedó en el aire y podría retomarse este año.

En esta misma linea, el MinHacienda dejó claro que deberán seguir pagando el impuesto al patrimonio, aun cuando este estaba proyectado para eliminarse al cierre del 2021. Con lo que se ha destapado hasta el momento, algunos miembros de partidos políticos y hasta algunos empresarios, han manifestado sus posiciones sobre las propuestas.

Por ejemplo, el CEO de Tecnoglass, Christian Daes, asegura que solo con quitar tantas exenciones tributarias, no habría necesidad de más. Entre tanto, Alejandro Chacón, congresista vocero del partido Liberal, expresó que su bancada “no acompañará una reforma tributaria que grave más la canasta familiar y a los asalariados”.

Agregó que en la pasada reforma tributaria advirtieron que no se debían crear más exenciones tributarias a las empresas. El ambiente para la aprobación del polémico proyecto de ley ya está enrarecido.