Reforma tributaria 2021, una misión posible

Esta semana, el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destaparon las cartas de la nueva reforma tributaria. Y en ellas, el as es el incremento en la tarifa, a 35 por ciento, del impuesto de renta a las empresas. Eso aportará un recaudo de 6,7 billones de los 15,2 billones de pesos que dará la propuesta total. Y aunque el terreno parece abonado para que el trámite en el Congreso sea rápido, en el camino todo puede pasar.

El proyecto es breve, sencillo y consensuado, según el Gobierno. Recoge la petición de los empresarios, quienes se ofrecieron a aportar los recursos necesarios para financiar la política social urgente que demanda la población vulnerable, sin tocar a la clase media con ningún impuesto adicional.

Por eso, el 60 por ciento del recaudo esperado provendrá del sector productivo.

La principal novedad es que el incremento en la tasa de tributación de las compañías será de aplicación permanente. Es decir, no solo operará por la emergencia actual; “implicaría un recaudo permanente adicional de 1,3 por ciento del PIB por año, lo que permitirá que podamos lograr que el déficit fiscal tienda a la baja, y que Colombia –entre 2024 y 2025– llegue a un superávit primario, con un nivel de la deuda pública decreciente hasta 60 por ciento del PIB en los próximos años”, dice el ministro de Hacienda.

Y no han protestado

Ese carácter permanente de una nueva tarifa de renta, muy lejos del 30 por ciento que pagarían en 2022 según la reforma de 2019, no pareció incomodar a los líderes empresariales. Incluso, desde ya anunciaron que no harán lobby para pedir modificaciones, como ha ocurrido en otros proyectos tributarios.

La propuesta fue bien recibida hasta por el sector financiero, que pagará una sobretasa de renta adicional del 3 por ciento hasta 2025, con la que sumarán 392.000 millones de pesos al recaudo.

Esta receptividad hizo que surgieran ciertas suspicacias en torno a si la razón por la cual no han protestado es porque les resulta más conveniente pagar un impuesto de renta más alto que perder los beneficios tributarios que ya tienen.

“Me sorprendió que aceptaran el 35 por ciento. Yo estoy más a favor de reducir beneficios y bajar simultáneamente la tasa, pero es un tema complejo y no hay tiempo para esa reforma más de fondo”, dice el exministro de Hacienda y excodirector del Banco de la República José Antonio Ocampo.

Lo que pagarán efectivamente

El tributarista y exdirector de la Dian Santiago Pardo sostiene que al elevar la tarifa de renta al 35 por ciento, la tributación total sociedad-socio pasará del 37,9 al 41,5 por ciento, lo que tendrá efectos en quienes reciben utilidades. “Eso es equitativo, sin afectar a las empresas que tuvieron pérdidas en la pandemia”.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, asegura que la aceptación del incremento se debe a la urgencia con la cual “hay que atender la crisis fiscal y social que ha sido agravada por los efectos de la crisis sanitaria. No tengo dudas de que la alternativa que nos queda a la mano es pedirle un esfuerzo especial al sector empresarial”.

Eso sí, así como ponen, también piden algo al Gobierno, quien aportará el 40 por ciento restante de los 15,2 billones de pesos de la reforma mediante la austeridad en el gasto (1,9 billones anuales) y el control a la evasión (2,7 billones).

“Será de gran importancia que todo el país sea consciente de la realidad que lleva al esfuerzo que hará el sector empresarial y, por ejemplo, cuando el ingreso petrolero aumente, o cuando el recaudo derivado de los controles a la evasión arrojen ingresos para el Estado, no caigamos en la tentación de gastar y gastar. La prioridad deberá ser utilizar los recursos para aumentar la competitividad y generar condiciones para que haya mayor actividad empresarial y crecimiento económico”, sostiene Mac Master.

¿Y si no vienen inversionistas a generar empleo?

Más allá del aporte de las firmas para enfrentar la necesidad de recursos, se necesita que lleguen inversionistas extranjeros que traigan proyectos de negocios y promuevan empleo.

Pardo estima que la reforma presentada es la que causa menos daño a la inversión extranjera y es lo mejor dentro de lo posible. “Nadie discute que con un déficit fiscal de entre 8 y 10 por ciento del PIB, el país necesita aumentar su recaudo tributario, mientras la economía se recupera y el crecimiento económico genera un nivel de ingresos superior”.

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el proyecto sí requiere modificaciones, y precisamente en el componente de la tributación empresarial. “Aumentar la tarifa de renta para las empresas al 33 y no al 35 por ciento, a cambio de eliminar las exenciones sectoriales”, es lo que propone.

“Es preferible una tarifa más baja, pero con mayor equidad horizontal. De manera alternativa, mantener la tarifa del impuesto de renta actual del 31 por ciento, pero aplicar una sobretasa marginal de renta de 4 puntos, para utilidades por encima de 800 millones de pesos, como se hizo en 2017 y 2018”.

Será que pasa fácil en el Congreso..

Con las escasas críticas que ha tenido hasta ahora, la tributaria da señales de que no encontrará tropiezos para recibir el aval en el Congreso. Pero eso no quita que existan dudas acerca de si los recursos alcanzarán para financiar subsidios, matrícula cero, apoyo a las mipymes y creación de empleo, entre otras políticas.

La expectativa del ministro de Hacienda es que, con los recursos que se obtendrán y luego de aplicar las medidas de apoyo social a la población, lo que llama “el corazón de la reforma”, se logre llevar la pobreza y el desempleo a los niveles prepandemia.

El programa Ingreso Solidario continuará haciendo una transferencia de 160.000 pesos a los beneficiarios; no obstante, se ampliará a 200.000 familias, con lo cual llegará a casi 3,3 millones de hogares. “El costo, en el primer año, será de 2,1 billones y en 2022, se necesitarán 6,6 billones.

Con ello, los niveles de pobreza volverían del 42,5 por ciento actual a 34,2 por ciento, como estaba el indicador antes de la pandemia”, dice Restrepo.

También se invertirán 700.000 millones de pesos por año en la matrícula cero de 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública que están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Planean reducir el desempleo juvenil del 23,9 por ciento al que llegó en la pandemia al 15,8, gracias a la medida que incluye la reforma de financiar 25 por ciento del salario mínimo para la empresa que contrate jóvenes de 18 a 28 años.

Así mismo, continuará el programa de subsidio a la nómina (Paef), que ayudará a las compañías a mantener los puestos de trabajo.

En la reforma se introduce una modificación, y es que beneficiará a firmas que tengan desde dos empleados, lo que está encaminado a proteger el empleo, principalmente, en la microempresa.

Aunque el Gobierno está confiado en que la reforma hará su trámite sin muchos peros, las modificaciones parecen inevitables.

El presidente de la Andi expresa que es necesario revisar si, en relación con el incremento en el impuesto de renta a las empresas, se requiere generar un régimen especial para las MiPymes. “Puede ser que algunas de ellas no estén en capacidad de hacer muchos esfuerzos en este momento”.

Y Cecilia López Montaño, exfuncionaria pública e investigadora social, expresa sus dudas sobre el recaudo esperado. “Mucho de lo que se espera recoger es incierto, como reducir tanto la evasión tributaria, de manera que logre sumar $2,7 billones al recaudo”.

A López Montaño también le preocupa la expectativa que tiene el Gobierno con el pago y reducción de la deuda pública, con una reforma que es la mitad de lo que aspiraba obtener la original propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda. En ese punto, el ministro de Hacienda sostuvo que “esta reforma equivale a dos terceras partes de la reforma estructural que necesita el país. Faltaría una tercera parte que le corresponderá al próximo gobierno”.

Habrá que ver qué tanto se conserva y qué cambios tendrá la nueva y urgente tributaria.

Lo que dice Minhacienda

SEMANA: ¿Por qué el impuesto a dividendos se dejó quieto en 10 por ciento?

JOSÉ MANUEL RESTREPO: Creemos que el recaudo más importante es el de la persona jurídica, y que el aumento en la tarifa de ese impuesto compensa el recaudo eventual que se pueda tener por dividendos.

SEMANA: ¿En cuánto aumentará al año el recaudo con las medidas propuestas?

J.R.: Implicaría un recaudo permanente adicional del orden de 1,3 por ciento del PIB al año, lo que permitirá que el déficit fiscal tienda a la baja, y que Colombia –entre 2024 y 2025– tenga un superávit primario, con un nivel de la deuda pública decreciente hasta 60 por ciento en los próximos años.

SEMANA: ¿Por qué no modificaron el Ingreso Solidario para ir hacia un ingreso mínimo garantizado?

J.R.: Debido a que con el Ingreso Solidario ya hay personas que se están beneficiando, no quisimos afectar a las familias. Por eso se mantiene el mismo valor: 160.000 pesos, pero se incrementa el número de familias, para llegar a beneficiar a por lo menos un millón de personas adicionales a las que teníamos antes.

SEMANA: ¿Cuándo se aprobará la reforma?

J.R.: Soy democrático en el debate. El Congreso de la República es el espacio natural para ello.

El proyecto tiene mensaje de urgencia, y por lo conciso, sencillo y consensuado, esperamos poder darle avance entre julio y agosto.