Reforma tributaria: críticas a impuestos, pero pocas propuestas para financiar salvavidas social

El país político está enardecido con la reforma tributaria de 2021, y enfrascado en una enorme controversia alrededor de los impuestos. Pero, al mismo tiempo, en los hogares colombianos rotulados con el sello de pobreza o de pobreza extrema crece la zozobra.

Aunque en los momentos de calma en el ritmo de contagio de la pandemia hubo cierto oxígeno para quienes obtienen ingresos del rebusque o de un trabajo informal, las estadísticas muestran que la situación no les ha cambiado mucho.

Antes de la crisis sanitaria y económica, nueve de cada diez familias en el país (88,9 por ciento) podían financiar tres comidas al día. Después del golpe económico que le propinó el coronavirus al bolsillo, esa cifra se redujo a 69 por ciento, es decir que a diario siete de cada diez familias logran comer tres veces. Y lo peor es que esa situación se ha mantenido igual entre julio de 2020 y febrero de 2021, según el más reciente informe de Pulso Social, del Dane.

En este informe, que analiza la situación de toda la población colombiana, los que peor la están pasando son los 15 millones de hogares mencionados por el presidente Iván Duque como los candidatos para el ambicioso paquete social incluido en la reforma. Ellos a veces no logran conseguir –por su propio esfuerzo– ni para un alimento al día.

La gran paradoja es que en el país son pocos los que rechazan la idea de un salvavidas, como un ingreso mínimo garantizado, para la población en mayores aprietos. Pero también son pocos los que plantean una alternativa al tema social, en caso de que la reforma tributaria llegue a ser retirada, como ya lo están pidiendo algunos grupos políticos.

La fuente de recaudo, el punto crítico

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es crítico de las propuestas tributarias. Sin embargo, coincide en que se necesita un ingreso mínimo garantizado, y “el hecho de que el tema esté en el debate ya es un avance”. A pesar de ello, rechaza la idea de que la reforma “recaude más plata de los asalariados mientras se queda corta en cobrar más a los dueños de los conglomerados empresariales”.

Las ayudas públicas para millones de ciudadanos, que ahora con la propuesta legislativa suenan más generosas, han marcado para muchos la diferencia entre comer o acostarse sin probar bocado en el día. Lo ha sido para Yuri, madre cabeza de hogar, quien a diario debe hacer malabares para sacar adelante a sus dos hijos. Su familia depende de un ingreso inestable, que gana como vendedora de bolsas de basura en las calles de Bogotá. A veces recoge 10.000 o 20.000 pesos, que tiene que hacer rendir e inclusive guardar una parte para completar el valor del canon del arriendo. Por eso, dice que los 37.500 pesos que al mes ha recibido por la devolución del IVA la han salvado en muchas ocasiones de ser echada por falta de pago de su lugar de habitación.

La devolución del IVA, que ha ayudado a Yuri en la emergencia, es uno de los montos que se ajustan en la reforma tributaria planteada por el Gobierno. Ya no será de 75.000 pesos cada dos meses, sino de 100.000 pesos, según confirma Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). La tributaria propone que llegue a 4,7 millones de hogares como algo muy distinto a un subsidio, pues se trata de un mecanismo de retorno de los recursos que pagan en IVA los más vulnerables al adquirir sus productos de consumo.

La transformación de Ingreso solidario

Entretanto, el que hasta ahora ha sido llamado ingreso solidario es uno de los subsidios que se transforma. Tendrá un carácter permanente, convirtiéndose así en una especie de renta básica, con la cual los hogares en pobreza recibirán una ayuda que oscila entre 80.000 y 252.142 pesos; o entre 80.000 y 366.101 pesos para quienes están en pobreza extrema. Los recursos, que, según el Gobierno, llegarán a 1,3 millones de hogares del grupo A de pobreza y a 3,4 millones de familias en la línea de pobreza del grupo B, se asignarán según el número de integrantes de cada unidad familiar.

Ese auxilio era para los que no recibían otras ayudas del Estado, pero ahora podrá combinarse con los demás subsidios vigentes: Colombia Mayor, subsidios de energía y gas, entre otros. “Habrá hogares que tienen un ingreso solidario, que es el complemento de otros programas, pero va a haber otros que solo recibirán ingreso solidario”, explica el director del DNP.El diseño de esta transferencia nació a partir de la experiencia con el ingreso solidario actual, habilitado en tiempo récord para ayudar a la población durante la pandemia.

“Antes, era un monto igual para todos: 160.000 pesos. Ahora, la diferencia la hará la línea de pobreza. Algunos necesitarán 350.000 pesos de ingreso solidario, otros, 160.000 pesos, dependiendo del nivel de ingresos propios que tengan y de las transferencias que reciban”, sostuvo Rodríguez.

Quieto en la línea

El cruce de subsidios será el camino para evitar que los ciudadanos por lo menos no bajen del nivel socioeconómico que tenían antes de la pandemia. Por ejemplo, un beneficiario de Colombia Mayor recibe 80.000 pesos, cifra que no alcanza a sacar al hogar de la línea de pobreza (ingreso de 327.647 pesos per cápita). Como explica el director del DNP, cuando el hogar está compuesto por dos adultos mayores, recibirá los 80.000 pesos más un ingreso solidario. Todo depende del tamaño del hogar.

Pero, eso sí, el monto total de las transferencias monetarias, sumando las condicionadas y las no condicionadas, más los subsidios de energía y gas que reciba el hogar, no podrá ir más allá de 65 por ciento del salario mínimo vigente. Es decir, en la actualidad, los auxilios no podrán exceder 590.000 pesos al mes.

En definitiva, el objetivo del paquete social contemplado en la reforma tributaria es cortarle las alas a la pobreza, fenómeno que, una vez se oficialice el dato de 2020, podría ser de 42 por ciento de la población y de 11,6 por ciento para pobreza extrema, según estima el Gobierno en el Conpes sobre reactivación económica.

Un punto clave que menciona Eduardo Lora, uno de los autores del estudio ‘Reformas para una Colombia poscovid-19, hacia un nuevo contrato social’, de Fedesarrollo, es la urgencia de enfrentar el riesgo de que aparezcan cazadores de subsidios sin que necesariamente sean personas en dificultades.

Por eso, las esperanzas están cifradas en el Sisbén IV, el cual, a juicio del experto, debe ser el único mecanismo de identificación de beneficiarios de las ayudas. “El Sisbén IV no agrupa a los pobres por barrios, sino que es más detallado, valorando características por familias”, dice.

¿Y los adultos mayores?

Según este reconocido investigador, la iniciativa del paquete social de Fedesarrollo incluyó un componente que el Gobierno pasó por alto en la tributaria propuesta: el ingreso básico para los adultos mayores. “Sería el subsidio que más efecto tendría en reducción de la pobreza. Que todo adulto mayor de 65 años reciba 415.000 pesos mensuales resolvería la pobreza entre adultos mayores, lo que es una vergüenza para un país que se gasta tanta plata en pensiones”, dice Lora.

¿Por qué subsidios y no empleo?

Algunos de los críticos de la reforma argumentan que está latente el riesgo de que la política social asistencial termine estimulando a la gente para que se quede anclada en la pobreza y así recibir subsidios. En respuesta a esas conjeturas, el director del DNP sostiene que hay evidencia empírica, no ideológica ni filosófica, de que los beneficiarios de Ingreso Solidario y la devolución de IVA no han dejado de salir a buscar trabajo. “Mucha gente habla desde la comodidad del Zoom, mientras cientos de miles de colombianos han perdido su negocio o su trabajo; personas que viven del día a día y han visto mermados sus ingresos”, dice.

Es claro que el momento actual en el país es de subsidios. Su aplicación en la pandemia ha sido vista desde dos ángulos: como muy tímidos o como un salvavidas. Así los ve Jessica Faieta, representante del PNUD en Colombia, quien expresó: “Los programas sociales han evitado que al menos 2 millones de personas caigan en pobreza, y otros 4 millones, en pobreza extrema”.

Garantizar que la tributaria contenga un robusto paquete social para enfrentar la pandemia es imperativo. Quienes buscan tumbarla están obligados a proponer alternativas para esos millones de familias que esperan un salvavidas. Es mera justicia social, no solo populismo.