Reforma tributaria: estos son los cinco cambios que incluiría el gobierno Duque

Mientras el Gobierno trata de alistar todas las fichas en el tablero de ajedrez en el que se mueve la nueva reforma tributaria, todo indica que las que aún no ha terminado de cuadrar están en los respaldos políticos para impulsarla en el Congreso.

La oposición y algunos analistas independientes insisten en que no se debe presentar la reforma porque no es el mejor momento. Argumenta desde la difícil situación económica de los colombianos y las empresas, hasta la compleja coyuntura que implica la campaña electoral. Y la polarización es cada vez es más intensa.

Hacienda ya empezó a socializar la reforma ante un grupo de parlamentarios. Pero eso no ha sido suficiente: mientras los partidos de oposición están en contra, los independientes y aliados del Gobierno no quieren asumir los costos políticos.

Aunque se ha dicho que la tributaria empezaría a tener efectos en 2022 y 2023, el costo político de más impuestos para buscar $ 15 billones, no lo quiere pagar nadie. El Gobierno tiene claro que asumirá ese desgaste, aún sin recibir los ingresos de la tributaria. Pero para sus aliados esto puede ser un lastre.

No hacer la reforma ahora no es opción. Es poner en riesgo el grado de inversión, la confianza de los mercados y dejar un chicharrón monumental para cuando llegue el próximo gobierno.

Este encontraría la olla raspada y no tendría margen de maniobra para conseguir pronto los recursos que se necesitan para financiar el gasto social, los gastos del Estado y la deuda pública. Seguramente el tiempo no será su mejor aliado y el país entraría en serios problemas fiscales.

Por eso el gobierno ha decidido gastarse el capital político haciendo una apuesta que luce arriesgada, aunque es inminente. ¿Qué cambios está contemplando el gobierno? En las últimas semanas desde Hacienda se han dado algunas puntadas de lo que podría contener la nueva reforma fiscal, como prefiere llamarla el presidente Iván Duque.

Estos son los cinco temas que hasta ahora ha dejado trascender el gobierno, de su reforma, que podría presentarse después de Semana Santa.

1. Aplazar el descuento del ICA

En la Ley de Crecimiento Económico se aprobó que para estimular el crecimiento de la economía e impulsar su reactivación, se permitía que dentro del pago del impuesto de renta, se pudiera aplicar un descuento del 50 % de lo que se pagó en el periodo como Impuesto de Industria, Comercio y Avisos, ICA por los dos primeros años y del 100% a partir del 2022.

Se trata de un impuesto nacional que acepta hacer un descuento de un impuesto municipal, situación que muchos analistas criticaron en su momento.

Fedesarrollo estimó en diciembre de 2019 que el costo de este descuento en el primer año sería de $ 1,6 billones, en el segundo de $ 1,7 billones y a partir del tercer año, cuando el descuento sea del 100 %, reduciría el recaudo fiscal del gobierno en $ 7,4 billones.

Aplazar este descuento tributario, por lo tanto, podría ser de gran ayuda para equilibrar las finanzas del gobierno en este momento.

2. Aplazar la reducción en la tarifa del impuesto de renta

Cuando en 2019 se discutió la Ley de Crecimiento Económico, otra de las medidas muy aplaudidas por el sector empresarial apuntaba a reducir la tarifa general que se paga en impuestos de renta. También el propósito era aliviar la pesada carga a las empresas para que estas trabajaran en su reactivación.

Bajo esta premisa, se planteó que la tarifa del 33 % se reduciría a 32 % para el año 2020; bajaría al 31 % en el periodo gravable 2021 y a partir del 2022 se ubicaría en el 30 %.

En este caso, Fedesarrollo analizó el costo que tendría para el fisco hacer estas rebajas y estimó que en el primer año el gobierno dejaría de recaudar $ 1,3 billones; para el segundo los ingresos fiscales bajarían $ 2,7 billones y en 2022 el menor recaudo sería de $ 4,3 billones.

En este momento esta es otra de las medidas que podría tener reversa pues esos descuentos en momentos de grandes necesidades fiscales resultan improcedentes. Por eso el gobierno ya ha dejado saber que esta reducción tendrá que ser revisada.

3. Impuesto a pensiones altas y más colombianos declarando

Quizás una de las discusiones más espinosas que tendrá la nueva reforma tiene que ver con la idea de ampliar la base de contribuyentes y poner impuestos a las pensiones altas. Esta última idea ya ha sido planteada por varios partidos políticos. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué cambios se harán pues este es un tema en construcción.

Pero todo indica que un tema clave será definir a partir de qué nivel de salario los colombianos tendrán que comenzar a presentar y pagar su declaración de renta. Actualmente la presentación es obligatoria para quienes ganen a partir de $ 4,1 millones mensuales de salario. Pero la idea es que este tope se baje porque se necesita ampliar la base de contribuyentes y tener mejor información tributaria.

Anif ya propuso que la obligación de presentar la declaración de renta, y comenzar a pagar tarifas graduales aunque bajas, debería operar a partir de ingresos mensuales de $ 1,5 millones. Por otro lado está la discusión de gravar las pensiones altas.

Hasta ahora la definición de ‘pensión alta’ se ha centrado en aquellas superiores a los $ 10 millones mensuales, que ya el año pasado tuvieron que hacer un ‘aporte solidario’ con destino a los más vulnerables.

En ese momento, y en plena pandemia, el Gobierno aprobó un decreto que apuntaba a 18.470 personas que en el país tienen una pensión superior a ese monto. Sin embargo, no hay dudas de que este será un tema álgido en el Congreso.

4. Impuesto al patrimonio

Aunque hace dos décadas este impuesto fue adoptado de manera transitoria como un ‘impuesto a la riqueza’, lo cierto es que varios gobiernos han acudido a él para financiar sus necesidades fiscales, recuerda el experto en temas tributarios Javier Hoyos Arboleda, director de Gestión Legislativa y Gobierno.

En esta reforma también el gobierno estaría pensando extender por lo menos por un par de años mas el impuesto al patrimonio. Este ya se viene cobrando desde la reforma de 2019 para las personas naturales con un patrimonio bruto (excluyendo las deudas a cargo) superior a los $ 5.000 millones y la tarifa que se viene pagando es del 1 %.

Todavía no es claro si en la nueva tributaria se mantendrán estos mismos topes y tasa, o si habrá un ajuste para que el pago se haga sobre patrimonios menores de $ 5.000 millones y la tarifa sea superior.

5. Eliminar exenciones y exclusiones en IVA para ampliar el cobro de este impuesto

Sin duda, el tema más espinoso de la nueva reforma es el que busca tocar el grupo de productos de la canasta familiar que hoy están excluidos o exentos del pago del IVA. Esta no es una discusión nueva. En el trámite de las últimas dos reformas el gobierno ha tenido que dar su brazo a torcer porque incluso ha encontrado opositores en su propio partido.

El tema es que ya 98 productos están gravados con la tarifa general del 19 %, sobre otros 10 se cobra la taifa del 5 % y hay 73 más que hacen parte del grupo de exentos o excluidos. El Gobierno ya ha dicho que es necesario reducir este gran volumen de exenciones y exclusiones, aunque nadie sabe cómo logrará vencer la resistencia del Congreso frente a esa medida.

El tiempo no ayuda y no será una tarea fácil: nadie en el Congreso quiere asumir el costo político de ser el que permitió que se le pusiera IVA a más productos de la canasta familiar, en vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas de 2022.

El Ejecutivo tendrá la difícil misión de convencerlos y sobre todo, de dejar en evidencia que los más vulnerables no se verán afectados, pues a ellos se les harían las mayores devoluciones del IVA. Este mecanismo ya ha probado su eficacia durante la pandemia.

La nueva reforma fiscal tendrá que recoger unos 15 billones de pesos para aliviar las finanzas del Estado. Aunque el gobierno baraja varias fórmulas para lograr ese nivel de recaudo, no parece fácil en este momento.

Sin embargo, es claro que no hacer nada no es opción. Por eso, los empresarios tienen en este momento puestos los ojos en el proyecto que llevará el Gobierno al Congreso. De su buena formulación dependerá que el país mantenga la confianza internacional, los empresarios logren reactivarse y el país cuente con los recursos para enfrentar el difícil momento social, político y económico que vive el país.