¿Tiene futuro la mega reforma tributaria de Carrasquilla?

El Gobierno por fin radicó esta semana su proyecto de reforma tributaria con el que busca obtener los recursos para enfrentar la dura crisis fiscal, agudizada por la pandemia. Y como se había anunciado, se vino con todo.

El Ejecutivo necesita $ 28 billones, que saldrán esta vez de impuestos, lucha contra la evasión y recortes del gasto. La mayor tajada vendrá del proyecto de solidaridad sostenible, como fue bautizada la tributaria, que a lo largo de 163 artículos modifica desde el IVA, el impuesto al patrimonio y el de renta a personas naturales y jurídicas hasta crear nuevos gravámenes a las pensiones y al medioambiente.

En su anuncio, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, puso las cartas sobre la mesa: el país alcanzará este año un déficit cercano a $ 100 billones, porque el ritmo de gasto ha crecido. Y, en este momento, hay que buscar cómo financiarlo.

Aunque la tributaria no tapará ese enorme hueco, pretende, por un lado, generar confianza entre los prestamistas y, por el otro, mantener los programas sociales, vitales para la reactivación. La política social es un eje fundamental de la reforma y ataca un problema que se agravó con la covid-19: la elevada tasa de pobreza actual del país, y sus devastadores efectos en las familias y la economía.

La idea de Carrasquilla es técnica pero también política. Plantea una especie de renta básica a los hogares en pobreza y pobreza extrema, como lo han pedido la academia y la oposición. Eso incluiría un paquete robusto con Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, la devolución del IVA e, incluso, los demás programas y subsidios de energía y gas.

Procuran atender casi 40 % de los colombianos , que tendrían un aumento en sus ingresos mensuales. Sin duda, la pandemia ha hecho más notoria la pobreza, pues hoy casi la mitad de la población está en riesgo de caer en esa condición. Pero sacar adelante un revolcón social no es barato. Implica que quienes están más arriba de la pirámide de ingresos aporten más recursos.

Como lo dicta la lógica, los de menores ingresos deben tener alivios, mientras que los más adinerados deben poner parte de sus ingresos y riquezas. Aunque no será lo único que tengan que pagar. El endeudamiento para mitigar la pandemia fue de tal magnitud que el país podría quedar debiendo todo su PIB de aquí a 10 años si no se hace nada. Este es un problema serio que requiere soluciones drásticas e inmediatas.

Por eso, el Gobierno le apuesta a una mega reforma tributaria en pleno año preelectoral y justo cuando el coronavirus sigue poniendo en jaque la economía. Colombia tiene una bomba fiscal silenciosa que podría estallar más temprano que tarde.

El presidente Iván Duque así lo ha reconocido: “La política pública fiscal va a ser el reto más grande desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial (...). Quienes no hagan nada y se dejen llevar por la demagogia y el populismo van a detonar una crisis de deuda”.

¿Reforma para ángeles?

Nadie duda de la necesidad de conseguir recursos para atender los frentes fiscal y social del país. Pero recaudar $ 28 billones no será fácil en este momento. La cifra revela un primer recorte frente a la propuesta del Gobierno antes de Semana Santa, cuando habló de recaudar $ 31 billones.

Eso prendió las alarmas, ya que Colombia podría quedar en el peor escenario tributario. Por un lado, la pandemia ha golpeado muchos bolsillos, y pocos están dispuestos a meterse la mano al dril. Por otra parte, urge aprobar programas sociales más ambiciosos y que lleguen a más hogares. Conciliar estos dos asuntos parece una misión imposible. Pero es absolutamente necesario hacerlo.

Lograr ese equilibrio será el gran desafío del Congreso. Esto no implica que la única fórmula posible sea la que plantea Carrasquilla, que le apunta a una iniciativa tributaria, fiscal y social. Su idea incluye un revolcón a la regla fiscal, que le daría espacio para gastar más hasta que las finanzas se estabilicen.

Aunque también hay un componente tributario de gran calado. En IVA se planea eliminar el grupo de exentos, lo que podría encarecer algunos bienes y servicios básicos. En renta, la meta a mediano plazo es que 7 millones de colombianos paguen al incluir nuevos contribuyentes y mayores tarifas para quienes ya tributan.

Las mesadas pensionales superiores a $ 7 millones quedarán gravadas, al igual que todos los trabajadores públicos y privados que ganen $ 10 millones o más. Y para los ciudadanos con patrimonios de más de $ 5.000 millones se mantiene el impuesto a la riqueza.

La apuesta va más allá: incluye ajustar los impuestos a vehículos y gasolina, al tiempo que las personas y empresas tendrían que aportar más para hacerle frente al cambio climático. Y se autorizarían peajes urbanos en ciudades capitales, de tal forma que su infraestructura cuente con una mayor bolsa.

La reforma es enorme, aunque fundamental para estabilizar la economía. Pero como están las cosas, hay pocas posibilidades de que sobreviva en el Legislativo. Más se demoró Carrasquilla en presentar el articulado que el Centro Democrático en pedir cambios en IVA, renta y pensiones. Hasta aseguraron que no respaldarán la totalidad del articulado. “Advertimos sobre la necesidad de no exagerar en impuestos”, dijo la bancada uribista.

Tampoco tiene ambiente entre centrales obreras y partidos de oposición, que rechazaron la iniciativa y reiteraron su llamado a paro nacional el 28 de abril.

El Ministro de Hacienda y su equipo deben leer con cuidado estos mensajes. Una ley que asfixie a empresas y ciudadanos puede ser una mala decisión, por más que técnicamente sea correcta. Y aunque el texto presentado es el más ambicioso y estructural que ha tenido el país en las últimas décadas, quizás el momento no es el más oportuno.

Pero, si no es ahora, el país corre el riesgo de perder la oportunidad de transitar hacia un esquema más eficiente, justo y sostenible en impuestos.

Carrasquilla es un zorro viejo en el Congreso y conoce como pocos los hilos que allí se mueven. Tanto es así que ha presentado ocho reformas, aun cuando en ocasiones ha tenido que dar su brazo a torcer.

La tarea del Ejecutivo será encontrar un punto medio entre las necesidades fiscales, el golpe al bolsillo de millones de colombianos y los intereses que surjan durante los debates. Más aún con una pandemia y un proceso electoral en ciernes, que pueden atraer populistas cantos de sirena para conquistar las masas y llevar al país a una sinsalida social y económica. Los debates apenas comienzan, pero su desarrollo será clave para el futuro de la Nación.

Abecé de la reforma

• Salarios y pensiones: en 2022 pagarían renta quienes ganen desde $ 4,1 millones en promedio. Luego, en 2023, el umbral bajaría a $ 2,9 millones y en 2024 llegaría a su etapa final de $ 2,5 millones. Los pensionados deberán tributar si reciben $ 7 millones o más por mes. Y todo trabajador con ingresos de $ 10 millones o más pagaría el impuesto solidario.
• Renta de personas naturales: más personas deberán pagar el impuesto de renta. Las tarifas empezarán en 10 % e irán hasta 41 %, y solo habrá una exención del 25 % del ingreso gravable, sin contar aportes a seguridad social. La declaración de este impuesto será obligatoria para todos los que ganen a partir de $ 29 millones al año.

• Patrimonio y normalización: el impuesto al patrimonio se mantiene por dos años más, con tarifas progresivas de entre 1 % y 3 %. Estará exento el patrimonio asociado a viviendas de hasta $ 980 millones. De otro lado, habrá una nueva amnistía tributaria para quienes tengan activos no declarados o hayan registrado pasivos inexistentes. Su tarifa será del 17 %.
• Cambios en el IVA: en el principal cambio se elimina la categoría de exentos, con lo cual la mayoría se convertirá en excluida. Esto, según los gremios, podría encarecer los huevos, la leche y la carne. Otros productos tendrán IVA de 5 %. Eso sí, habrá mayor devolución a los hogares pobres: los giros serán de unos $ 50.000 por mes.
• Impuestos a empresas: se proponen dos tarifas: 24 $% para firmas con renta líquida de hasta $ 500 millones y una tarifa marginal del 30 % para las que superen ese umbral. Todas deberán pagar una sobretasa del 3 % entre 2022 y 2023. También se eliminarán algunos beneficios tributarios, pero respetando los derechos adquiridos.