Reforma tributaria: Si no es ya, ¿cuándo?

Una advertencia hecha esta semana por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, durante un debate en el Congreso de la República, dejó fríos a muchos colombianos, justo en momentos en que la reforma tributaria sigue sin aterrizar en el Legislativo.

El funcionario fue directo: con los recursos y la normativa que hoy tiene el país no hay con qué pagar el Ingreso Solidario más allá de junio. El subsidio, creado en medio de la pandemia, beneficia a tres millones de familias pobres.

No se trata de un capricho o una amenaza, como algunos lo han querido presentar. La ley que extendió este programa lo fijó hasta mediados de 2021, con lo cual, si no hay una norma que lo amplíe, la iniciativa termina allí.

En redes sociales, el anuncio fue recibido con terror y no es para menos. Cálculos del Dane y otros expertos señalan que la pobreza en el país habría crecido tres puntos adicionales el año pasado de no ser por este tipo de subsidios. Detrás de estas cifras hay millones de hogares que lograron sortear el año más difícil para el país en más de un siglo. Por cuenta de las duras cuarentenas, muchos colombianos vieron reducir a cero sus ingresos. Sobre todo aquellos que trabajan en la informalidad o en sectores sensibles como entretenimiento, turismo o transporte, que estuvieron cerrados durante buena parte del año.

A esto hay que sumarle las protestas que se han desarrollado en todo el país desde finales de abril, que muestran que para muchos, incluso a pesar de los programas de ayuda del Gobierno, la situación sigue siendo crítica.

Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Colombia Mayor son hoy un activo social y un colchón para buena parte de la población colombiana. Así que el Gobierno no se quiere ni imaginar hasta dónde llegará el descontento si además es necesario anunciar un recorte en estos programas hasta nuevo anuncio. Y el problema es que todavía no hay certeza sobre la reactivación, que sería un alivio para la economía de todos.

Hoy, las grandes ciudades han dejado atrás las medidas de confinamiento, pero el duro golpe en el bolsillo de los colombianos augura que recuperar el ritmo de gasto prepandemia tomará más de dos años.

Los programas sociales, aunque todavía insuficientes, siguen siendo claves para la estabilidad social porque se volvieron un bálsamo para los más pobres y vulnerables. En particular Ingreso Solidario, que les llega cumplidamente a tres millones de familias cada mes y les ha permitido comprar sus bienes básicos.

Así lo confirma una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que encontró que los colombianos utilizaron los 160.000 pesos mensuales para gastos clave como educación, compra de artículos de limpieza y alimentos. Por donde se le mire, Ingreso Solidario fue un éxito gracias al trabajo de muchas entidades, lideradas por el Departamento Nacional de Planeación.

No obstante, todo su esfuerzo podría perderse si no se aprueba una reforma tributaria de manera rápida y que incluya los recursos necesarios para financiar este gasto social.

Así que la aprobación de la reforma tributaria se volvió ahora un imperativo categórico en materia de finanzas públicas y gasto social.

De lo que vote cada senador y representante dependerá el futuro de millones de ciudadanos que hoy siguen sintiendo el coletazo de la pandemia. No obstante, también depende de qué tan rápido se aborde la discusión en el Congreso. Y todo indica que, para muchos, la herida de las protestas sociales todavía está abierta y cualquier error de cálculo en la propuesta de una reforma tributaria puede encender de nuevo los ánimos.

Al cierre de esta edición, el Legislativo había realizado dos audiencias públicas para encontrarle una salida a la reforma y para la próxima semana está programado un encuentro más.

El propio expresidente y exsenador de la república, Álvaro Uribe, advirtió en sus redes sociales que “si la reforma tributaria la pagarían solamente los más pudientes, y es para ampliar políticas sociales y de juventud, el Gobierno debería explicarla a la ciudadanía, presentarla al Congreso, que en la discusión se den las audiencias. Lo socialmente correcto no debería dar temor”.

La preocupación entre los representantes del Gobierno es clara y el tiempo sigue corriendo.

Las horas pasan

La llegada de junio anticipa que aprobar la iniciativa antes de que termine la actual legislatura, el próximo 20 de junio, es prácticamente imposible.

No obstante, hay unas salidas para lograr que la situación social no se descarrile aún más. La primera es que la reforma llegue con mensaje de urgencia, una figura jurídica que permitiría acelerar el debate.

Si ello va acompañado de una convocatoria a sesiones extra en el Legislativo, los congresistas tendrían algo más de mes y medio para sacar adelante la controvertida reforma tributaria. De esta medida son partidarios pesos pesados como el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga y el jefe de Estrategia Global de XP Securities, Alberto Bernal.

La otra solución es que mientras llega la reforma tributaria al Congreso, allí mismo se apruebe un paquete de emergencia que incluya la extensión de los programas de apoyo a la nómina y el Ingreso Solidario. Según el exministro Mauricio Cárdenas, ampliar estas ayudas es determinante para hacerle frente a la hecatombe económica que trajo la pandemia.

Por lo pronto, el Gobierno mantiene su análisis de las propuestas hechas desde diversas orillas. Aunque ya se ha decantado por buena parte de ellas.

En el articulado se tendrá en cuenta que hay grupos de la población más afectados, como los jóvenes, las mujeres de más de 40 años, los trabajadores informales y los micro y pequeños empresarios. Pero también que la clase media sigue sintiendo el coletazo de la covid-19.

¿Qué queda, entonces? Tratar de conseguir unos 15 billones de pesos –podría ser menos dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen–, los cuales serían aportados por los más pudientes y las empresas.

Eso sí, el Gobierno y el Congreso deben mantener la línea que la tributaria resuelva los problemas actuales y no se meta con los del futuro. La lección que dejó Alberto Carrasquilla ya debe estar aprendida: por querer abarcar mucho, convirtió al proyecto en el florero de Llorente del paro nacional. Aún hoy se sigue tratando de apagar ese incendio. Lograr una estabilidad para el corto plazo permitirá desactivar la bomba social que puso la emergencia sanitaria.

Tal vez eso explique la posición de algunos legisladores que temen abordar la discusión de los impuestos porque podría convertirse en un asunto de insatisfacción entre buena parte de la población.

Pero aplazar el proyecto es un lujo que el país no puede darse. Cabe recordar que además de las necesidades reales de financiación de los programas sociales, está la espada de Damocles en que se han convertido las agencias de calificación.

Si estas instituciones ven que el país patea para adelante el debate tributario, podrían seguir rebajando la calificación; existe la posibilidad de que Fitch o Moody’s sigan el camino de Standard and Poor’s y le bajen la nota al país, con todas las implicaciones que eso tiene.

La postura que ha tomado del ministro Restrepo es prudente y eso puede servir de salvavidas para que Colombia mantenga la línea abierta con las calificadoras. De hecho, esta semana se reunió con las agencias de calificación de riesgo, en unos encuentros que serán claves para el futuro de las finanzas.

El Gobierno enfrenta una verdadera encrucijada: tiene que discutir la reforma tributaria porque necesita financiar el gasto social que aplaque los ánimos en las calles. Pero, si se decide a presentarla, cualquier medida podría volver a calentar la protesta social. No son tiempos fáciles para nadie. Es necesario acertar para que el país pueda seguir el camino de la recuperación. Pero también es necesario que esa discusión se dé ya.