GRADO DE INVERSIÓN

Reforma tributaria y crecimiento económico, las claves para mantener el grado de inversión de Colombia, según Hacienda

Se espera que en el segundo semestre del año Fitch Ratings y Moody’s Investors Service tomen una decisión sobre la calificación soberana de Colombia.

21 de junio de 2021
Colombia completa 14 creadores de mercado tras ingreso de Banco Santander | Foto: Foto: Ministerio de Hacienda

El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Arias, habló con Dinero sobre los aspectos relevantes que tendrán en cuenta las calificadoras de riesgo al momento de evaluar la pertinencia del grado de inversión de Colombia.

Arias explicó que si bien el endeudamiento ha sido uno de los aspectos más relevantes para las calificadoras, el ajuste fiscal y la capacidad del Gobierno de sacar reformas adelante también influyen en la valoración de las agencias.

“La calificación soberana no refleja de manera unidireccional el nivel de deuda del país, sino que también tiene en cuenta cuál es el plan a corto y mediano plazo. Ellos miran cuáles son las políticas que se tienen para estabilizar y empezar a bajar el nivel de deuda pública”, dijo Arias.

Mese atrás, S&P Global Ratings rebajó la calificación de Colombia desde BBB- hasta BB+ y le quitó el grado de inversión al país. Ahora los inversionistas están atentos a lo que Fitch Ratings y Moody’s Investors Service hagan con la nota del país.

Para Arias, hay tres aspectos que determinarán el futuro de la calificación de Colombia: el crecimiento económico, la nueva reforma tributaria y la capacidad de sacar iniciativas que impulsen la sostenibilidad y crecimiento.

“Dentro de los aspectos que determinarán la calificación de Colombia está el crecimiento económico. No hay prospecto de consolidación fiscal si la economía no crece”, dijo Arias.

En cuanto al tema de la consolidación fiscal, el director de Crédito Público dijo que la nueva reforma tributaria será clave para mostrarle a los agentes del mercado cómo será el ajuste que hará el país en los próximos años.

“El segundo tema relevante es la estrategia de estabilización fiscal de las finanzas públicas en el mediano plazo y para eso es importante el contenido y lo que salga aprobado del proyecto (reforma tributaria) que se presentará en el Congreso de la República. De esta reforma depende también la continuidad y el fortalecimiento de política públicas que son importantes para la población vulnerable”, dijo.

El último tema que Arias, quien años atrás hizo parte de las calificadoras de riesgo, dijo que se tendrá en cuenta para el grado de inversión es la capacidad del país de implementar medidas en pro de la sostenibilidad económica.

“La calificación no es una calificación de un gobierno, sino de un país. Hay aspectos que pesan como los estructurales y la capacidad de llegar al consenso en temas como la economía y la política social. En este aspecto, Colombia tiene una ventaja y es que los contenidos de las reformas siempre han encontrado soluciones legítimas y gradualistas”, dijo.

Fitch Ratings ya anunció que evaluará el grado de inversión de Colombia en un mes, mientras que Moody’s le dijo a este medio que esperará a que el Congreso apruebe la reforma tributaria para tomar una decisión.

Y es que la nueva reforma fiscal, por medio de la cual se buscan incrementar los ingresos y aumentar el gasto social en pro de la población vulnerable, es un aspecto importante no solo para el grado de inversión, sino para la sostenibilidad de la economía colombiana.

“Es de vital importancia para los inversionistas y agentes del mercado ese proceso de construcción de diálogo que termine en una reforma que garantice los dos objetivos de ampliar las redes de protección social y de establecer un proceso de estabilización de la deuda que se dará a partir de 2023 y 2024”, agregó el director de Crédito Público.

Se espera que la nueva reforma sea presentada al Congreso el próximo 20 de julio y que su recaudo sea de alrededor de unos $14 billones.

“Para ser consistentes con la protección social en Colombia se requieren de unas fuentes a las cuales varios sectores empresariales han manifestado su decisión voluntaria de llevar la mayor parte del peso de esa contribución hacia la red de protección social”, agregó Arias.

Para evitar que la nueva reforma genere el rechazo que causó su predecesora, el Gobierno está adelantando diálogos con distintos sectores como el Congreso, empresarios y gremios. Además, estas conversaciones llegarán a distintas zonas del país con el fin de escuchar a todos los actores involucrados.