Reformas pensional y laboral del Gobierno Petro son populistas y atentan contra la economía nacional: fundación del expresidente Iván Duque

Luego de que en tres días el Congreso aprobara, en primera instancia, las reformas laboral y pensional, discusiones y debates que no se habían llevado en los últimos tres meses, quedan muchas dudas y una fuerte sensación de incertidumbre.

Precisamente, porque el articulado no solucionaría los problemas de fondo y, por el contrario, dejaría un marcado déficit que tendría que ser solucionado por los gobiernos futuros.

A esta consideración ha llegado la Fundación para la Innovación y el Desarrollo, creada por el expresidente Iván Duque, la cual presentó una serie de alertas derivadas por esa aprobación exprés del Congreso.

Empezando por la reforma pensional, la cual generaría un costo financiero tan grande que terminaría siendo asumido por el pago de impuestos hecho por la ciudadanía.

Para la fundación: “Los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera que deberían constituir la columna vertebral del proyecto se diluyen en el texto (...). Queda en entredicho si efectivamente, según esa fórmula, habrá ahorro, pues es bien conocido que año a año el gobierno debe financiar el pago de pensiones a cargo de Colpensiones, pues el monto de cotizaciones que esta recauda como administradora del régimen de prima media es insuficiente para cubrir las mesadas de los ya pensionados”.

Hay varios problemas que no se abordan en esa iniciativa, una de las más urgentes es el envejecimiento de la población, lo que se traduce en más pensionados, pero que no se sabe si podrán acceder al sistema.

En ese sentido, y sobre la propuesta de brindar subsidios a los que no se jubilen, a través del programa Colombia Mayor, el articulado no define cómo se escogerá a los beneficiados de esta ayuda.

A propósito del umbral de cotización y lo enmarcado en el pilar semicontributivo, la fundación alerta que estos ahorros podrían resultar expropiados:

“Las personas que no alcancen a reunir los requisitos para pensionarse, y hayan cotizado entre 300 y 1.000 semanas, se enmarcan en el pilar semicontributivo y verán sus ahorros trasladados para constituir una renta vitalicia de características muy similares a los beneficios económicos periódicos (BEPS) que se ofrecen en la actualidad. Es interesante que el Gobierno no considere esto una expropiación; más cuando no prevé el consentimiento previo del cotizante para hacer el traslado”.

Propuestas de reforma vienen de los gobiernos de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez

Dentro de los análisis, se remarca el hecho de que varias de las propuestas ya venían siendo trabajadas por administraciones anteriores, las cuales se pensaron para no afectar los sistemas actuales y la economía en general.

Este último punto es abordado frente a la reforma laboral.

La Fundación para la Innovación y el Desarrollo asegura que está pensada “con mentalidad de club” y asegura que solo beneficiaría a los sindicatos y empleados formales.

“El texto incluye disposiciones que aparentan corrección política, pero en realidad son populistas, pues dificultan la generación de empleo y atentan, de hecho, contra el trabajador. Si los negocios se ven perjudicados, los trabajadores también”, dice el documento conocido por SEMANA.

La reforma laboral dificultaría los procesos de contratación, principalmente para micro, pequeñas y medianas empresas, ya que con la aprobación tendrán que asumir costos que no se podrán costear. En ese sentido, los empleadores quedan desprotegidos en caso de tener que efectuar ciertos procesos, como al momento de hacer despidos, ya que se aumentan las cargas de indemnización y la burocracia.

“La obligación de que todo contrato laboral sea por tiempo indefinido no solo constituye una limitación a la libre empresa, sino que desestima la capacidad de los individuos para determinar, de manera autónoma, las condiciones en las que mejor le conviene su vinculación laboral”, se lee.

Otro de los puntos que más repercutiría negativamente en los empleadores serían todas las coberturas y amparos legales que tendrían con los trabajadores que entren en huelga, empezando porque se admitiría el cese de actividades con una menor cantidad de empleados; además, el parón podrá ser por tiempo indefinido.

Entre esas garantías legales, la entidad destaca que no se podrá despedir a estos trabajadores, ni se les podrán cobran indemnizaciones por los daños y perjuicios que causen estas manifestaciones, y los que las promueven.

“El proyecto contiene un pliego de peticiones amplio en favor de sindicatos, en materia de uso de locaciones, permisos para no trabajar, conformación de comités y subcomités, y se preserva —de hecho, se incentiva— la multiafiliación sindical al interior de una misma empresa. Queda en entredicho el derecho fundamental a libertad de asociación, en la medida en que convertirse en miembro de un sindicato es una decisión libre y los trabajadores no sindicalizados adquirirían, entonces, una categoría inferior en términos de su relación con el empleador”, concluye el análisis.