Macroeconomía
Reforma tributaria: petroleras y mineras no se dan por vencidas e insisten en no pagar más impuestos
Proponen una sobretasa que aplique a partir de precios altos y de manera escalonada, en reemplazo a la propuesta de imponer un impuesto a las exportaciones.
Este martes -4 de octubre- se están haciendo los últimos ajustes a la ponencia de la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual se espera que sea radicada este miércoles en el Congreso de la República. Este nuevo texto incluye varios impuestos que afectarán a las empresas del sector minero energético.
Los gremios de minería (ACM) y petróleo (ACP) aseguraron que este sector ya realiza aportes adicionales en épocas de precios altos de los commodities. De hecho, es uno de los grandes contribuyentes de la Nación, su aporte en 2022 se estima en $72,7 billones y para 2023 alcanzaría los $90 billones, sin la entrada en vigencia de la reforma tributaria.
De estos recursos, una parte importante está ligada a obligaciones contractuales por precios altos del carbón y petróleo. Por un barril de Brent (referencia para Colombia) más alto este año las petroleras pagarán $24 billones adicionales, mientras que las mineras, especialmente las que producen carbón, aportarán $3,5 billones en 2022 y $3,95 billones en 2023.
La ACP y la ACM también advirtieron sobre el riesgo que conlleva elevar aún más la carga tributaria para el sector minero energético, y las consecuencias que esto tendría para atraer las inversiones que el país necesita actualmente, dado que Colombia tiene una de las mayores cargas tributarias de la región.
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La carga tributaria de los hidrocarburos es la tercera más alta, mientras que la de minería lidera en la región. Con los nuevos impuestos que se proponen en la tributaria para el sector se tendría un incremento del government take de entre un 20 % y 22 %.
Adicionalmente, aseguran que estos nuevos impuestos pondrían en riesgo la viabilidad de proyectos de hidrocarburos y minería, “claves para la transición y la seguridad energética”. En el caso del petróleo, ante la pérdida de competitividad, la producción futura podría caer entre 50.000 y 70.000 barriles día, y por ende, caería también el recaudo tributario ($ 33 billones entre 2023 y 2032), generando un efecto contrario al propósito de la reforma.
La pérdida de inversión también tendría repercusiones para las regiones con presencia del sector de hidrocarburos, pues los proyectos que sean inviables se traducen en pérdida de empleos (hasta 20.000 vacantes directas). Además, se vería afectada la contratación de bienes y servicios, rubro que para el 2021 ascendió a más de $ 29 billones, en su mayoría, en municipios mineros y petroleros.
En ese mismo sentido, se afectarían nuevos recursos de inversión social y ambiental de las empresas que operan en estas zonas (en 2021 la inversión ascendió a más de $ 537.000 millones en municipios de incidencia minero-hidrocarburífera). Esto “evidencia que las decisiones que se adopten deben considerar la importancia de este sector en las dinámicas socioeconómicas de las regiones y sus comunidades”, aseguraron los gremios.
Si bien hubo un avance en la decisión de mantener las regalías deducibles de la base del impuesto a la renta, la ACP y la ACM manifestaron que la nueva propuesta del Gobierno nacional de reemplazar esta deducibilidad por una sobretasa en el impuesto a la renta de cinco puntos, aumenta aún más la carga tributaria del sector.
Adicionalmente, insisten en la necesidad de eliminar el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, el cual consideran que “es antitécnico, castiga las exportaciones de un sector que representa el 56 % de exportaciones totales del país, aumentando el riesgo de generar desequilibrio en la Balanza de Pagos de Colombia y sus implicaciones en el costo del dólar e inflación, las cuales impactan el bolsillo de todos los colombianos”.
“Los gremios del sector minero energético hacemos un llamado respetuoso al Gobierno nacional y al Congreso de la República a considerar ajustes frente a la sobretasa al impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a las exportaciones, considerando su inconveniencia técnica, normativa y constitucional”, dijeron.
Proponen que la sobretasa que se plantee para el sector minero energético esté acorde con la carga impositiva de la región, aplique a partir de precios altos y de manera escalonada, y se considere como un reemplazo a las propuestas de no deducir las regalías y de imponer un impuesto a las exportaciones, de manera que el sector pueda asegurar su viabilidad.
