REFORMAS
Retirarla o presentar otra propuesta: el ultimátum de los partidos a la tributaria
Luego de que los partidos Cambio Radical, Colombia Justa Libres y el Partido Liberal anunciaran que no apoyarán la reforma, el Gobierno se queda con pocas opciones para tramitar el texto radicado. Pero tiene otras opciones.
La reforma tributaria, tal como la diseñó el equipo que dirige el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tiene sus horas contadas. Tras el rechazo de tres bancadas en el Congreso de la República a la iniciativa, -Cambio Radical, Partido Liberal y Colombia Justa Libres- la iniciativa no tiene los votos para se aprobada en las comisiones económicas.
Y si a esto se suma el rechazo popular creciente que desató la iniciativa, y que ha alentado la celebración de un paro nacional en momentos en que el país enfrenta el tercer pico de pandemia, hace prever que la iniciativa no tiene suficiente aire para mantenerse viva.
Pero, a pesar de la oposición de algunos partidos, en el Congreso todos saben que tiene que aprobarse una reforma tributaria. Probablemente no la del ministro Carrasquilla, pero sí una que corrija los graves problemas fiscales que en este momento enfrenta el país. La iniciativa tendrá que ser retirada por parte del gobierno, o incluso podría presentar una propuesta sustitutiva para evitar que sean los partidos los que hundan la propuesta.
Dejar hundir la reforma sería un escenario extremo y muy dramático para el gobierno, que se convertiría en el primero en enfrentar la derrota de una tributaria. Pero también sería complejo para el país, que perdería semanas valiosas que se necesitan para tramitar un proyecto que realmente sea constructivo para los intereses de todos los ciudadanos.
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Para el senador Richard Aguilar, tanto el Ejecutivo como el Congreso saben que son momentos críticos. Por eso asegura que más allá de que trenzarse en discusiones inútiles, es hora de convocar un gran acuerdo político para lograr que la reforma sustitutiva sea concertada con todos los partidos y refleje realmente las necesidades del momento económico y social que vive el país.
Lo cierto es que a pesar de la oposición de algunos partidos, incluso los que han acompañado al Gobierno en varios proyectos, en el Congreso todos saben que tiene que aprobarse una tributaria. Probablemente no la del ministro Carrasquilla, pero sí una que corrija los graves problemas fiscales que en este momento enfrenta el país.
En el Legislativo hay claridad sobre la urgencia de aprobar una iniciativa que asegure los recursos que se requieren para financiar los subsidios reducir el tamaño del hueco fiscal. El Gobierno ha llegado a niveles de endeudamiento históricos pero para salir del bache económico generado por la pandemia necesitará todavía más recursos de crédito. Y las calificadoras de riesgo han advertido que si no ve en la nueva reforma las señales adecuadas que indiquen que el país resulta confiable en materia de pagos, podría perder su calificación.
Además, el impacto de la pandemia sobre los ingresos de las familias más pobres del país ha sido enorme. Este jueves, el Dane dará a conocer el índice de pobreza alcanzado el año pasado, pero todo indica que las noticias no son positivas. Y no existe la menor posibilidad de que el Gobierno y el Congreso corran el riesgo de dejar a las familias vulnerables sin las ayudas que han recibido en los últimos meses, tales como el Ingreso Solidario o la devolución del IVA.
Por eso aumentar el recaudo para asegurar esos recursos es un imperativo. Eso sí, en muchos sectores no cayó bien la reforma del ministro Carrasquilla comenzando por el tamaño de recaudo planteado: inicialmente iba por 30,3 billones de pesos, es decir casi tres veces el tamaño de la última tributaria aprobada también durante el gobierno Duque.
Aunque al momento de la presentación el ministro bajó levemente el nivel de ambición, y la meta de recaudo se redujo a cerca de 28 billones de pesos al momento de ser presentada al Congreso, muchos empresarios se quejaron del impacto que un recaudo de este tamaño podría generar en el consumo. Además, entre los políticos pesó mucho el rechazo generalizado a temas como el impuesto a las pensiones, un eventual ingreso como contribuyentes de empleados con salarios bajos y sobre todo la ampliación del IVA a otros productos de la canasta familiar.
En la tarde de este miércoles, tanto desde los partidos políticos como desde el Gobierno se adelantaban reuniones con el fin de buscar una salida a esta situación. Todo indica que solo una gran concertación podría salvar esta iniciativa, que resulta crítica para enfrentar la difícil coyuntura económico que vive el país.