Revolución por la fiebre del oro azul

El agua se ha convertido en el bien más preciado para la humanidad, pero lamentablemente la escasez afecta a más del 40 por ciento de la población mundial. El desafío de enfrentar los peores temores ante una situación jamás antes vivida, como una pandemia mundial, deja ver cómo se fue marginando la gestión ambiental.

De hecho, sería un poco ingenuo comparar la crisis de la covid-19 con la crisis del cambio climático. La crisis de la covid-19 condujo directamente a una situación en la que los impactos generados son inmediatos, caso contrario sucede con el cambio climático, en el que sus efectos se evidencian años o décadas después. Por ejemplo, hasta ahora estamos sintiendo en plenitud los efectos causados por la acumulación de Co2 en la atmósfera causados a finales de los ochenta o la escasez hídrica por la sobreexplotación y contaminación, los cuales se creía no tenían impacto sobre la superficie terrestre.

Las experiencias obtenidas a raíz de la pandemia han sido efímeras, pero a su vez han logrado promover un esfuerzo que es genuinamente innovador, no se trata de detener de golpe toda actividad económica para ralentizar y mitigar el cambio climático, sino de abordar mejoras en el estilo de vida y de producción.

La primera vista rápida que tenemos a nivel global es que la tierra cuenta con muchos recursos hídricos, pero no cuenta con una infraestructura que sustente el desarrollo poblacional versus la demanda de agua, esto implica que son dos factores que crecen directamente proporcional. La presión creciente frente al recurso del agua hace que se cuestione el modelo de economía neoclásica, no por la generación de valor del agua en función de la utilidad que le asigna los consumidores, sino en contraposición a la falta de herramientas analíticas que concienticen que la naturaleza es limitada y que los recursos se agotan.

Para muchos el 7 de diciembre del 2020 pasó desapercibido, en medio de una crisis sanitaria el agua empezó a cotizarse en el mercado de futuros del Wall Street. En pocas palabras, la pandemia fue el catalizador que permitió dar el último paso, convertir el agua en un producto financiero para que sea gestionado como un bien preciado y lograr cambiar las predicciones futuras, las cuales prevén que para el 2050 más de la mitad de la población mundial vivirá con limitaciones de acceso al agua.

Se está desatando una revolución por la fiebre del oro azul. Era de esperarse pues, desde 1989 en el Reino Unido, Margaret Thatcher habló de la privatización del agua y afirmaba que hasta la Francia socialista de esa época sabía que el agua privatizada era mucho más rentable que el agua gratuita.

Si bien es cierto que el agua es un derecho humano no se puede pretender que no se cobre por ella. Se ha exagerado y especulado de tal forma que se habla de un apocalipsis inminente donde la gente padecerá y morirá por no tener la capacidad económica para adquirir este recurso. El fin del agua gratuita permite establecer un precio adecuado al recurso, logrando incentivar al consumidor hacer uso adecuado y, de no ser así, sabrá que sus excesos se verán reflejados en un precio que ha de pagar.

Estamos en una revolución de doctrina liberal, donde la privatización, la competencia y la ganancia son claves para que el ser humano tenga conciencia de que a pesar de que el agua es un derecho universal, tal como se declaró en el 2010 en la ONU, no significa que sea gratis.

Las discusiones se centran ahora en la moralidad, ética, medio ambiente, ideología política y, por supuesto, en las ganancias económicas de los que tienen en sus manos el poder de tomar decisiones y de ponerle precio al agua; pero la problemática total no radica en estos factores, sino en sus resultados.

Esta es una bomba de tiempo que, si no se le pone un precio al agua, los ciudadanos seguirán malgastando y contaminando su única fuente de vida. Muchos expertos en finanzas y en política del agua tales como Mike Young, Lance Coogan y Willen Buiter sostienen que el agua dejó de ser un recurso natural para convertirse en una mercancía.

La verdad es que siempre hemos pagado por el agua bajos precios por la disponibilidad inmediata y porque no se presentaba escasez. Pero: ¿quién se ha de encargar de pagar para que las aguas residuales sean devueltas al medio ambiente con la misma calidad con la que se captaron?, ¿quién responde por los impactos negativos por el uso inadecuado o por la contaminación del agua? Será que es solo responsabilidad del Estado proteger y promover el abastecimiento y saneamiento del agua como derecho humano universal o, por el contrario, el ciudadano debería de tener un rol colaborativo de conciencia, cultura y costumbre.

El modelo que dejo la Revolución Industrial de extraer y producir más para vender más ya no es viable ni ecológica ni ambientalmente. Por lo cual, es necesario implementar estrategias que permitan en el sector del agua establecer un sistema tarifario de consumo en relación a la demanda; al igual que el acondicionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales que permitan generar un nuevo recurso, especialmente para sectores que tienen altos consumo de agua dulce ( agrícolas e industriales); y, por último, afrontar los desafíos políticos en regulación de leyes que permiten la gestión íntegra del recurso desde su captación hasta su disposición final y saneamiento.

Todavía se tiene la oportunidad de darle solución a una emergencia global por la lucha del agua. Más allá de pagar un precio por este bien esencial para la vida, es internalizar un pensamiento de cómo consumimos y gastamos el agua.