Riesgo de un cartel de Soat, lo que halló la Contraloría al fiscalizar a la Adres

La corrupción en Colombia no da tregua y por ello es una de las principales banderas de los candidatos que compiten por la Presidencia de la República.

El Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es una vena rota para las finanzas públicas de la seguridad social que se manejan a través de la Adres.

Según la Contraloría General, luego de concluir una fiscalización a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), encontraron siete hallazgos fiscales que comprometen recursos por $13.955 millones, por presuntas irregularidades en reclamaciones de accidentes de tránsito que en realidad no eran Soat.

La investigación realizada por la Fiscalía cubre lo ocurrido entre los años 2018 y 2021. En ese periodo se habrían perdido $7.583 millones por “no haber recuperado los recursos en reclamaciones No Soat concepto de legalización de giros previos, donde la Adres hizo un mayor desembolso, a 16 IPS, y una de ellas (la Clínica Jaller, en Barranquilla), la cual concentra la mayor parte de esta cartera ($7.438 millones).

En este caso, la Contraloría advirtió sobre una posible materialización del riesgo de recuperación de los recursos adeudados por una gestión antieconómica de la entidad, por cuanto existe la posibilidad de que no se hagan nuevas radicaciones o que puedan existir posibles intervenciones forzosas y/o una etapa de liquidación que limite su reintegro o que conlleve a la erogación de más gastos administrativos (jurídicos) en este propósito.

La entidad de control señaló también que hay un segundo hallazgo fiscal, por 6.021 millones de pesos, que se refiere a “mayor valor cancelado sin cuentas por cobrar por 4.911 millones de pesos, y un mayor valor de cuentas por cobrar que no fueron registradas por la Adres y llegan a 1.110 millones de pesos”.

Alerta de cartelización

Sospechoso. La Contraloría advirtió que hay un reducido grupo de prestadores de salud que concentran las reclamaciones a la Adres por accidentes de tránsito donde no se contaba con el Soat. Los casos se ubican en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca.

“Se evidencia para estos departamentos que las reclamaciones se concentran en una, dos o tres IPS, A manera de ejemplo, se menciona el caso de Inversiones Azulud en el departamento del Magdalena, que concentra el 43,46 % del total de los valores aprobados para las atenciones derivadas de los accidentes de tránsito No Soat. Y para el departamento de Córdoba, una IPS (Especialistas Asociados S.A.) concentra el 85,5 % de los valores reclamados por este concepto”.

Un dato que llama también la atención es que en el departamento de Córdoba se identifica que en el 100 % de las reclamaciones por transporte de víctimas, los heridos son llevados a la IPS Especialistas Asociados S.A. En Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca se identificaron casos en los cuales las ambulancias transportaron a las víctimas a las IPS concentradoras, a pesar de la existencia de IPS más cercanas al lugar de ocurrencia del evento, poniendo así en riesgo la salud de los pacientes.

Cerca del 1 % de los prestadores concentra el 30 % de las atenciones realizadas y el 44 % de los recursos aprobados por la Adres en el período analizado (2018-2021), lo cual llamó poderosamente la atención a este organismo de control. “Dicho comportamiento no parece obedecer a la dinámica usual del sistema de salud en esta materia”, dijo la Contraloría.

Para la entidad de control, “debido a la concentración evidente de reclamaciones por accidentes de tránsito en algunos prestadores, “se identifica ausencia de puntos de control que puedan medir y prevenir situaciones que conlleven a prácticas inadecuadas, concentrando o parcializando servicios que a futuro conlleven a una posible cartelización”.

Atienden hasta fallecidos

Se determinaron también pagos por 13 reclamaciones no Soat radicadas ante la Adres, de servicios de salud a personas que habían fallecido antes de la fecha de la prestación del servicio.

Esta situación afecta los recursos públicos de la salud, por valor de más de 102 millones de pesos, generado un posible menoscabo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por esta cuantía, dijo la Contraloría.