Salario mínimo: las 3 cosas para las que debe servir

El salario mínimo existe desde hace más de 100 años. Surgió en 1894 en Nueva Zelandia, como resultado de una huelga en la que los trabajadores reclamaron el derecho a un remuneración justa.

Posteriormente, cuando se dio origen a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se fue propagando rápidamente, al punto en el que ahora, de 187 países miembros de esa organización, el 92% aplica uno o más salarios mínimos para los trabajadores.

En Colombia, si bien se aplica desde 1949, fue la Constitución de 1991 la que le dio más fortaleza.

La OIT parte del planteamiento según el cual “la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”, y en ese contexto, está “la garantía de un salario vital adecuado”, que promueva la protección del trabajador y su familia. Nada más valioso para una organización que el capital humano, punto que debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar el potencial de un salario mínimo para satisfacer las necesidades de lla gente.

Este viernes en Colombia se inicia formalmente la negociación del incremento en el salario mínimo para 2022, el cual es tema de la mesa de concertación de política salarial, en la que tienen asiento trabajadores, a través de los sindicatos; empresarios, quienes llevan la vocería por los empleadores, representados por varios gremios, y el Gobierno, cuyo emisario en la negociación es el ministerio de trabajo.

Si bien en nuestro país está establecido que para negociar el salario mínimo hay que tener en cuenta la productividad; la inflación y el crecimiento esperado de la economía, hay otros contenidos que no se pueden perder de vista. De hecho, son recomendaciones de la OIT y están incluidos en uno de los objetivos de la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible: el trabajo decente.

¿Para qué debe servir?

1. Contra la pobreza. Es bien sabido que Colombia es uno de los países en donde está más amplia la distancia entre pobres y ricos. Esta nación está entre los 10 más desiguales del mundo. Durante 2020, el país llegó a tener 21 millones de personas en la franja de pobreza, con un ingreso mensual de $331.688 mensuales, el 6 % de lo que vale un celular de alta gama como el Iphone 13.

Un reciente informe de la Cepal mencionó los salarios mínimos como elementos integrantes de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir las desigualdades, incluyendo las disparidades que existen entre hombres y mujeres.

2. Como punto de partida. La OIT, entre tanto, señala que los sistemas de salarios mínimos no deberían ser utilizados de forma aislada, sino diseñarse de tal manera que actúen como complemento y refuerzo de otras políticas sociales y de empleo.

En general, se habla de una cifra anual que rige como salario mínimo, pero no se cuenta el salario real que recibe el trabajador, luego de descontar sus aportes a la seguridad social, entre otros.

3. Para generar consumo. Es también conocido que un salario adecuado tiene grandes “efectos de consumo”. Eso puede llevar a aumentos de la demanda agregada y el empleo. Al final, se construye una cadena de beneficiarios: el empleador paga más, el trabajador gasta en bienes y servicios, lo que estimula la producción que se mueve con la demanda. Por esa razón, algunos analistas estiman que es a los ricos a quienes más les conviene la redistribución a través de los salarios.

Es generalizado

El salario mínimo está casi generalizado en el mundo, aunque las diferencias son abismales. Según los informes de la OIT, todos los países europeos tienen un salario mínimo, ya sea establecido por ley o negociado colectivamente.

En general, se aplica por lo menos a una buena parte del sector privado, es decir, trabajadores que laboran dentro de la formalidad. En el caso de Colombia, muchos otros componentes se mueven con el salario mínimo: las multas, los peajes, las cuotas moderadoras que se pagan en el servicio de salud

En la actualidad, el salario mínimo es de $908.526 y los trabajadores que devengan ese monto reciben un auxilio de transporte de $106.454. En la actual vigencia subió por decreto, en un 3,5%, con lo cual, en términos reales solo se incrementó en menos de 2%, pues el año cerró con una inflación de 1,61%.