Según estudio, las posibilidades de injerencia gubernamental en el sector eléctrico aumentan en América Latina

El sector eléctrico a nivel nacional y continental ha dejado una cantidad innumerable de novedades, y panoramas, especialmente a causa de los costos que implica este servicio para los ciudadanos, pero también por los controles que buscan imponer las entidades gubernamentales para este rubro.

Desde comienzos de año, el análisis de esta temática sufrió un “chispazo” luego de que el presidente, Gustavo Petro, a través de un proyecto de ley, buscó tomar el control del servicio eléctrico y de sus tarifas, buscando regularlas y aislando de algunas de sus funciones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Cabe aclarar que para finales de 2022, el costo promedio nacional fue de 779,1 pesos por kilovatio y se espera que con las nuevas medidas sea posible reducir esa cifra. Esto generó grandes descontentos dentro del sector, como en el caso de la Creg, que el 27 de enero del presente año, se pronunció respecto al tema:

“La independencia del regulador asegura que, a través del ejercicio de sus funciones, el Estado logre que los agentes regulados adapten su conducta a los fines constitucionales y legales de respeto por la libertad económica y la empresa”, aseguraron a través de un comunicado.

Sin embargo, algunas de estas situaciones también se han repetido alrededor del continente, incluso en años pasados, uno de estos casos, es México, donde desde el año 2015, los precios de la luz los define la Comisión Reguladora de Energía de México junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Y también en Argentina, donde la regulación gubernamental optó por congelar las tarifas de energía. La idea del Gobierno era que con ese ahorro en el gasto de luz, los consumidores pudieran destinar dinero a otros rubros y así ayudar a la reactivación de la economía, en cierta forma, un plan similar al presentado por el gobierno Petro.

Sin embargo, aunque estas medidas lograron generar el impacto buscado, en primer lugar, que era mantener los precios de las tarifas de energía en un rango de precio preestablecido, pero, estas medidas trajeron algunas consecuencias generales.

De hecho, según un informe realizado por Moody’s Analytics, a medida que las cúpulas gubernamentales toman mayor control sobre este sector, el riesgo de injerencia es cada vez mayor.

Este estudio, justamente señala, que los indicadores de riesgo en Argentina, México y Colombia, son de los más altos de la región, debido en algunos casos a estos precios de energía subsidiados, y a la escasez de fondos gubernamentales que estos acaban desatando, y a su vez la cada vez menor inversión dentro del sector.

Estas mencionadas inversiones son claves para los procesos de modernización de un mercado como el eléctrico, que requiere de constante mantenimiento y renovación, por lo que naciones como Brasil y Chile han posicionado su agenda hacia estos frentes, y han logrado mantener marcos regulatorios favorables para el sector.

Por otro lado, Perú es el punto medio, el marco regulatorio se ha posicionado de manera estable, por lo que el indicador de riesgo no es tan alto, en parte por las reservas de gas natural que posee esta nación.

Sin embargo, a través de este estudio, la entidad también aclara que estos factores podrían cambiar, a causa de los elementos de riesgo que podría presentar este sector para la segunda mitad de este año.

Uno de estos factores a tener en cuenta en el territorio nacional colombiano, es el venidero Fenómeno del Niño, que ya ha encarecido los precios de energía en bolsa, y que seguramente obligue al gobierno colombiano y a otros alrededor de la región, a tomar medidas que eviten un “cortocircuito” generalizado.