Sisbén actualizado, un desafío para poner al día la entrega de subsidios con el nuevo puntaje de los hogares

Hace tres años, desde que no se actualizaba el Sisbén, Carmenza Salazar –madre cabeza de hogar, con dos hijos y dedicada al trabajo doméstico por días– estaba ubicada en el grupo A (las personas en pobreza extrema), con un puntaje de apenas 29 en una escala de cero a 100; cuanto más bajo es el dato, mayor es el acceso a subsidios y a programas como Familias en Acción.

A fin de proporcionar un mayor bienestar a sus hijos, empezó a realizar estudios técnicos para graduarse en cuidados auxiliares de enfermería.Esa nueva información de Carmenza no se había visibilizado, porque, si el Estado no realizaba una encuesta, el ciudadano registrado no actualizaba su situación de forma espontánea y rápida.

Colombia, empeñada en trazar un dibujo más nítido de la pirámide social, que es la que permite asignar subsidios a los hogares que más lo requieren, puso la primera piedra del Registro Social de Hogares, cuyo resultado inicial fue presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Para la actualización del Sisbén se analizaron y cruzaron 40 bases de datos nacionales, mientras se avanza en más de 1.800 bases territoriales en construcción, al igual que en la integración de la información de la Dian.

Tras ese ejercicio, Carmenza quedaría por fuera del grupo A para pasar al C, en el que están los llamados vulnerables, aquellos que salieron de la pobreza, pero corren el riesgo de volver a ella.

Así como le sucede a Carmenza, los subsidios llegarían con el tiempo a ser lo que plantean los expertos: un instrumento transitorio y bien focalizado para que el Estado apoye a los pobres mientras logran disponer de mayores ingresos individuales y batir las alas para volar solos.

Aunque los resultados presentados por el DNP se basan en fuentes distintas a las que utiliza el Dane para establecer las cifras de pobreza y demás niveles socioeconómicos, coinciden en que, a 30 de noviembre de 2023, se ha presentado movilidad social. Según esta actualización, dos de cada diez hogares cambiaron su clasificación en dicho registro. El retrato indica que hay 35 millones de personas en el Sisbén, correspondientes a 13.663.846 hogares ubicados en los grupos A (pobreza extrema), B (pobreza moderada), C (vulnerables) y D (los no pobres o de clase media).

Movilidad social

Con la actualización, el grupo A pasó de tener 4.152.354 hogares a 3.419.617, lo que implica una reducción de 17,8 por ciento. Los catalogados en el grupo B se redujeron de 5.060.939 a 4.614.788, mientras que se agrandaron las franjas de vulnerables, que eran 3.118.454 hogares y ahora son 3.733.980. Y los registrados como clase media pasaron de ser 1.332.090 a 1.895.454 familias. “Teníamos una fotografía del Sisbén tomada cuando se realizó la encuesta a las personas, pero luego, al utilizar otras bases de datos, obtuvimos un retrato más exacto de la situación socioeconómica de los hogares”, sostuvo Juan Miguel Gallego, subdirector de Prospectiva y Desarrollo, de Planeación Nacional.

Con la reclasificación, ciudadanos que recibían subsidios podrían dejar de hacerlo o, simplemente, ser beneficiarios de otra clase de ayudas, mientras que se podrían incluir otros por fuera de los programas sociales. “No debe haber alarmas. Esta actualización no rige para todas las políticas ya implementadas y diseñadas en 2023, como el ciclo de renta ciudadana (antigua Familias en Acción)”, enfatizó Gallego.

Para 2024, sin embargo, vienen grandes retos. Algunos analistas recuerdan anteriores actualizaciones del Sisbén, en las que hubo dificultades para equiparar el acceso a los programas sociales con los nuevos puntajes de los hogares.

Según el DNP, dentro de los datos que con mayor frecuencia eran inconsistentes con la realidad de los registrados se destacan personas que se autodeclararon en las encuestas como “sin actividad laboral”, pero al realizar el cruce de información se encontraban trabajando.

También había ciudadanos que en la encuesta dijeron tener formación académica secundaria, pero la revisión en el Ministerio de Educación mostró que habían hecho estudios técnicos o tecnológicos.

En muchos casos, la movilidad coincide con avances logrados por las personas, pero no faltan los avivatos que se ponen en una condición inferior a la que realmente tienen con tal de obtener o mantener los subsidios, lo que a su vez genera inequidad, porque le quita posibilidad a quienes realmente los requieren.

Entran y salen

Lo cierto es que quienes salen de la base de datos como receptores de subsidios no siempre se sienten conformes. En el futuro, por ejemplo, una mujer que estaba a punto de obtener el subsidio Mi Casa Ya, para cerrar el negocio de compra de su vivienda, tendría que reiniciar su trámite y buscar nuevos recursos si sale del grupo que le permitía acceder al auxilio.

El problema es que en Colombia el gasto social no parece ser suficiente para tanto aspirante. Las estadísticas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) muestran que la asignación de recursos para el programa de transición a renta ciudadana, es decir, que cubra alimento, educación y salud como mínimo, demanda 5,2 billones de pesos para 2.288.730 familias en pobreza extrema, que reciben entre 80.000 y 500.000 pesos.

El costo para la cobertura de subsidios a los jóvenes iba en 546.600 millones de pesos con corte a septiembre, por una asignación de 200.000 pesos para 397.527 menores de 18 años que estén estudiando. Y el programa Colombia Mayor, destinado a 1.682.361 personas, iba en 1,7 billones de pesos, distribuyendo 80.000 pesos, cifra que se busca incrementar a 223.000 pesos en la reforma pensional.

Por devolver el IVA que paga la población pobre cuando hace sus compras, el Estado deja de recibir un billón de pesos de los ingresos tributarios. En suma, esos programas sociales básicos se llevan más de 13 billones de pesos.Si bien un estudio de la Universidad de los Andes mostró las bondades de programas como Mi Casa Ya para impulsar a los ciudadanos a avanzar en la pirámide social, también hay perversidades con los subsidios, como la que mostró este año la Contraloría General al detectar que más de 402.000 millones de pesos fueron girados a fallecidos que seguían en las bases de datos del Sisbén.

Por varias de esas razones es que en el DNP barajan una propuesta que está en discusión, con la cual la divulgación de la puesta al día del Sisbén se haría cada seis meses, de manera que los ciudadanos sepan en qué posición fueron clasificados. “La actualización es continua, pues, cada vez que recibimos información, vamos mejorando la base. Lo que falta por establecer es el tiempo para divulgarla”, dijo el subdirector de la entidad.

Es decir, el Sisbén, que nació como una encuesta para identificar beneficiarios de programas sociales, tendrá muchas otras funcionalidades: generar progresividad en la asignación de las ayudas, eficiencia en el gasto social y reducción de la corrupción con los subsidios, pese a que Gallego señaló que confían en la buena fe de los colombianos; por ello, “preferimos hablar de errores de inclusión y exclusión”. La meta con el Registro Social de Hogares es poner la lupa de manera permanente en la situación de las familias, lo que reducirá cada vez más la posibilidad de existencia de colados y abrirá una vitrina para ver de forma constante a los que van avanzando en movilidad social.