Economía
Gustavo Petro no quedó contento con el anuncio del Gobierno y pide que el salario suba 18,5 %
Al precandidato del Pacto Histórico no le parece muy grata la propuesta del aumento de 10 % dada por el Gobierno nacional.
El próximo 15 de diciembre es la fecha límite para que el Gobierno nacional decida cuál será el incremento del salario mínimo para 2022, una decisión que, hasta el momento, no ha llegado a una concertación entre los representantes del Ejecutivo, empresarios y centrales obreras en el país.
Sin embargo, lo que sí se conoce en medio de esta discusión que surge cada fin de año son las propuestas dadas por las partes negociantes, siendo la del Gobierno de Iván Duque una de las más atractivas que se ha visto, no solo en medio del intento de concertación sino en las últimas décadas en Colombia: un aumento de 10,07 % para el próximo año.
“Venimos trabajando hace más de tres meses con varios sectores empresariales y creo que debemos hacer una gran reflexión como país. Hemos pasado momentos muy difíciles, (pero) nuestra economía está creciendo, hemos tenido el mayor aumento de la economía en este siglo y vemos una voluntad grande de los empresarios por hacer algo significativo y que sea un mensaje contundente para el pueblo colombiano. Nuestra meta es poder cerrar un acuerdo para los trabajadores de Colombia que nos permita cumplir ese sueño y esa promesa de campaña de llegar al millón de pesos sin el auxilio de transporte, lo que equivale a un aumento de 10,07 %”, indicó Duque durante la presentación del nuevo hotel escuela del SENA en San Andrés.
Sin embargo, mientras varios sectores han considerado como “generosa” la idea, teniendo en cuenta que representa un incremento viable de cara a la reactivación económica en medio de la pandemia de covid-19, hay algunos personajes que aseguran que aún es insuficiente para lograr dicho crecimiento económico en el país.
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Uno de ellos es el precandidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, quien además de mostrar su inconformismo por la propuesta Duque, le solicitó que el incremento del salario fuera de más de 18 %.
“Le solicito a Duque para corregir la distancia entre salario mínimo real y productividad desde el año 2009 hasta la fecha, subir el salario mínimo en 18,5 %”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.
Argumentando su petición, el senador explicó que “hay que establecer un pacto entre trabajadores y empresarios donde el salario real crezca igual que la productividad”. De acuerdo con Petro, este año finaliza con una diferencia real entre el salario mínimo y la productividad de un máximo de 13 puntos. Es por esta razón que el salario mínimo debería ser mayor a la propuesta dada por el Gobierno nacional.
“Mientras la productividad de los trabajadores de Colombia creció entre 2010 y 2019 25 % real, su salario mínimo real creció 13 % para el mismo periodo. Eso significa una mayor explotación y una mayor desigualdad social”, añadió.
Hay que establecer un pacto entre trabajadores y empresarios donde el salario real crezca igual que la productividad.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2021
Si al 2021 la diferencia real acumulada entre salario mínimo real y productividad es de 13 puntos, más la inflación, el salario mínimo debería subir 18.5% 2022
No obstante, minutos después de explicar su punto Petro volvió a redes sociales para mostrar su molestia con la administración de Duque, después de que el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, afirmara que la propuesta del Gobierno nacional no era el mínimo a negociar sino el techo del aumento al salario mínimo. Es decir, 10 % propuesto no sería la base para empezar a negociar sino el máximo al que se podría llegar.
“Si 10,8 % de incremento de salario mínimo es el techo entonces la propuesta de Duque fue demagogia”, afirmó el político, añadiendo que “mientras la productividad creció a 2,5 % anual, el salario mínimo creció a 1,4 % real anual entre 2010 y 2019″.
“¿Qué significa eso?”, fue la pregunta que se hizo Petro en su publicación. Cabe recordar que las propuestas de todos los negociantes son aún una opción y que en caso de no llegar a una concertación, la misma deberá ser tomada por decreto unilateral por el Gobierno nacional, tal como sucedió en 2020.