Subsidios e impuestos en Colombia: esta es la ruta que recomienda la OCDE

Hay un par de temas que acaparan la atención de los colombianos en la actualidad: los impuestos y los subsidios. ¿Por qué?

Ambos están bajo presión, puesto que la reforma tributaria que contemplaba las propuestas para obtener los recursos necesarios para financiar las ayudas estatales fue retirada del Congreso de la República y aún no hay luces que indiquen que entrará en el Legislativo antes de que se acaben las sesiones ordinarias del primer semestre del año.

Por el lado de los subsidios, los cronogramas también están apretados. En junio se termina la vigencia del programa Ingreso Solidario, a través del cual el Estado le viene realizando transferencias monetarias a la población más vulnerable, una de las mas afectadas en la crisis desatada por la pandemia.

Aunque la política social siempre está enlazada a la disponibilidad de recursos públicos, en especial los provenientes del recaudo tributario, en esta oportunidad –más que nunca– se requiere que ambos temas estén en una misma ecuación.

La pobreza monetaria tuvo una escalada que lleva a que el 42,5 % de la población esté por debajo del nivel de ingresos establecido para ser considerado pobre: $331.688 por persona. Entre tanto, la pobreza extrema, en la que se inscriben los ciudadanos que no alcanzan a devengar en el mes un ingreso de $145.004, pasó de ser del 9,6 % en 2019 al 15,1 % en 2020.

La OCDE, organización que promueve las buenas prácticas y a la cual pertenece Colombia, tiene puestos los ojos sobre la situación. Es más, hay un buró de estudios económicos dedicado, en exclusiva, a Chile y Colombia, los dos países del cono sur que son parte de ese club.

Jens Arnold, el economista jefe de ese buró para estos dos país, habló con SEMANA.

SEMANA: Aunque en la coyuntura actual es indudable que una gran parte de la población requiere subsidios, en Colombia hay un debate acerca de si, en el mediano y largo plazo, es más eficiente seguir entregando subsidios o promover el empleo. Ya que la OCDE promueve las buenas prácticas, ¿cuál sería una buena práctica para nuestro país en términos de política social?

Jens Arnold: (J.A.): La pandemia de covid-19 es uno de los golpes más fuertes que han tenido la economía global y la economía colombiana. Se perdieron muchos empleos, se fundieron empresas. Los subsidios son necesarios. Eso no quiere decir que a mediano o larga plazo se deba abrir la discusión alrededor del diseño de los beneficios sociales y de la red de protección de Colombia.

Tenemos un mercado laboral que está prácticamente dividido en dos partes, una un poco más grande que la otra. El sector informal es más o menos el 60 % y no tiene acceso a ningún tipo de protección social ligado al trabajo. El otro 40 % de la población está en el sector formal, es decir, tienen acceso a beneficios como la salud, la jubilación, las cesantías.

Estas cifras implican que hay mucho por mejorar. Si se piensa en por qué hay tanta informalidad, se encuentran muchos factores, pero en general tiene que ver con el diseño mismo de la protección social en Colombia.

Los costos, más allá del salario que un empleador tiene que pagar, son altos en comparación con el contexto internacional. La manera de evadir esos costos es con el empleo informal.

Es decir, bajar esas cargas sobre el trabajo formal es una buena idea. Pasar la financiación de algunos beneficios sociales a impuestos generales podría promover la creación de empleo formal.

Hay otros elementos básicos de protección social que se deberían ver de manera independiente.

SEMANA: La renta básica, por ejemplo...

J.A.: Efectivamente. Una renta mínima, una jubilación en la tercera edad, porque por ahora solo un cuarto de las personas en edad de jubilarse tienen pensión contributiva; otro cuarto está en condición no contributiva y es parte del programa Colombia Mayor. Es decir, hay un 50 % sin ninguna protección. Ese sistema, entonces, no cumple su rol básico de garantizar un ingreso mínimo.

SEMANA: La OCDE acaba de ajustar la expectativa de crecimiento para Colombia y estima que la economía se expandirá en un 7,6 %. Esa cifra es más alta que cualquier otra hasta la fecha. ¿Por qué el optimismo?

J.A.: Lo primero que quiero destacar en este contexto es que el resultado del primer trimestre del año fue muy sorprendente, y se junta con el buen desempeño de la economía colombiana que ya estaba en marcha en el tercer y cuarto trimestre del año pasado.

La manera en que se mide el crecimiento anual en las cuentas nacionales es que se toma la media de los niveles del PIB y se compara con el año anterior. Esa metodología, que es la comúnmente aceptada, tiene como particularidad que genera un efecto de arrastre estadístico.

Con los datos que conocemos hoy, los trimestres de 2020 y primero de 2021, incluso si la economía colombiana se quedara estancada y no hubiese ningún crecimiento más allá del nivel que se alcanzó en el primer trimestre de 2021, ya tendríamos un crecimiento para todo el año 2021 de casi 8 %.

SEMANA: Desde abril tenemos un panorama de protestas y una tercera ola de la pandemia muy compleja. Es decir, el segundo trimestre podría ser malo. ¿Contemplaron eso?

J.A.: Vemos un segundo trimestre mucho más débil; de hecho, prevemos una contracción del PIB, debido al paro nacional, los bloqueos de rutas y las interrupciones en las cadenas de suministro que esas protestas han implicado. También han tenido nuevas restricciones a la movilidad y nuevos confinamientos a nivel local que, sabemos, tienen un efecto negativo sobre la actividad económica.

Entonces, un segundo trimestre en el que la economía, probablemente se va a contraer; un tercero y cuarto trimestre donde volvemos a una senda de crecimiento y en el que ya esa recuperación va a ser algo más duradera, a medida que se avanza con la vacunación y se reduce la incertidumbre de la pandemia. Esa es nuestra previsión.

SEMANA: También está el retraso en el trámite de la reforma tributaria. Se termina el periodo del Congreso de la República, no han convocado a sesiones extra. ¿Qué pasa si no hay reforma?

J.A.: Por ahora, nuestra previsión es que se logre un consenso para alguna reforma fiscal, quizá menos ambiciosa que el proyecto de ley anterior, pero sí pensamos que la situación requiere una acción ahora, en el sentido de que, lo que hay que hacer es legislar y encontrar un consenso sobre cuál va a ser la senda de las cuentas fiscales en los próximos años.

En esta coyuntura tal vez no sea el mejor momento para hacer muchos aumentos de impuestos, pero lo importante es enviar la señal de que Colombia tiene un plan.

SEMANA: Pero, ¿no cree que es difícil lograr aumentar el gasto social sin aumentar impuestos?

J.A.: Se requiere un sólido financiamiento. Por eso hay que retomar algunos elementos que estaban en la reforma anterior. Colombia recauda menos del 20 % del PIB en impuestos, comparado con otros países, incluso de la región, esto es relativamente poco. Entonces hay manera de pensar en un aumento de impuestos. En el mejor de los casos, uno podría usar esa ocasión para corregir algunas debilidades estructurales en el sistema tributario colombiano.

Podría hacer los impuestos más progresivos. El impuesto a la renta hoy lo pagan alrededor del 5 % de la población. Se podría aumentar la base sin llegar a tocar los hogares pobres, vulnerables e incluso sin tocar a la clase media.

Hay mucho espacio para mejorar de manera estructural el sistema tributario colombiano.

Hubo un informe que se elaboró con la participación de la OCDE, con propuestas para reducir algunas de las exenciones tributarias. Esas reformas son importantes desde lo social, fiscal y desde el punto de vista de la sostenibilidad.