ECONOMÍA
Subsidios que empezarán a entregarse en plenas elecciones, riesgo que advierten en debate a Presupuesto 2022
Alerta de la parlamentaria Catalina Ortiz. El proyecto de ley está en su último debate en Cámara y Senado.
Después de una mañana en la que prácticamente se gastó el tiempo en resolver los acostumbrados impedimentos que presentan los congresistas y el rápido análisis de las ponencias negativas de los partidos que hacen oposición al Gobierno, se inicia la nuez del debate en el Congreso de la República, del proyecto de ley del Presupuesto para 2022, en el que surgió una alerta presentada por la representante a la Cámara Catalina Ortiz.
La carta financiera del país va por 350,2 billones de pesos, monto que ya está ‘chuleado’, pues su aprobación, según las normas establecidas, se da con anterioridad. Lo que se debate ahora es la distribución y, en esta oportunidad, una serie de medidas nuevas que le han ido introduciendo al documento en el proceso de construcción del proyecto de ley definitivo, el cual está en su segundo y último debate antes de convertirse en norma de la República (faltaría conciliación y sanción presidencial).
En ese contexto, se destaca el llamado de atención que hizo Ortiz alrededor del riesgo de que los subsidios que se incluyen en el Presupuesto sean utilizados con fines electorales, para invitar a los ciudadanos necesitados de las ayudas, a votar por uno u otro candidato.
Según la parlamentaria, de la torta presupuestal se gastarán 21 billones de pesos en subsidios para 2022, sin embargo, “no tienen continuidad mas allá del próximo año”; sin contar con que “entran en vigor precisamente para el año electoral: un millón de familias beneficiadas entran en abril”.
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En el debate al Presupuesto 2022 está también el artículo que tumba la restricción de contratar personal y hacer gasto público a través de convenios interadministrativos (ley de garantías), previo a la jornada electoral, que también fue puesto en la discusión por Ortíz puesto que, desde su perspectiva, “son riesgos muy altos que darían pie para que se usen los recursos públicos para tratar de quedarse en el poder”, ofreciendo estos beneficios a los potenciales votantes, quienes, muchas veces no se enteran de que los subsidios son derechos y no dádivas de los políticos.
El debate va rápido
El trámite del proyecto de Presupuesto 2022 está avanzando en las dos cámaras del Legislativo (Senado y Cámara). Adelante va la Cámara de Representantes, donde ya las ponencias negativas o alternativas fueron votadas con un no mayoritario. En el Senado, entre tanto, los integrantes de esa célula se alistan para hacer lo propio.
El siguiente peldaño es el estudio, votación y aprobación de la ponencia mayoritaria, es decir, la que presentó el Gobierno y ha tenido ajustes realizados entre representantes del Congreso y del Gobierno. En general, el texto tiene 139 artículos, luego de haber entrado al Legislativo con 92 propuestas presentadas por el Ejecutivo. En el primer debate se le agregaron 35 puntos adicionales, mientras que se eliminó uno que le daba facultades al presidente para aplicar medidas de austeridad con el uso de los recursos públicos.
Según expresó el representante Jhon Jairo Roldán, quien fue el encargado de sustentar la ponencia mayoritaria, confirmó que los parlamentarios, durante el proceso que ha surtido el proyecto, han presentado 221 proposiciones, las cuales, de acogerse en su totalidad, implicarían una demanda adicional de recursos por 5,6 billones de pesos. Es así como, para este segundo y último debate, se recogieron ideas que fueron consignadas en 13 artículos nuevos y se modifican otros 12 propuestas.
En general, lo que ha tenido cambios es el monto destinado a la inversión, que de 58,6 billones que proponía el Gobierno, pasó a 69 billones en la ponencia final que está en consideración para su votación. Se mantiene una cifra alta para el pago de la deuda pública ($71,6 billones); mientras que el funcionamiento se llevará 210,1 billones de pesos.
Ley de garantías y Traslados exprés
Los dos puntos que, desde ya se anunciaron para ser abordados de manera aislada, son los que se refieren a la Ley de Garantías y a la propuesta de permitir un traslado exprés desde los fondos privados hacia Colpensiones. En el caso de la Ley de Garantías, es una norma estatutaria que, desde ya, fue puesta en el tapete por tener vicio de forma, pues ese tipo de normas no se debaten en las comisiones económicas, donde surte trámite un proyecto presupuestal.
Eso, sin contar con que se habló de la medida como ‘la mermelada’ para las elecciones, pues las regiones, que serán claves para esta contienda electoral, pues se escogerán también los integrantes del Congreso, podrán gastar sin la restricción que pone la Ley de Garantías.
