Superservicios se despachó contra la prestación de servicios públicos en Colombia: “están más preocupados por el negocio”

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó el primer diálogo “Servicios Públicos por la Vida” este fin de semana en Barranquilla. En este encuentro con las comunidades y representantes de las empresas prestadoras, se pactaron compromisos para concertar soluciones efectivas a los problemas en las condiciones de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.

En la instalación del encuentro, el superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, enfatizó en la necesidad de priorizar la defensa de los derechos de las comunidades usuarias frente a las empresas prestadoras y resaltó que “el Estado, a través de los ministerios del sector, las comisiones de regulación y la Superintendencia deben enfocar todos sus esfuerzos en proteger al usuario para que reciba servicios públicos de calidad”.

“El modelo de prestación está más preocupado por el negocio y las utilidades de las empresas que por la garantía de derechos esenciales para los ciudadanos. Es normal y deseable que las empresas privadas de servicios públicos crezcan y tengan utilidades, pero el usuario debe ser el principio rector y el centro de la actividad estatal”, dijo este funcionario.

En esta jornada, cerca de 500 personas, entre vocales de control, líderes y lideresas sociales, miembros de juntas administradoras locales presentaron sus inconformidades al equipo de la superintendencia y a los representantes de las empresas Triple A, Gases del Caribe, Air-e, Afinia y Essmar, entre otras.

Los principales temas de reclamación se relacionan con la medición y alta facturación de los servicios, cobro por promedios, cambio de medidores y deficiente calidad del agua, entre otros. Las comunidades y empresas acordaron definir soluciones concertadas, con el acompañamiento y seguimiento de la Superservicios.

En este diálogo “Servicios Públicos por la Vida”, el superintendente estuvo acompañado por los superintendentes delegados para Energía y Gas Combustible, Orlando Velandia Sepúlveda; para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Carlos Betancourt Galeano; para Protección al Usuario y Gestión en Territorio, Ulver Triviño Hermida, y la directora de la Territorial Noroccidente con sede en Barranquilla, Rebeca Padilla Durán.

Previo al encuentro, personal de la territorial realizó una jornada presencial en el barrio Ciudadela 20 de Julio. Se atendieron 245 personas y se solucionaron las reclamaciones que 60 usuarios presentaron a los representantes de las empresas Air-e, Triple A y Gases del Caribe. Los diálogos “Servicios Públicos por la Vida” se realizarán en diferentes territorios del país, a lo largo de este año.

El llamado de la Superservicios al Consejo de Estado

Hace unos días, el Consejo de Estado anunció la decisión de suspender el decreto que le otorgó las funciones para asumir el control de los servicios públicos al presidente de la República, Gustavo Petro.

Este martes, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga Collazos, le pidió al tribunal reversar la decisión que suspendió el decreto.

“Le solicito al H. Consejo de Estado se sirva revocar en su integridad el auto de fecha 2 de marzo de 2023, mediante el cual se resolvió decretar una medida cautelar de urgencia, en el sentido de ordenar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023″, dice la carta.

Como prueba, adjuntó lo dicho por el magistrado ponente sobre que: “El despacho consideró que el acto administrativo acusado transgredió de manera manifiesta las normas invocadas por los accionantes en su libelo de demanda y en la solicitud cautelar, como quiera que la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada por el constituyente de manera directa y expresa a las comisiones de regulación de los servicios públicos CRA y Creg”.

El Consejo de Estado suspendió a comienzos de marzo el decreto que le otorgó al presidente Petro las funciones para asumir el control de los servicios públicos en el país. La norma, ahora suspendida, tenía la finalidad de que el presidente de la República asumiera la responsabilidad de regular los precios de los servicios públicos, una labor que no tenía un mandatario nacional desde 1994.

Con la decisión se buscaba regular los precios de los servicios públicos como un intento de rebajar las tarifas de, por ejemplo, el servicio de energía que en 2022 aumentó un 22,40 %. De esta manera, el mandatario pretendía no seguir delegando sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos.

No obstante, según la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios serán las encargadas de ejercer, de manera ordinaria, las funciones que se les fueron asignadas en las Leyes 142 y 143 de 1994.