SuperSociedades confirma millonaria sanción a Emilio Tapia, luego de resolver apelación del involucrado en escándalo de Centros Poblados

Emilio Tapia Aldana, conocido en Colombia como el ‘zar de la contratación’, tendrá que pagar la multa de 232.000.000 de pesos que le había impuesto la Superintendencia de Sociedades, por no haber revelado el registro mercantil que establecía su condición de controlante de la firma ICM Ingenieros, que se encuentra en liquidación judicial.

SuperSociedades intervino en el sonado caso, amparada en la ley que establece las reglas del régimen de sociedades, pero la participación de la entidad de control es parte de toda una historia relacionada con el escándalo de Centros Poblados, en el que se perdieron 70 mil millones de pesos que fueron entregados como anticipo, dentro del contrato suscrito para llevar internet a regiones apartadas del país.

La entidad de vigilancia resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos por Tapia, contra la decisión mencionada, y ahora, se confirma la sanción.

Billy Escobar Pérez, superintendente de sociedades, explicó que “la declaratoria de control, en este caso, resulta importante para que los interesados puedan utilizar los mecanismos judiciales para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006″.

La Superintendencia agregó que “el régimen de insolvencia empresarial, legitima a los acreedores de las sociedades en liquidación para iniciar las acciones judiciales que conllevan el levantamiento del velo corporativo en busca de la responsabilidad de los controlantes. Desde la Superintendencia de Sociedades seguiremos trabajando por garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a nuestro conocimiento”.

El proceso en la Superintendencia de Sociedades fue puesto en conocimiento público en febrero de 2023, cuando fue declararado a Emilio Tapia como controlante de ICM Ingenieros S.A.S. en Liquidación Judicial y de Omega Buildings Constructura S.A.S; y a Hugo Armando Canabal Hoyos, como controlante de Intec de la Costa S.A.S. en Liquidación Judicial.

Las tres organizaciones estaban relacionadas con Centros Poblados, caso que le costó el puesto a la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el manejo que tuvo la adjudicación del contrato que llevaría la conexión de internet a las escuelas rurales del país.