“Supersociedades tiene que darnos más tiempo”: gerente de Corabastos se pronuncia sobre ultimátum para aclarar estados financieros

Luego de la revelación de SEMANA en el sentido de que la Supersociedades le dio cinco días de plazo a la central de alimentos más grande del país, para que incluya la malla vial dentro de sus estados financieros, Javier Salcedo, el hombre que lleva las riendas de Corabastos, asegura que lo que realmente le está pidiendo el ente regulador en esa comunicación es otra solicitud, que ya resolvió para acatar la orden.

“Yo quiero aclarar que eso que llegó de la Super es un tema de cinco días para entregar unas actas de dos asambleas que ocurrieron el año inmediatamente anterior, eso es lo que nos están pidiendo y nos dieron cinco días”, asegura Salcedo, quien explica que “el transcribir el acta lleva un tiempo como tal, porque desafortunadamente son juntas de 16, 15, 14 horas y todo tiene que estar grabado a la letra. Entonces acá no podemos improvisar ni resumirles a ninguno de los accionistas”.

El centro de las diferencias entre el comercio organizado y las directivas de Corabastos radica en que los primeros sostienen que es necesario incluir el contrato de la malla vial dentro de los estados financieros porque creen que esa concesión a 30 años pone en serio riesgo la estabilidad financiera de la central, al punto de quedar al borde de una causal de disolución.

Los administradores opinan que ese escenario es poco probable, aunque reconocen que para poder calcular el impacto del contrato requieren hacer un trabajo de filigrana, con un grupo de expertos que midan cada variable de manera que puedan darle una respuesta de fondo a la Supersociedades. En ese sentido, según su gerente, los plazos que les ha dado el ente regulador no son suficientes.

“Ya hemos venido avanzando, le hemos dado las razones a la Superintendencia, pero queremos también que nos den un tiempo perentorio porque para incluir esta malla vial no es un tema de tres meses, Necesitamos un poco más de tiempo para hacer un trabajo concienzudo jurídica y financieramente”, sostiene Salcedo.

De hecho, admite que “el caso lo estamos estudiando todo para poder decirle a la Superintendencia que podemos llegar a tener un problema financiero con nuestra empresa por poner el tema vial dentro de nuestros Estados Financieros, por eso el riesgo tributario que podemos llegar a tener, el peligro, en menos de un año”.

Y considera que la Superintendencia debe acercar al proceso de análisis del contrato de la malla vial al operador que tiene a su cargo la concesión, la firma Covial, con la cual hay todavía pendiente los pagos de algunos recursos, “para que también se haga parte de toda esta discusión jurídica y financiera”.

El gerente de Corabastos dice que ha adelantado un proceso muy juicioso, en el que los socios oficiales de Corabastos, es decir, el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Cundinamarca, y la Alcaldía de Bogotá, han estado enterados al detalle y han mostrado su plena disposición para sacar el embrollo judicial adelante.

“Que nos den un plazo para hacerlo, porque este es un tema que en siete meses nos están exigiendo hacerlo ya, pero compréndame que también tengo que ser responsable con absolutamente todos los accionistas para que se sintieran tranquilos, que todo lo que estamos haciendo es con base en un estudio jurídico y financiero lo suficientemente profundo, para que no se pierda el norte de lo que debe ser Corabastos”, explica Salcedo.

Sin embargo, juristas consultados por SEMANA, aseguran que el ultimátum de la Supersociedades a Corabastos es claro, contundente y no tiene lugar a otra interpretación, en el sentido de que los cinco días de plazo no son para que conteste sobre un acta de una asamblea sino para que obedezca, de una vez por todas, la orden de incluir el polémico contrato dentro de los Estados Financieros para conocer su verdadero impacto.

De hecho, aseguran que, al no responder de fondo y en los términos que exige la Superintendencia, tanto el gerente como la junta directiva y quienes han sido requeridos podrían ser multados e incluso removidos de sus cargos, y que la actitud de las directivas de la central de abastos es abiertamente desafiante.

El gerente, Javier Salcedo, reconoce que el impacto del contrato de la malla vial existe y que, precisamente por eso, la empresa requiere más tiempo para poder construir la figura jurídica que le permita incluirlo en los Estados Financieros, porque, según sostiene, no hay un precedente de esas características en la legislación colombiana y hacerlo a la carrera sería una irresponsabilidad con los comerciantes y usuarios de la central. Asegura que el meollo del asunto no es si se incluye o no el contrato, sino buscar la forma correcta para hacerlo.

Los comerciantes sostienen que las directivas siguen dando largas a problemas que están totalmente evidenciados en documentos y que tanto el gerente como la Junta Directiva se están burlando de las órdenes de la Supersociedades, ya que saben de qué tamaño es el problema; de hecho, aseguran que en la presentación de Estados Financieros, el revisor fiscal dejó por escrito una salvedad referente al contrato que hoy tiene en vilo a la comunidad de Corabastos.

Insisten en que quienes manejan la central tienen miedo de que se sepa el manejo que le han dado al espinoso asunto.“Tienen un concepto de que nosotros los comerciantes somos unos burros cargados de plata, ese es el decir; pero no, nosotros nos hemos capacitado, hemos ido a otros países, hemos mirado cómo se maneja la seguridad alimentaria en el mundo”, asegura Rodrigo Aguilar, líder de un sector de comerciantes organizados.

Mientras el gerente y su equipo siguen trabajando a toda marcha para buscar la forma de incluir el contrato de la discordia dentro de los Estados Financieros, la Superintendencia de Sociedades no da su brazo a torcer, y en las últimas horas, por segunda ocasión, en menos de una semana, le exigió de nuevo por escrito a la central de alimentos que explique con detalle la trastienda de lo que ha pasado con ese proceso.

SEMANA tuvo acceso a un nuevo oficio en el que le da un plazo de 15 días para que le entregue las “comunicaciones cruzadas entre la administración de la sociedad y la revisoría fiscal relacionadas con el cumplimiento de la orden impartida mediante el oficio 301- 122579 del 16 de mayo de 2022 (Radicación 2022-01-434093), desde el 16 de mayo de 2022 hasta la fecha de su respuesta. 2. Comunicaciones cruzadas entre la administración de la sociedad y CONCESIONARIA COVIAL S.A. relacionadas con el cumplimiento de la orden impartida mediante el oficio 301-122579 del 16 de mayo de 2022 (Radicación 2022- 01-434093), desde el 16 de mayo de 2022 hasta la fecha de su respuesta. 3. Copia del libro de actas de junta directiva de la sociedad a partir de los folios que correspondan a las reuniones celebradas desde el 1º de mayo de 2022 hasta la fecha de su respuesta”.

Eso quiere decir, según los juristas consultados, que Corabastos deberá demostrarle documentalmente a la Supersociedades que, en efecto, sí ha adelantado gestiones para incluir el contrato de malla vial en los Estados Financieros, máxime cuando ya todos los plazos, prórrogas, apelaciones y recursos ya fueron resueltos y negados.

Tal como sucedió en la primera comunicación del ultimátum de cinco días, la Supersociedades le vuelve a recordar a la Administración de Corabastos que si no cumple la orden, sus directivos serán sometidos a multas e incluso a la remoción de sus cargos, sanciones que, según los expertos consultados, también podrían cobijar a la ministra de Agricultura, Cecilia López, al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues son ellos quienes nombraron a los delegados en la administración de la central de alimentos.

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