SuperSubsidio respondió a los hallazgos de la Contraloría sobre entrega de $10.000 millones a pensionados que no tenían derecho

Hace unos días, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República reveló que, en las vigencias 2021 y 2022, beneficiarios del subsidio de la Cuota Monetaria que no tenían derecho al mismo, al ser pensionados de Colpensiones, recibieron alrededor de $10.000 millones.

Entre los requisitos para recibir la Cuota Monetaria está que los familiares beneficiarios sean padres mayores de 60 años que no reciban pensión, salario ni otros ingresos.

Para determinar este resultado, la DIARI realizó un ejercicio de identificación de personas beneficiarias del programa Cuota Monetaria, que están recibiendo pensión de Colpensiones.

Se analizaron las vigencias 2021 y 2022 de las bases de datos de pensionados de Colpensiones y de Cuota Monetaria de la Superintendencia de Subsidio Familiar, relacionando la fecha de pago de Cuota Monetaria y fecha de pago de pensión, e información básica del afiliado.

Fue así como en la vigencia 2021, se identificaron 22.660 personas pensionadas que recibieron el beneficio de Cuota Monetaria, por un valor de $5.140 millones.

De igual forma, en la vigencia 2022, se identificaron 22.402 personas pensionadas que recibieron el beneficio de Cuota Monetaria, por un valor de $4.135 millones. Esta Alerta de la DIARI suma así cerca de $9.275 millones.

Al respecto, el superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, se pronunció, y aseguró que la SuperSubsidio ya ha tomado decisiones administrativas por esta razón como la intervención de la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja (Cafaba).

Del mismo modo, explicó que es función de la Superintendencia a su cargo preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar y que es responsabilidad de las cajas de compensación familiar verificar el lleno de los requisitos para liquidar y pagar el subsidio monetario.

Así mismo, dice, que para adelantar su labor de inspección, vigilancia y control sobre un aspecto puntual como es la cuota monetaria o subsidio en dinero, la Superintendencia, en sus visitas a las cajas, realiza el cruce de información con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

El funcionario aseguró que de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 21 de 1982 “Todo trabajador beneficiario tendrá la obligación de avisar a la respectiva Caja directamente o por conducto del empleador, los nacimientos o muertes de personas a cargo, el término de la convivencia, y cualquier otro hecho que determine modificaciones en la cuantía del subsidio, dentro del mes en que cualquiera de dichos eventos ocurra.”

Debido a esto, en ocasiones, las cajas pueden ser víctimas de fraude ya que, en la mayoría de los casos, no hay información de las novedades por parte de los trabajadores a las cajas de compensación en las que se encuentran afiliados.

El superintendente Pérez afirmó que “somos respetuosos del informe de la Contraloría y verificaremos los hallazgos de los pagos indebidos que informa este ente de control”.

Finalmente, el jefe de la SuperSubsidio se refirió a la propuesta de Fedecajas sobre que se expida una norma que obligue a las administradoras de pensiones a compartir las bases de datos de pensionados a las cajas de compensación familiar.

Aclaró que el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social (Decreto 780 de 2016, Artículo 3.1.9) autoriza al Ministerio de Salud y Protección Social a definir los cruces de información, tanto del Registro único de afiliados al sistema de protección social (Ruaf) como de éste con otras bases de datos, con el propósito de facilitar el control de la elusión y la evasión, la correcta afiliación al sistema y la focalización de programas sociales, por parte de las entidades competentes.